LA PROPUESTA HACENDARIA DEL PRI/PAN/PEÑA SU SENTIDO Y SUS DEBILIDADES.

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Afirma Rolando Cordera Campos, simpatizante de López Obrador, que de  la reforma fiscal: “Hay mucho de qué hablar frente a una propuesta que se presume parte de una gran reforma social redistributiva, dirigida a proteger a los más débiles y vulnerables, a través de diferentes medidas, algunas de ellas promisorias como la del seguro de desempleo o el inicio de una pensión en verdad universal.”. (La Jornada, 15/09713)

En efecto hay mucho que discutir, especialmente cómo podrán hacerse posibles aquellos propósitos, además de asistir al sistema de salud que está colapsado, invertir en infraestructura y, por si fuera poco, reducir los impuestos que aporta PEMEX, que oscilan en un promedio del 40% de los impuestos  que recauda el Sistema de Administración  Tributaria (SAT). Hagamos un recorrido que parece a aquel saludo de “adiós mis cien palomas”;  a lo que una de ellas señala: “No somos cien. Somos…”      

II

El preguntarse por el sentido y el alcance de la reforma hacendaria es un buen principio en materia fiscal para México, sobre todo después de tantas y tantas frustrantes intentonas. Poner por delante objetivos sociales para articular los arreglos fiscales, dejar atrás la necedad del déficit cero, puede ser trascendente porque compromete al Gobierno y el Congreso con unos propósitos que suelen perderse en el maremágnum presupuestal e impositivo y así darle otro sentido al Estado y a su gasto, así como a las contribuciones de los ciudadanos.

Concretar este propósito una tarea central de los legisladores y de la Auditoría Superior de la Federación, que tendrán que actualizar sus modos de operación y comunicación. Los diputados tienen en este aspecto una deuda con la ciudadanía que deberían saldar cuanto antes. Más allá de sus pancartas y gritos y sombrerazos, lo que requerimos es información oportuna y de calidad sobre las implicaciones de impuestos y gastos, sobre quiénes pagan y quiénes no lo hacen, o lo hacen por debajo de lo establecido, y un largo etcétera. Una labor fundamental que los parlamentarios han soslayado, a pesar de tener los instrumentos para hacerlo. (Paráfrasis de un párrafo del articulista de la Jornada) 

III

Vayamos a los impuestos que pretende recaudar la reforma,  porque al parecer no cuadran los propósitos y los “insumos” para hacerlos posibles. Peña Nieto presentó su propuesta de reforma hacendaria muy menor en sus efectos, según algunos analistas. Si se aprueba como está, el año próximo sólo aumentará la recaudación en 240 mil millones de pesos, es decir, apenas 5.6% del total de los ingresos presupuestados -casi 4 billones 480 mil millones de pesos- en la Ley de Ingresos para 2014. Esos 240 mil millones de pesos adicionales representan apenas 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según afirmación del propio Peña Nieto. El faltante deberá cubrirse con más deuda. En efecto, para el próximo año el paquete económico propone un déficit público de 1.5% del PIB, y para este año –contraviniendo lo aprobado por el Congreso en diciembre de 2012– el gobierno incurrirá en un déficit de 0.4% del producto.

Cierto, la reforma hacendaria para lograr esa cifra, más lo que se consiga con el abandonando “neoliberal” déficit cero,  se propone “reventar” los  regímenes de  consolidación fiscal y el pequeños contribuyentes y gravar los activos de la bolsa de valores y otra naderías y, una vez despejado el camino se propone, para lograr sus objetivos, gravar de manera similar a los mediados, grandes y gigantes contribuyentes con un porcentaje del 32%. Tal vez si el proyecto de reforma  si se hubiera incluido el IVA en medicinas y alimentos, hubiera  podido proponer una tasa menor gravado para los pequeños y medianos empresarios que son, proporcionalmente, los que mayor número de empleos generan.

IV

Visto de conjunto, si bien la reforma va en la es la dirección correcta pero sus pasos serán muy cortos. Basta ver los datos que proporciona Videgaray, el secretario de Hacienda: “El gasto público de México equivale al 19.5 por ciento del PIB, mientras que en el resto de América Latina alcanza en promedio 27.1 por ciento y en los países de la OCDE es de 46.5 por ciento. Partiendo de esta base elevar la recaudación en un 1.4 por ciento nos sigue dejando con un sector público muy pequeño, económicamente débil y a fin de cuentas incapaz de liderar la recuperación económica que necesitamos y cumplir con sus responsabilidades sociales y económicas.

Ya en otra columna en este portal se afirmaba que se requería el 9% del PIB, casi billón y medio de pesos,  para empezar a entramar un sistema de seguridad social de mediana calidad, todavía a una enorme distancia de los que poseen países de la OCDE y de no pocos países de América Latina. Cierto, es poco pero creo que vamos en la dirección correcta, habrá que acelerar el paso exigiendo a los poderes públicos la mejora del sistema de bienestar en nuestro país, y sólo con recursos económicos, sino con una mayor eficiencia y transparencia. Quizá sea mucho pedir, pero si trata de pedir, pidamos lo imposible, como lo dijo el Che.