EN LA GRILLA

0
42
1172764_508630175879603_1739257850_o.jpg

*Higuera se resiste a iniciar la entrega-recepción

*Semar a Capitanías de puerto, un viejo proyecto

*Jorge Abel acusa a elementos de PGR y Profepa

FRANCISCO CHIQUETE

Alejandro Higuera prendió la bitachera ayer en Culiacán, declarando que no ha iniciado el proceso de entrega-recepción de la administración municipal porque no tiene tiempo, porque tiene que recoger basura y no va a parar de encender las lámparas todos los días y de dar agua, para luego recordar una vez más que la ley establece el primero de diciembre como fecha límite para empezar con ese proceso.

Higuera en efecto, es sumamente celoso con el manejo del poder, aunque sólo sea en los espacios formales. Seguramente sabe que ya desde este momento su sucesor, Carlos Felton, está haciendo compromisos con representantes de los sectores, que está trabajando esquemas de operación en los que ya ha involucrado a organismos y a asociaciones e incluso a personas, por más que siga sin dar color sobre quiénes integrarán su gabinete y en qué áreas específicas.

En una de las reuniones con sus colaboradores de primer nivel advirtió que mantendrá el poder hasta las doce de la noche, cumpliendo estrictamente con el periodo para el que fue electo (en efecto, cuando tomó posesión, en cada una de las ocasiones, acudió a la Sala de Cabildos en el primer minuto del primero de enero correspondiente, para realizar la primera sesión de cabildos, lo que de su parte constituye por supuesto una cosa normal, aunque no lo vieran así sus colaboradores cercanos y los regidores, unos y otros obligados por la autoridad o por la ley, a estar presentes.

Para este relevo Higuera planeaba una ceremonia de entrega que se rozara la medianoche para dejar en claro quién es el que manda durante todo ese día, como está establecido legalmente por cierto, pero como se trata de un acto protocolario en cuya organización influyen muchos elementos externos, ha cedido a la posibilidad de que el evento se lleve a cabo en el transcurso de la mañana, de manera que el gobernador Mario López< Valdez puesa estar presente en él y en los que se llevarán a cabo en las principales cabeceras municipales de la entidad.

Por otra parte las expresiones de Higuera parecen cerrarse ante las aspiraciones de Carlos Felton para que se le dé acceso temprano a las estructuras del municipio, con esas declaraciones explosivas que vuelven a situar las cosas en tono de enfrentamiento o por lo menos de desencuentro.

La verdad sin embargo es que los colaboradores más cercanos de Higuera han recibido instrucciones de que atiendan todos los asuntos que vengan de parte del alcalde electo, como había y hay que atender ipso facto lo que promueva Martín Heredia, así sea a través de terceros. La instrucción más precisa fue acerca de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del ayuntamiento para el próximo año, en que se incluirá todo aquello que propongan Felton y sus colaboradores, sin regateos y sin estorbos. Al menos esa fue la instrucción inicial.

El caso es que Higuera de cualquier forma sabe cuándo llamar la atención, cuándo ponerse la cara de duro, de caprichoso y hasta de inaccesible, porque ello le da espacios en los medios, y si es a nivel estatal mucho mejor, pues la siguiente etapa de su carrera política tendría que ser en ese ámbito, en que ya se ha hablado de un puesto de carácter administrativo, quizá de menor nivel del que todo mundo piensa que debiera ser, pero que garantice la continuidad en una palestra que le dé beligerancia, beligerancia política y partidista.

LA EXPERIENCIA DE

LÁZARO CÁRDENAS

Aunque lo parezca, no vamos a hablar de la reforma energética ni de los hechos históricos realizados por el gran expresidente mexicano durante y después de la expropiación petrolera.

Se trata de la medida tomada ayer en Michoacán, donde la Secretaría de Marina, a través de elementos suyos, tomó el control total del puerto de Lázaro Cárdenas, el tercero más importante del país, para evitar que sea utilizado por el narcotráfico, como se presume que ha ocurrido hasta estas fechas.

Las medidas incluyen la designación de un Capitán de Puerto que viene de la Marina, y eso suena lógico, pues los cárteles de la droga han usado la vía marítima durante mucho tiempo para hacer llegar su mercancía infame hasta territorio estadunidense.

Pero además es elemento de la Armada de México el director de la Administración Portuaria Integral, lo que suena extraño debido a que normalmente estos puestos administrativos tienen poco qué ver con la operación de las flotas de tráficos ilegales, pero a partir de lo que se ha visto en Michoacán, ya nada parece fuera de orden. Aunque no ha habido noticias oficiales en ese sentido, la decisión de sustituir al director de API con un miembro de la Armada es indicativo de que ocurrieron cosas gravísimas, o de que se tienen sospechas en ese sentido.

Lo de la Capitanía de Puerto no es nuevo.

