EN LA GRILLA

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*Política en las butacas del estadio tomatero

*Van por 76 que recibieron el bono irregular

*¿Y los que lo dieron generosamente qué?

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

Dicen los dirigentes nacionales del PRI que el 2015 es primero que el 2016. El descubrimiento no revolucionó las leyes de la aritmética, ni mucho menos puso freno entre quienes aspiran a ser postulados a la gubernatura sinaloense el año próximo, como se acaba de ver nada menos que en la serie final del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, en Culiacán.

Dicen las crónicas que el sábado estuvo en los palcos más cercanos al terreno de juego el excandidato Jesús Vizcarra Calderón, quien recibió una gran cantidad de saludos. Dicen que fue un verdadero desfile de personas comunes y corrientes que lo reconocían y se acercaban a tener contacto con el personaje.

Ya se sabe por supuesto que Vizcarra ha jurado y perjurado que no va a ser candidato, que no repetirá la experiencia del 12010, cuando intentó ser gobernador, pero el hecho de que se haya presentado al estadio es muy significativo, sobre todo porque en su momento, siendo todavía alcalde de Culiacán, aseveró que no tenía intereses ni como aficionado en el béisbol ni en el futbol. Ningún equipo lo apasionaba y prefería permanecer en su casa, con su familia, dijo en plática con un buen número de reporteros. Un año antes de la gran decisión, resulta que le cambió el gusto por los espectáculos deportivos.

No fue el único. En la columna tercer piso narran la entrega de kits de camisetas y cachuchas con el logotipo de Gerardo Vargas Landeros, con la única condición de hacer fotos grupales de los beneficiarios. Es de suponerse quelas camisetas y cachuchas no tengan ninguna leyenda comprometedora, que la calentura no tiene por qué poner en riesgo la estrategia.

Y como la divulgación de las camisetas y cachuchas no trajo efecto negativo alguno, ayer en las redes sociales Vargas Landeros aprovechó una foto que le cae como anillo al dedo, y que por supuesto no fue casual ni inocente: en un palco del agónico estadio Ángel Flores, aparecen el gobernador Mario López Valdez, el exgobernador Juan Sigfrido Millán Lizárraga, su hijo Juan Ernesto Millán Piestch y el propio Gerardo Vargas, quien posteó la foto en su muro de Facebook con esta leyenda: “Hoy se cierra una página importante en el estadio Ángel Flores de Culiacán y esperemos sea con un campeonato! Aquí estamos apoyando a los Tomateros con nuestro Gobernador MALOVA MARIO LOPEZ VALDEZ, el Exgobernador Juan Millán y Juan Ernesto.‪#‎Al100conCuliacan”.

Todos están sumamente sonrientes, dispuestos a disfrutar de un partido que resultaría histórico porque el Ángel Flores no vería otro en las actuales condiciones. El gobierno de Malova logró sacar adelante su proyecto de sembrar un nuevo parque de béisbol en el mismo sitio, pese a las muchas oposiciones que generó la medida.

Evidentemente Juan Sigfrido y Juan Ernesto sabían perfectamente que la foto no era para el álbum familiar, pero también saben que la política es así.

QUE AHORA SÍ VAN POR

LOS QUE SE DIERON BONO

Die el auditor Superior del Estado, Antonio Vega Gaxiola, que la semana próxima se procederá legalmente contra más de setenta exfuncionarios, exregidores y exalcaldes que recibieron bonos a su salida de las anteriores administraciones municipales. Se trata de un proceso iniciado hace ya varios meses, pero que hasta el momento no ha tenido resultado concreto alguno.

Son setenta y seis casos, ya descontados los pocos que se decidieron a regresar el dinero que irregularmente se habían llevado. El más destacado por supuesto es el del exalcalde de Ahome, Zenen Xochihua Enciso, el primero al que se pilló con los dedos tras la puerta y a quien la presión social lo obligó a regresar el dinero, aunque la soberbia le hizo acudir al palacio municipal de Los Mochis a entregar un supuesto donativo al DIF, por la cantidad de 260 mil pesos, justo la cantidad que se autoasignó como bono de salida.

Aunque un donativo voluntario no tiene por qué hacer las veces de una devolución formal del dinero tomado irregularmente, hubo un acuerdo político en las alturas del tercer piso que instruyó para que se lo hicieran válido. Hoy, cuando Zenen se tomó la vía libre y enfrenta al propio tercer piso con la decisión de competir –ventajosamente además- por la diputación del segundo distrito. Seguro que debe haber más de un arrepentido de esa generosidad no correspondida.

Pero hay otros que siguen en el alambre. La persecución judicial, adelanta Vega Gaxiola, comprende a exfuncionarios de siete municipios: Ahome, Choix, Salvador Alvarado, Badiraguato, Mazatlán, Concordia y Escuinapa..

Hasta el momento las declaraciones se enfocan a aquellos que recibieron un dinero que no oles correspondía, pero hay casos en que los alcaldes determinaron el pago pero no se incluyeron. ¿No es tan delictuoso entregar dinero irregularmente como recibirlo? Ahí están los casos de José Eligio Medina Ríos, el priísta que gobernó Concordia y repartió 40 mil pesos a cada exregidor y hasta 50 mil a algunos de sus colaboradores; y Alejandro Higuera, el panista mazatleco que entregó a algunos de sus regidores, incluyendo a varios priístas, lo que despertó la indignación de su actual dirigente municipal blanquiazul.

El propio Higuera decía que no había delito qué perseguir. Que los ayuntamientos tienen autonomía financiera para determinar a qué destinan las partidas, a condición de que los ingresos estén sustentados por la Ley de Hacienda Municipal. Citaba además un caso parecido en que la Corte había fallado a favor de los beneficiarios, en otro estado del país, probablemente Coahuila.

En el caso de Mazatlán algunos de los regidores beneficiados empezaron explicando que a ellos no les habían entregado ningún bono, sino que les habían pagado un ahorro que fueron haciendo a lo largo de los tres años de la administración. Ahora que se revivió el asunto, sin embargo, uno de ellos dijo con toda la tranquilidad del mundo: “¡pues yo ya me lo gasté!”

Ahora bien: exalcaldes, exregidores, exsíndicos procuradores, exfuncionarios, todos pueden estar tranquilos y sin necesidad de tramitar amparos, como plantearon algunos de Ahome que se han sentido perseguidos políticos. El auditor Superior del Estado anunció que atendiendo a las disposiciones legales, acudirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer las denuncias correspondientes. La intervención de la Procuraduría debe ser un gran aliento para los presuntos inculpados. Seguramente no va a pasar nada.