LUSITANIA, LINDA DE VERDAD.

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Las drogas penetraron con intensamente en Portugal al terminar la dictadura. Llegaron de la mano de la libertad hasta crear una auténtica crisis social. “No había familia sin algún adicto”, recuerda João Goulão, director del Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias (SICAD). Los Gobiernos democráticos trataron de atajar el problema con mano dura: tolerancia cero con traficantes, y también con consumidores, a quienes les caía el peso del sistema penal si eran sorprendidos in fragranti; sin embargo, la situación no hacía sino empeorar: el consumo crecía al mismo ritmo que las enfermedades infecciosas y la saturación de las prisiones.

En estos meses se cumplirán 20 años desde que el país luso descriminalizó el consumo de estupefacientes, que por sus logros lo han convertido en referente mundial. Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación en la materia no era distinta de lo que había hecho España, por ejemplo. Pero lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades.

LOS RESULTADOS DE LA DESPENALIZACIÓN.

Los resultados no tardaron muchos años en llegar. Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa, a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad, ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón habitantes en 1999 a 4,2 en 2015 y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (APDES). El índice de infecciones por VIH ha caído en picada desde 2001, el año en que la ley entró en vigor. Desde entonces se ha pasado de los 1.016 casos registrados aquel año, a sólo 56 de 2012. Igualmente, las muertes por sobredosis han disminuido en un 80% desde 2001, lo que las ha situado en las solo 16 registradas en todo el país en 2012.

Una cifra que, si se la compara con las de Estados Unidos, da una buena medida de cual es el sistema que funciona. Y de cual no. Solo en 2014, 14.000 estadounidenses fallecieron como consecuencia de sobredosis autoinfligidas con medicamentos recetados, en su mayoría derivados opiáceos. En el año 2000, cuando Portugal decidió despenalizar las drogas muchos escépticos se convencieron de que el número de usuarios se dispararía. Nada más lejos de la realidad. Salvo algunas excepciones, entre las que habría que contemplar un débil aumento del consumo entre adolescentes, el consumo de drogas ha bajado muchísimo durante los últimos 15 años. Y a día de hoy sigue menguando a la misma velocidad que la tendencia europea.

PERO NO BASTÓ LA DESPENALIZACIÓN…

José Queiroz,el director del Ministerio de salud, define esta política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la confianza y una excelente relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como en la información, la atención médica y los servicios a los adictos. Se cambiado la acción policial con los adictos: ya no se les arresta. No estamos aún al 100% adaptados, pero la diferencia es enorme: existe una nueva mirada hacia los usuarios de drogas, el policía ha pasado a ayudarles.

Desde que Portugal dio el giro en sus políticas, el consenso ha mantenido la ley y ningún Gobierno hacen casi 20 años, ni de derechas ni de izquierdas, ha tenido la tentación de revertirla. Pero según cuenta Queiroz, sí que se han visto recortes de fondos, como en la época de la crisis, que dan al traste con todos estos esfuerzos. “No es necesario cambiar la legislación, basta con dejar de invertir para que el sistema deje de funcionar como debiera”, relata. Pone el ejemplo de España, que con una legislación similar en todo el país tiene comunidades que son incluso “mucho más avanzadas que Portugal”, sobre todo en el País Vasco y Cataluña. Y otras donde apenas hay atención a los drogodependientes. “Todo depende de la voluntad política”, resalta Queiroz.
PERO NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS.

Sin embargo, los defensores de este modelo en Portugal, basado en la reducción de daños, critican cierta parálisis desde entonces. Se ha retrasado el establecimiento de lugares de inyección supervisados y de instalaciones de consumo de drogas como los existentes en España, la naxalona (para el tratamiento de sobredosis) es de difícil acceso, y aún no se ha puesto en marcha un programa de intercambio de agujas en las prisiones, uno de los lugares donde, coincide el Dr. Villalbi, aún persiste la problemática.

No esta aún claro si es el sistema de salud quien otorga o vende las drogas a la consumidores portugueses, al parecer es un sistema ambiguo, donde participan ilegalmente los vendedores de estupefacientes y legalmente y legalmente el sistema de salud, y más aún de vuelve ambiguo en la frontera de Portugal con España, circunstancia que plantea un problema para los lusitanos. No obstante, de los muertos por intoxicación es dos terceras partes de los que mueren en enfrentamientos con la policía por el comercio ilegal de estupefacientes.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS.

En la 26ª conferencia sobre reducción de daños de Harm Reduction International (HRI) en Oporto, Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue desgranando en su discurso datos que refuerzan su tesis antiprohibicionistas:
A) Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015, según la Organización Mundial de la Salud. “Las políticas represivas han impedido abordar algunos de los factores sociales que agravan la vulnerabilidad de un individuo ante el consumo y sus resultados nocivos”, ha asegurado.

B) Más del 80% de las personas que se inyectan drogas viven con hepatitis C o han tenido una infección, y padecen un riesgo 23 veces mayor de contraer el VIH. Aunque la incidencia mundial del virus del sida disminuyó en un 25% entre 2010 y 2017, entre las personas que se inyectan drogas y sus parejas está aumentando. “A pesar de esto, las intervenciones efectivas de reducción de daños, que podrían prevenir su propagación, carecen o están gravemente insuficientes en muchos países”.