Puerto Rico decidirá si debe convertirse en estado de Estados Unidos

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Puerto Rico celebrará un referéndum no vinculante en noviembre para decidir si la isla debe convertirse en un estado estadounidense, anunció el sábado la gobernadora Wanda Vázquez, en medio de una creciente desilusión de la gente con el actual estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

Por primera vez en la historia de la isla, la consulta hará una sola pregunta simple el día de las elecciones: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado?”.

Es una respuesta que requiere la aprobación del Congreso estadounidense y una pregunta que indigna a los partidarios de la independencia de la isla y a los miembros del principal Partido Popular Democrático (PPD, de oposición), que apoya la situación actual.

Sin embargo, es una apuesta que los miembros del partido de la gobernadora –a favor de la estadidad– están seguros de que rendirá frutos políticos, dado que Puerto Rico se ha topado con problemas para conseguir fondos federales con los cuales hacer frente a los huracanes Irma y María, una serie de terremotos y ahora la pandemia de coronavirus, en medio de quejas de que la isla no está recibiendo un trato justo e igualitario de Washington.

Los referéndums anteriores han presentado a los votantes más de una pregunta o varias opciones, incluida la independencia o la defensa del estado territorial actual, pero ninguna ha sido tan directa como la programada para las elecciones generales del 3 de noviembre. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales del país.

Y aunque la isla está exenta del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos, paga impuestos del Seguro Social, del programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los ancianos Medicare, y los gravámenes locales, pero recibe menos fondos federales que los estados del territorio continental de Estados Unidos.

Muchos creen que el estado de la isla como territorio ha contribuido a los problemas que ha tenido para recuperarse de huracanes y terremotos, además de empeorar su crisis económica, en gran parte causada por décadas de grandes préstamos y la eliminación de incentivos fiscales federales.

El Congreso de Estados Unidos tendría que aceptar los resultados del referéndum para que ocurra un cambio en el estatus de la isla. No realizó ninguna acción en los cinco referendos anteriores.

El último, realizado en 2017, se vio afectado por un boicot y una baja participación que generó dudas sobre la legitimidad de la consulta.

Más de medio millón de personas estuvieron a favor de la estadidad en ese referéndum, seguidos por casi 7.800 votos a favor de una asociación libre/ independencia y por más de 6,800 votos a favor de mantener el estatus territorial actual.

La participación de los electores fue de apenas el 23%. En los tres referendos previos al de 2017, no hubo una mayoría clara, y los votantes a veces se dividieron en partes casi iguales entre la estadidad y el estado actual de las cosas.

La estadidad otorgaría a Puerto Rico dos senadores y cinco representantes, pero es poco probable que un Congreso –controlado por los republicanos– reconozca el referendúm, porque la isla tiende a favorecer a los demócratas.

Roberto Prats, exsenador de Puerto Rico y miembro del PPD, dijo en una entrevista telefónica que el próximo referéndum será un ejercicio inútil, al igual que los cinco anteriores.

Dijo que Puerto Rico ha erosionado la confianza del gobierno federal luego de décadas de corrupción y mala gestión, y que cualquier consulta popular debe contar primero con el apoyo del Congreso de Estados Unidos.