EN LA GRILLA

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*Bonos: un año después, hay denuncias penales

*Empiezan con regidores de Mazatlán y Ahome

*Tanto escándalo por cinco millones de pesos

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

Catorce meses necesitó la Auditoría Superior para dar el primer paso ante la asignación de bonos ilegales para regidores y funcionarios de las administraciones municipales anteriores. Ayer se presentaron ante el procurador General de Justicia del Estado las denuncias contra treinta y seis personas de Ahome y Mazatlán.

En plena crisis nacional de corrupción e impunidad, los bonos y autoliquidaciones podrían der un buen comienzo para una sociedad agraviada e indignada, aunque la lentitud con que se ha procedido es capaz de matar la confianza del más optimista de los sinaloenses.

Como quiera, es la primera vez que se da un paso en ese sentido. Por muchos años se otorgaron liquidaciones y autoliquidaciones que no están consideradas ni en los presupuestos ni en las disposiciones laborales, sin que alguien pagase las consecuencias legales y hoy la Auditoría Superior del Estado cumple con un anuncio que parecía una quimera, aunque en varios municipios hubo ex alcaldes y ex regidores que sí acudieron a hacer las devoluciones correspondientes.

Todo empezó en enero del 2014, cuando la Auditoría Superior del Estado dio a conocer los resultados de sus revisiones a las administraciones previas. En las cuentas públicas de diciembre del 2013 había una constante: la entrega de recursos extraordinarios a regidores, síndicos procuradores, alcaldes en algunos casos, y hasta funcionarios públicos.

Todo un año duró el proceso, que primero fue encargado a los ayuntamientos en funciones: el síndico procurador de cada lugar donde se presentó el fenómeno –siete ayuntamientos documentados- tenía que enviar a los beneficiarios del cobro irregular, una carta exigiendo la devolución del dinero.

La primera consecuencia real y concreta de resonancias políticas ocurrió en Los Mochis, donde la sociedad linchó simbólicamente al exalcalde Zenen Xochihua Enciso, quien presionado por el evidente riesgo en que había colocado a su carrera política, fue a la tesorería municipal y regresó los 260 mil 980 pesos que se había asignado a sí mismo. Exhibido, pero soberbio, dijo haber ido a entregar un donativo al DIF, porque él de ninguna manera iba a aceptar que hizo algo malo, y la devolución implicaba aceptarlo.

De todos modos el orgullo le duró poco. Meses después el tema se volvió a calentar y entonces fue al tercer piso del palacio de gobierno y consiguió que el ayuntamiento y la ASE reconocieran la devolución con todas sus letras, sin el disfraz del donativo. Evento por demás raro, si consideramos que el municipio es una estructura independiente y autónoma respecto del estado, y que la ASE depende del Poder Legislativo y no el ejecutivo. El caso es que exoneraron a Zenen.

Antes, Abraham Josué Ibarra García –ex regidor priísta- fue y devolvió el dinero con manita de cochi: el actual alcalde lo nombró subdirector de Desarrollo Social, pero le mandó advertir que si no devolvía el bono, se podía olvidar de la chamba. Su compañero Francisco Jesús Ibarra Velázquez, también regidor del anterior ayuntamiento, fue por su cuenta al estallar el escándalo y regresó el dinero explicando que se informó con su contador, y el pago resultó indebido.

En septiembre del año pasado, los regidores priístas de Salvador Alvarado anunciaron que regresarían los 25 mil pesos recibidos por cada uno de ellos. Por el contrario, el ex regidor panista de ese mismo trienio, Gerardo Baca Isaías, proponía que todos integrasen un frente de defensa legal del bono recibido. Sus compañeros blanquiazules, que eran de la fracción mayoritaria, sí lo apoyaron.

¿HASTA EL AMPARO?

¡HASTA LA IGNOMINIA!

A mediados de octubre anterior, el síndico procurador de Escuinapa, Andrés Rodríguez Hernández, dio a conocer que la respuesta del ex alcalde panista Juan Manuel Lerma Cruz fue ampararse para no regresar los 130 mil pesos que se asignó como bono de marcha. También la ex regidora priísta Gladys Toledo dio a conocer un recursos similar para no devolver sus 54 mil pesos.

En cambio los priístas Sergio Barrón Gutiérrez, Víctor Osuna Lizárraga y Juan Francisco Narcio Limón, regresaron los centavos. Los dos primeros tuvieron motivos muy poderosos: Barrón es el actual tesorero municipal y Osuna Lizárraga se convirtió, al triunfo de su partido, en oficial mayor.

Al final, el actual tesorero que regresó su bono recibido como regidor priísta, le recibió al ex alcalde panista el dinero exigido. Lerma Cruz acudió a mediados de enero de este año a hacer la entrega de sus 135 mil pesotes, lo mismo hicieron quienes fueran su síndica procuradora María Osuna y regidora panista, Raquel Ramírez Domínguez. Entre ambos reunieron 60 mil pesos.

Como ya hemos informado, en Mazatlán los regidores aseveraron que no fue bono, sino una caja de ahorro que el alcalde les regresó en el último momento. Primero se dijo que no fue a todos, sólo a unos cuantos ediles allegados y a otros priístas que fueron buenos colaboradores, lo mismo que a elementos de la Policía Municipal, incluido el entonces director.

El mismo Higuera, aunque no se asignó bono, defendió la medida diciendo que había jurisprudencia por casos de otros estados a los que se reconoció el derecho e manejar libremente sus recursos. En todo caso siempre estará por ahí la posibilidad del amparo, asentó a sus cercanos.

¿QUÉ SON CINCO

MILLONCITOS?

El municipio más generoso con sus regidores fue Ahome, que repartió tres millones ochocientos mil pesos. Ahora sólo faltan por regresar un millón 37 mil pesos, que es el monto por el que se demanda a quienes resulten responsables en el anterior cabildo ahomense.

En Mazatlán son dos millones 439 mil pesos los que andan volando, y en la polla van el síndico procurador y los 18 regidores.

El segundo paquete de denuncias, que deberá interponerse la semana próxima, considera a Escuinapa, Concordia, Salvador Alvarado, Badiraguato, y Choix. En el caso de Concordia sólo se cuentan los 440 mil pesos entregados a los regidores y el síndico procurador, pero los bonos alcanzaron un total de un millón 194 mil pesos, pues incluye a los principales colaboradores del entonces alcalde José Eligio Medina, quien prefirió quedarse al margen, pero fue especialmente generoso con su director de Obras Públicas, que obtuvo el bono mayor, con 50 mil pesos.

Eligio por cierto suena como posible candidato suplente a diputado federal por el sexto distrito, por supuesto, con Germán Escobar Manjarrez como cabeza de la fórmula que todavía no se confirma, pero muchos dan por cocinada.

Entre los siete municipios pillados se repartió un total de cinco millones 196 mil pesos, que indignaron incluso al gobernador Mario López Valdez, pues estos regalos salieron de una partida de doscientos millones de pesos que él mismo fue a gestionar ante la Secretaría de Hacienda, para que los ayuntamientos salieran de sus apuros más elementales, y en lugar de ello, los alcaldes se premiaron a sí mismos o a sus colaboradores y regidores.