EN LA GRILLA

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*Investigarán a policías bajo sospecha de tortura

*Chuytoño iría en la polla, si lo pide la CNDH

*Todos los exregidores están bajo denuncia penal

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

No cabe duda que son tiempos nuevos. El gobernador Mario López Valdez anuncia que se aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca de la tortura a la que habría sido sometida la acusada Yesenia Armenta. Se investigará a los elementos que estén involucrados, dijo, incluyendo, si es el caso, al director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, el famoso Chuytoño.

Son tiempos nuevos. Cuando se produjo el lamentable caso en que elementos de la Ministerial dispararon arteramente contra una madre de familia y sus hijos y amigos deportistas, el mandatario hacía una valoración distinta: Ojalá, pidió en aquella ocasión, me en la oportunidad de manejar esta situación de la mejor manera posible para evitar que decaiga el ánimo que hay entre las corporaciones. Era que apenas empezaba a imponerse el orden en las policías, luego de la larga pesadilla de los años 2009, 2010 y 2011.

Aunque los responsables de aquella acción fueron sometidos a proceso, no hubo un castigo especialmente fuerte e incluso hubo quejas posteriores por la falta de respuesta a las necesidades que presentaba la víctima principal después de haber perdido la movilidad a causa de los disparos recibidos.

Hoy se trata de un mandato de índole nacional. Está a la vista de las actuaciones judiciales, que la señora Armenta tuvo responsabilidad plena en el asesinato de su marido, Alfredo Cuen Ojeda. Sin embargo, la CNDH encontró indicios que dan razón a sus quejas de que fue torturada, incluso mediante torturas de carácter sexual.

Hay quienes interpretan que la acusada pudiera salir libre por el desvanecimiento de las pruebas a la luz de que habrían sido obtenidas a base de tortura.

Aunque quejas de ese tipo han sido argumentadas con frecuencia para atacar soluciones de la Procuraduría de Justicia a casos importantes, no se había conseguido un aval como el que se alcanza en esta oportunidad con la recomendación de la CNDH, que en principio recibió evasivas, y que ahora ha sido aceptada por completo.

Por supuesto que el gobernador López Valdez no da por hecho que la investigación por venir termine con sanciones a los señalados, pero al menos ya se acepta que incluso puede ser incluido el propio director de la ministerial. Chuytoño, hay que recordarlo, ha sido elemento primordial para las tareas de justicia emprendidas por el gobierno de Mario López Valdez.

Por desgracia parece que la policía sinaloense no asimiló la lección del debido proceso, que se puso tan en boga con el asunto de la francesa Florence Cassez. Varios de los casos resueltos exitosamente por la Ministerial y presentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido combatidos con ese argumento, al que ponen de la mano con el de la tortura.

A CONVENCER A TODOS

SOBRE LOS HOSPITALES

Como era previsible, el gobernador adelanta su esperanza de que los foros del Congreso sirvan para convencer a los diputados, y también a los demás, de que los proyectos de los hospitales deben ser aprobados porque resuelven un problema grave de la salud en Sinaloa. Es su aspiración.

Sin embargo, advierte que si a pesar de todo, no quita la mugre que le ha caído a los proyectos, la idea de que se trata de un gran fraude.

“Queremos socializar que es un proyecto útil, necesario para Sinaloa y que es un proyecto que se ha construido con la viabilidad y la honestidad que deben de construirse los primeros proyectos y que tengo un especial interés que así sea”, dijo, para luego advertir: “Si llegase a darse el fenómeno de que fuera aprobado por el Congreso, pero se insiste en que ahí hay un gran fraude para el Estado, un gran riesgo para las finanzas y un gran problema para la salud de Sinaloa, el primero que desearía no hacerlo, incluso tomaría una decisión que está dentro del terreno que no se haga, sería yo”.

Aquí el próximo punto de conflicto es el tiempo. Los que están enterados consideran que el Congreso esperará a que pase la elección e junio para luego tomar la decisión. La consideración de los empresarios que ganaron la obra del hospital mazatleco consideran que ese plazo es demasiado tardío, que en tal caso ya sería necesario renegociar los términos del contrato y caray, como dicen en mi barrio de infancia, ese, el del dinero, es el pleito, “dijo el cucho”.

TODOS ESTÁN EN EL AJO Y ANTE

LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA

El Auditor Superior del Estado Antonio Vega Gaxiola no excluye a nada: en el reparto de bonos de Mazatlán estuvieron todos los regidores con todo y síndico procurador, quienes en conjunto se llevaron dos millones 430 mil pesos, que deberán devolver si es que no quieren pasar por el problema de enfrentar un proceso penal.

En principio los beneficiarios habían dicho que se trataba de un ahorro que hicieron a lo largo del año, y que finalmente les regresaron (algún regidor, muy en su papel, llegó a despotricar contra el alcalde porque “se estaba haciendo” para no devolverles el ahorro), pero Vega Gaxiola desmiente esa coartada. Revisamos la contabilidad y en ningún lado está el asiento de esas retenciones, ni encontramos ninguna otra cosa que justifique semejante erogación, indicó.

La historia del bono es mucho más simple y vulgar que eso. Durante semanas se ejecutó una estrategia de presión contra el entonces alcalde Alejandro Higuera Osuna, quien no sólo rechazaba el posible pago de un bono, sino que denunció la campaña de los ediles. Entre ellos mismos se despepitó todo: era la edil perredista Carmen Mendiola quien organizaba las acciones de presión, pero los que se encaraban con el alcalde eran una regidora panista a quien no identificaron, y un priísta, Sergio Romero. Este fue por cierto quien dio públicamente la explicación del ahorro que ahora desmiente el Auditor Superior del Estado.

Vega Gaxiola reconoce que no sólo incurrieron en irregularidades los que recibieron el dinero, sino también aquellos que tomaron la decisión de entregar los bonos, en estos casos, los alcaldes de siete municipios: Ahome, Choix, Salvador Alvarado, Badiraguato, Mazatlán, Concordia y Escuinapa.

El problema es que la ASE sólo puede entrar a las áreas donde se trate de exigencias resarcitorias, es decir, hacer que regresen el dinero. El otro, el de los alcaldes generosos, es un asunto administrativo cuya sanción debería ser promovida por los síndicos procuradores, que son los que tienen la responsabilidad legal de sancionar prácticas indebidas como esa.

En entrevista con Guardianes de la Noche, Vega Gaxiola no se hace ilusiones y establece que los síndicos procuradores tienen elementos legales espléndidos para proceder, pero admite que se necesita dar un cambio, hacer algo que los lleve a aprovechar esas facultades.

En general indica que falta orden y control en las administraciones municipales, y que son precisamente los síndicos procuradores los que tendrían que ejercer esos controles.

Adelanta que van a estar muy pendientes, desde la ASE, en revertir la tendencia ya ubicada en las cuentas públicas del primer semestre del 2014: ubicamos muchos adeudos sin fuente de pago, algo que de acuerdo con la ley, no puede ocurrir en los ayuntamientos. Confirma que la misma situación se da con la cuenta pública del gobierno del estado, pero que habrá que esperar a ver qué pasa con el segundo semestre.