El primero de junio de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó en Mazatlán las celebraciones del día de la Marina, y ahí formó como testigo de honor un convenio entre la SCT y la propia Semar, para que ésta tuviese ingerencia y hasta manejo de las Capitanías, que opera la SCT y estaban muy cuestionadas precisamente por el problema del narcotráfico.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el convenio era en este sentido:

“De esta manera, el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas inició los eventos al presenciar de manera honoraria la firma del Convenio de Colaboración entre las Secretarías de Marina y Comunicaciones y Transportes, mismo que tiene el propósito de dotar a las Capitanías de Puerto con una efectiva capacidad operativa para mejorar su eficiencia e incrementar sus acciones de vigilancia, supervisión e inspección en el cumplimiento del Orden Jurídico Nacional, que les corresponde ejercer como Autoridad Marítima y Portuaria.

“Otro de los objetivos primordiales del referido acuerdo es la creación de una nueva base de datos del Registro Público Marítimo Nacional, que tiene la finalidad de recibir, sistematizar e integrar un mejor control y registro de las embarcaciones y artefactos navales que operan o realizan actividades en las zonas marinas mexicanas. Se incluye además intercambio de personal de ambas dependencias, capacitación del mismo, intercambio de información y planeamiento de nuevas estrategias para reforzar el combate a la delincuencia organizada”.

Sin embargo, la resistencia de la parte de la SCT terminó por frenar el proyecto y las cosas siguieron igual, si bien la Marina ganó cada vez más espacios en materia de vigilancia y supervisión, al punto que durante la segunda parte del gobierno calderonista, fue uno de los instrumentos favoritos para asestar golpes fuertes al crimen organizado.

Hoy de algún modo esto se vuelve a plantear e incluso a ejecutar, aunque sólo sea en un caso, el de Lázaro Cárdenas. Pero si el modelo es exitoso y los puertos siguen siendo problemáticos, no dude usted que la medida se va a extender.

COMPROMISO MILITAR

CON LOS SINALOENSES

El Congreso del Estado vivió ayer uno de sus momentos de formalidad política más intensos, al develarse en su muro de honor la leyenda Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013. Acudió el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ante el gobernador Mario López Valdez ofreció que los sinaloenses no están ni estarán solos ante el problema del narcotráfico.

Además de la plana mayor del Ejército Mexicano, del gobierno de Sinaloa y los integrantes del Congreso, estuvieron todos los alcaldes en funciones, los alcaldes electos y los diputados electos. Todos los que tienen una representación política fueron invitados, lo mismo que muchos de los que tienen representaciones sociales.

Sinaloa es el estado número catorce que toma esta decisión y lleva a su muro de honor el recordatorio de este primer centenario. No es, por supuesto, que hayamos sido morosos o resistentes como estado a este reconocimiento, sino que se fue dando una especie de programación de acuerdo con la agenda pública del secretario y de los propios Congresos.

Esta leyenda está acompañada ahí de los principales héroes y personajes reconocidos por su labor en Sinaloa, pero también por muchos elementos de los Ejércitos que a lo largo de la historia de este país han defendido el territorio mexicano o han participado en las revoluciones y demás movimientos armados, de modo que la presencia del Ejército en ese muro no es del todo novedosa, aunque sí lo es que aparezca como una unidad integral.

DENUNCIA DE

JORGE ABEL

Mire usted lo que son las cosas: cuando dejó la presidencia municipal de Mazatlán, hace casi tres años, Jorge Abel López Sánchez fue señalado de diversas cosas y amenazado o advertido con la promoción de denuncias penales formales o de lo que pudiese resultar de la revisión de su desempeño, sobre el cual se hizo inclusive una auditoría externa pagada por la actual administración, sin que se supiese de resultado alguno.

Por el contrario, a unas cuantas semanas de su llegada a la delegación de Semarnat en Sinaloa, es el propio Jorge Abel quien hace denuncias, y muy serias, aunque no contra sus contrincantes políticos, sino contra elementos del mismo gobierno federal para el que presta sus servicios.

Se trata de elementos de la Profepa y de la Procuraduría General de la República que intentaron extorsionar, los primeros, a una empresa fraccionadora a la que exigieron 200 mil pesos para que no pasaran a mayores supuestas alteraciones al entorno ecológico, y extorsionaron, los segundos, a tres albañiles a quienes incluso llevaron a las oficinas de la PGR para advertirles que se iban a quedar varios años encarcelados por afectar a la naturaleza durante la obra que realizaban en la Isla de la Piedra. Y les sacaron veintiséis mil pesos, una infamia, una felonía absolutas.

Dice el delegado de Semarnat que la delegación de la PGR y la de la Procuraduría de Protección al Ambiente tienen ya conocimiento de estos hechos y que procederán en consecuencia. Más vale que lo hagan, pues todas estas acciones son conocidas por la sociedad. Ex vox populi esa forma de actuar de los malos servidores públicos, aunque hasta ahora no se había presentado ninguna denuncia formal ni concreta.