El Presidente de la República de nuevo en el ojo del huracán y criticado duramente por los opositores de que hizo falta gobierno y capacidad de mando para ordenar, con todas las capacidades tecnológicas, una evacuación de cientos de familias y proteger la infraestructura turística en el puerto de Acapulco al paso del huracán “Otis”. Hubo mucha negligencia desde el gobierno federal hasta los locales con la mandataria estatal Evelyn Salgado y la alcaldesa de ese puerto, Abelina López.
La tragedia en Acapulco, Guerrero, supera con mucho los destrozos que dejó “Norma” el fin de semana en Los Cabos, en Baja California, y en varios municipios de Sinaloa. “Otis” dejó 30 muertos y el 80 por ciento de la infraestructura turística dañada.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, ya pidió se declare “zonas de desastre” algunos municipios y habla de cientos de millones para la rehabilitación de caminos, carreteras y otro tipo de infraestructura, pero en Acapulco y otros municipios de Guerrero se trata de miles de millones de pesos.
De acuerdo a un comunicado Rocha Moya dio a conocer que un balance preliminar de daños a las vías de comunicación que provocó el paso de la tormenta tropical “Norma” por Sinaloa asciende a 200 millones de pesos, y por ello ya firmó este jueves la solicitud de Declaratoria de Desastre que se envió al Instituto Nacional de Protección Civil, a fin de obtener esos recursos necesarios para esas reparaciones y solucionar también otros daños en infraestructura urbana y rehabilitación de escuelas, principalmente.
“La primera estimación que tengo sobre carreteras es de 200 millones de pesos; vamos a empezar a trabajar porque no podemos tener las carreteras con hoyos, y vamos a esperar que nos apoye la Federación y si no, nosotros vamos a hacer frente a este tema”, aseguró el gobernador.
En Acapulco hace falta el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que desapareció el Presidente de la República al igual que otros cien fideicomisos para llevarse los recursos a sus obras faraónicas.
El Mandatario con ambigüedades aseguró ayer que ya se tienen los recursos para iniciar las tareas de reconstrucción y anunció que habrá una reunión de alto nivel entre representantes del gobierno y de la iniciativa para delinear un programa de acciones.
Por lo pronto, a propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso, la Comisión de Turismo aprobó por unanimidad, solicitar 10 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2024, para el rescate, la reconstrucción y el mantenimiento de zonas turísticas y la población afectada por los recientes fenómenos naturales “Otis” y “Norma”.
El integrante del grupo parlamentario del PRI precisó que los recursos se requieren para atender a la población que sufrió los estragos del huracán “Otis”. Se prevé que este fenómeno también tendrá consecuencias en Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.
En cuanto al huracán “Norma”, que pegó en la población de Todos Santos, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, registró remanentes en los estados de Nayarit, Sinaloa, Colima, Jalisco y Michoacán. El legislador priista indicó que con estos recursos se podrá atender a las personas damnificadas en zonas turísticas, debido a los estragos de las inundaciones y los deslaves.
“Mano Negra” Contra el PAS
Hasta en los comunicados de prensa del Congreso Sinaloense se ve la “mano negra” de los grupos parlamentarios de Morena, el PAN y el PRI, principalmente que van en “pandilla legislativa”, para no dejar pasar ninguna iniciativa del Partido Sinaloense.
Ayer se conoció la iniciativa leída por la diputada de Morena Cecilia Covarrubias, el diputado del Grupo Plural Adolfo Beltrán Corrales y los diputados de Morena Marco César Almaral y Marco Antonio Zazueta que proponen armonizar el código penal para el Estado de Sinaloa con las disposiciones federales.
Lo anterior con el propósito de legitimar y precisar la acción penal contra los delitos por hechos de corrupción en el servicio público, estableciendo penas de prisión hasta de catorce años y de inhabilitación hasta por veinte años.
La iniciativa contempla castigar el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibo indebido de remuneraciones, abuso de autoridad, intimidación, coalición, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia. Todo esto no es nuevo, son delitos que ya están en las leyes.
Pero y ahí está el pero cuando en “pandilla legislativa”, aunque en términos de la Cámara de Diputados se dice por mayoría del pleno del Congreso del Estado, se una acordó no tomar en consideración iniciativa del grupo parlamentario del PAS y la propuesta Angélica Díaz Quiñónez que pide reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y profundizar en erradicar el nepotismo.
El objetivo de la iniciativa era establecer que los servidores públicos se abstengan de nombrar, contratar, proponer o promover como servidores públicos al cónyuge, concubina o concubinario o con quienes tenga parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, colateral hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado o civil y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sean titulares, salvo cuando se trate de un derecho previamente adquirido, haya sido producto de exámenes de oposición o se encuentren certificados, y que cuenten con el perfil y requisitos técnicos o profesionales que establecen las leyes de la materia.
En la sesión de ayer jueves se programó la segunda lectura de esta iniciativa para próximos días, pero el diputado de Morena, César Ismael Guerrero, advirtió que la misma no podía ser considerada y turnarse a la comisión correspondiente para su estudio, ya que la ley que propone reformar se encuentra abrogada, así que fue desechada y eliminada de inmediato.
Juan Alfonso en su Encrucijada
El mazatleco y ex secretario de Educación Pública estatal, ex secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, ex integrante de la dirigencia nacional Mexicanos Primero, académico y politólogo, se encuentra entre la encrucijada de aceptar la precandidatura a la alcaldía porteña o de servir más al Frente Amplio por México en una diputación federal.
Mejía para ambos cargos de elección popular se siente con los arrestos de ganar, aunque primero tiene que pasar las aduanas de la elección interna entre los partidos aliados PAN, PRD, PRI y las simpatías de la sociedad civil por cualquiera de sus aspiraciones que decida y después ir a las urnas frente a candidatos que le van apostar todo a ganar, incluyendo las “chapuzas” del Presidente de la República para que las victorias sean para los morenos y seguir mangoneando al país.
Juan Alfonso es un hombre inteligente, valioso, esperamos que le vaya bien a donde vaya en política y en lo profesional.