MOVIMIENTO CAMPESINO CONVOCA A FORO PARA EL SÁBADO.

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–       Sobre Leyes, Normas y Reglamentos que permiten el despojo de los campesinos por obra pública.

–       Martín Heredia y José Luis Arias Pallares se comprometieron a asistir, señala Ernesto Pérez Virgen.

El Movimiento Campesino por la Justicia Agraria, mismo que nace de un proceso de lucha contra la SCT, convoca a un foro legislativo sobre las Leyes, Normas y Reglamentos que permiten el Despojo de los Campesinos por la obra Pública, informó Ernesto Pérez Virgen, asesor del movimiento.

Explicó que este foro es como respuesta a la serie de reclamos que campesinos de Sinaloa, Durango y Nayarit han hecho ante el poder Legislativo y otras instancias de gobierno para que se les haga justicia en cuanto al pago de tierras que han sido expropiadas, muchas veces de manera no clara.

Denunció que los diputados federales priistas de ninguna de estas tres entidades los recibieron; sin embargo, los legisladores Martín Heredia y José Luis Arias Pallares; panista y perredista, respectivamente; se comprometieron con ellos a participar en el foro a celebrarse el próximo sábado en las instalaciones del hotel Olas Altas.

Pérez Virgen informó que en este movimiento se encuentran grupos de campesinos afectados de las comunidades de Concordia, Mazatlán y Escuinapa, del estado de Sinaloa; de Pueblo Nuevo, Durango y de Acaponeta y Rosamorada, Nayarit.

Algunos afectados por carreteras y otros por torres de conducción de energía eléctrica.

“Las propuestas centrales son; una, que de existir hechos consumados y sumados se aplique lo que marca el artículo 94 de la Ley Agraria que ordena pagar antes de expropiar; y, dos, que se cumplan los acuerdos del 11 de octubre del año pasado con la SCT que el caso del valor de la tierra sea pactado de manera bilateral en el marco del reglamento para avaluos”.

Indicó que la autoridad siempre pretende que sea el Indabin o Instituto de Avalúo de Bienes Nacionales quien haga los avalúos, cuando además de esta instancia el reglamento comprende la facultad para hacerlo de alguna institución bancaria o un perito valuador.

Por último, recordó que en nuestro país existen más de dos mil comunidades que han sido afectadas por expropiaciones y no han sido pagadas, y esto se viene arrastrando desde el año de 1915.