EN LA GRILLA

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*Dudas sobre el aseguramiento de vehículos

*Nuevas fallas de la Procuraduría de Justicia

*Les preocupa la imagen, no las acusaciones

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

En 1993, el director de Vialidad y Transportes del gobierno del estado, Fernando Díaz de la Vega, presumía que la Ley de Tránsito recién promulgada era de primer mundo. Incluía hasta la obligación de contar con un seguro que al menos cubriese los daños a terceros. El problema se le replicaba, es que siendo esa una ley de primer mundo, resulta irreal, porque estamos en el tercero.

Durante lustros, la ley durmió el sueño de los justos porque su aplicación podía generar una movilización social con propietarios de vehículos inconformes por la carga financiera que implicaba comprarse un seguro. Aunque hubo esbozos para crear seguros grupales que abarataran el precio, no se pudo concretar nada. La gente no estaba dispuesta.

La aplicación de esta medida es buena, indudablemente. Muchas veces quien tiene la mala suerte de provocar un accidente vial, queda encarcelado por no contar con recursos para cubrir su responsabilidad, y hay quienes han perdido sus patrimonios más preciados, como son las viviendas.

Dice el director de Vialidad, Domingo Ramírez, que hay compañías que ofrecen seguros de hasta quinientos pesos anuales, un cobro que para mucha gente es accesible, aunque hay quienes argumentan “no traigo para la gasolina, menos para el seguro”. El problema es que muchas veces el seguro barato no ofrece la cobertura suficiente para responder por los daños ocasionados, o trae letras chiquitas en que se establecen condiciones tales, que terminan por no pagar nada.

El propio funcionario reconoce que la oficina a su cargo ha tenido que vetar a algunas empresas aseguradoras a causa de esos incumplimientos, que rayan en verdaderos fraudes. Se han vivido experiencias negativas con los seguros de viajero, que son obligatorios para los concesionarios del transporte público y que supervisa la misma dependencia.

Todo está muy bien, excepto que la repentina decisión de poner en vigor a obigatoriedad del seguro a partir del primero de octubre próximo, ha hecho pensar en que alguien “descubrió” que ahí podría estar un filón de dinero, un buen negocio cristalizable en asociación con las compañías aseguradoras, ya sea de manera general, o en particular, si se puede beneficiar orientando la demanda del servicio a determinadas marcas.

Domingo Ramírez lo niega de inmediato. Anoche en Guardianes de la Noche dijo que en su dependencia nunca se han hecho esos negocios, y como prueba puso el servicio de los laboratorios de análisis clínicos contratados para hacer los antidoping a choferes del transporte. Sólo exigimos determinados requisitos, y quienes los cumplen se quedan con el contrato, dijo con seráfica voz. Si es que a los serafines se les puede atribuir el don de la palabra (después del escándalo de las placas inteligentes, se necesita una intervención celestial para tomar esas expresiones con seriedad y otorgarles credibilidad).

Pero sospechosismos aparte ¿qué va a hacer Vialidad y Transportes con el tremendo hueco que le significará a esa ley, la existencia de miles de vehículos ilegales? El propio Mingo Ramírez admite que las empresas aseguradoras no trabajan con ese tipo de unidades, no las aseguran. De por sí, el hecho de que circulen ya es una violación a la ley: usted puede traer placas recién vencidas, o de periodos anteriores cuyos datos están al alcance de las autoridades, y ser multado con todo el rigor y los agravantes posibles, pero un auto chueco simplemente pasa por enfrente de los tránsitos sin el menor problema, aprovechándose de un estado de excepción generado por la importación ilegal masiva.

Puede usted ir a tratar de emplacar un vehículo legal (nacional o extranjero) y ser retenido por un supuesto reporte de robo que muchas veces es inexistente, pero se esgrime para sacarle dinero a la gente, mientras por las calles circulan cientos de vehículos robados de este o del otro lado de la frontera, sin que alguien se preocupe por someterlos al orden.

Lo bueno es que Mingo Ramírez es un hombre de muchos recursos intelectuales para cumplir con su trabajo, y pidió no preocuparse, alguna solución le vamos a encontrar al asunto; ya el lunes, adelantó, nos vamos a reunir con el doctor (Marcial) Liparoli para analizar las cosas. Ah bueno: con un especialista así, todos los automovilistas podemos estar tranquilos.

¿QUÉ SIGUE PASANDO EN LA

PROCURADURÍA DE JUSTICIA?

Cuando un tribunal federal decidió liberar a la francesa Florence Casez porque la policía no cumplió con el debido proceso, muchos mexicanos nos indignamos. Era obvio que la señora había tenido participación en los secuestros que se le atribuían, y nos resultaba indignante que fuese dejada en libertad por lo que hasta entonces se consideraba un tecnicismo

Debimos asumir entonces que el debido proceso es importante. Los tratados internacionales suscritos por México lo vuelven imprescindible para la validez de un juicio. Y aquella “reconstrucción de hechos” armada para las cámaras de televisión, y presentadas como acciones en tiempo real, eran una violación al debido proceso, incluyendo la retención por un día más antes de hacer la consignación.

Florence Casez se fue diciéndose inocente y respaldada por un país que con todo y sus aportaciones a la humanidad, incurrió en la soberbia de no aceptar la justicia de un país tercermundista.

Como compensación por el mal trago, quisimos creer que las policías mexicanas aprenderían la lección y tendrían el cuidado de ya no incurrir en violaciones al debido proceso, pero no.

Ayer se confirmó oficialmente que dos detenidos por el secuestro y asesinato del empresario rosarense  Óscar Valdez, fueron puestos en libertad porque un magistrado encontró que los inculpados fueron retenidos más allá del tiempo debido, antes de ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.

A diferencia de la Casez, estos dos estaban confesos de su participación en el crimen. La única explicación posible para este liberación es la ineficacia de los elementos de la Procuraduría General de Justicia. Campechanamente, el subprocurador general, Martin Robles Armenta, dice haber enviado una circular a todas las áreas de la procuraduría para que no retengan excesivamente a los detenidos y que va a investigar qué pasó en este caso.

Por lo pronto se le fueron dos presuntos delincuentes, pero no son los únicos casos. Por desgracia la Procuraduría ha sido absolutamente ineficaz en su labor.

Con frecuencia, tanto el gobernador como los demás funcionarios aluden a la drástica baja de delitos, especialmente de crímenes dolosos ocurridos en la entidad durante los últimos años. Sin embargo, cada vez que le preguntamos al Procurador Marco Antonio Higuera Gómez cuál es el número de asesinatos resueltos, esclarecidos y con los responsables detenidos, prefiere evadir el tema, habla con generalizaciones y deja la pregunta sin resolver.

La verdad es que en nada ha ayudado la Procuraduría a conseguir esa baja en el nivel de criminalidad; no ha reducido las tazas de impunidad y por lo tanto, los logros obtenidos pueden ser relativos o pasajeros.

Por supuesto que no es un caso aislado. Hace mucho que Sinaloa no tiene un procurador efectivo, de resultados, que dé a la institución una presencia y una fuerza basadas en la capacidad, pero Higuera Gómez parece empeñado en llevarse todas las palmas en ese triste renglón. Es más: el procurador está convertido en una especie de trapo para la limpieza de otros funcionarios. Si usted le pregunta al Auditor Superior del Estado por qué no se ha procedido contra funcionaros corruptos, le responderá que ya ha presentado casos ante la Procuraduría, pero que éstos no avanzan; si le pregunta lo mismo al jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, también le contestará que tiene varias denuncias puestas en la Procuraduría, pero que no le ha tocado ver resultados.

Eso sí: cuando usted indaga sobre las evaluaciones a la Procuraduría, se encuentra con un montón de avances, pero sólo en asuntos burocráticos que no significan nada para la procuración de justicia.

LES INDIGNAN LOS GRITOS, LOS

SOMBRERAZOS Y LA IMAGEN

Por mera, absoluta e insospechable coincidencia (no porque se hubiesen puesto de acuerdo), el alcalde Carlos Felton González y el presidente de la Canaco Mazatlán, Oscar Tirado Bernal, manifestaron su preocupación por la mala imagen que le dejan a Mazatlán incidentes como la discusión a gritos entre el regidor Humberto Becerra y el director de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado.

Vi a un regidor soez, exasperado, dijo el alcalde, quien consideró que esa actitud no le da buena imagen a la administración.

Por su parte el dirigente de la Canaco sostiene que los reclamos a gritos no dejan una buena imagen para Mazatlán, como tampoco la dejan acciones como el envío de una carta al Papa reclamando el asunto de las lámparas led. Ya salió hasta en la columna Templo Mayor, lamentó el joven dirigente, quien insiste en que  se trata de una mala imagen para Mazatlán

Seguramente tienen razón. No es una buena actitud que un regidor reclame a gritos en el pasillo del palacio municipal por una medida administrativa que afecta a sus negocios. El edil bien pudo haberse sentado a mostrar los documentos que según sus palabras, el funcionario no quiso atender antes de levantarle un acta por falta de aplicación de la Ley de Protección Civil en las instalaciones de una empresa de Becerra.

Lo que no dice el presidente de la Canaco es que en efecto, la columna Templo Mayor, del periódico Reforma, se la cotorrea con la carta al Papa, pero que el fondo del comentario es la preocupación de los mazatlecos porque el proyecto de alumbrado público con lámparas led termine por ser un fraude o un negocio de los funcionarios. El hecho de que haya motivos o situaciones que den pie a esa sospecha, divulgada nacional e internacionalmente, sí debe ser causa de vergüenza y preocupación por el deterioro e la imagen de la ciudad.