EN LA GRILLA

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La sociedad reclama y el gobierno responde. Parece ser el binomio perfecto, el resultado de un camino que no tiene más salidas o que no debiera tenerlas.

Pero en el caso de los hospitales las cosas no son exactamente así.

Como en pocos casos, la exigencia social de transparencia ha crecido y escalado, al punto de que ya n o se habla de explicaciones suficientes, sino de suspensión de los proyectos hospitalarios, demanda a la que se han sumado organizaciones como el PRD, que ya llegó a las manifestaciones callejeras.

La respuesta del gobernador es importante: suspender el proceso legislativo que parecía encaminado a una aprobación inminente, plural, cuya lectura a simple vista podría haber sido que no había pasado nada, que la aprobación fue la consecuencia natural de un proceso así, normalito normalito.

No me siento cómodo con las dudas que hay en la sociedad, dijo López Valdez, en respuesta a una inquietud social planteada con dureza, pero siempre dentro de los cauces institucionales, lejos de la expresión contundente de Andrés Manuel López Obrador, quien literalmente dijo que se trata de “un vil robo”, y que no fue muy lejos por la respuesta: “los burros no conocen de freno”. En el más alto nivel semántico e ideológico de uno y otro lados, indudablemente.

Pero el hecho es que el gobernador pidió un plazo para socializar el proyecto, para transparentar los conceptos y convencer a quienes tienen dudas de que no hay irregularidades.

El problema es que el lado de quienes protestan lo que se plantea ya es el rechazo a la ampliación de las garantías y como señalábamos antes, hasta la suspensión de los contratos para la construcción de los hospitales.

Como vemos, las posiciones no pueden ser más encontradas y no se ve que de una parte o de otra haya disposición para atender la propuesta contraria.

Además no hay plazo para la respuesta definitiva, Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, dijo que definitivamente no será en el actual periodo ordinario de sesiones, que termina oficialmente el día 31. Eso ampliaría el plazo hasta junio próximo, cuando los diputados regresan a las sesiones de pleno, pero por supuesto, siempre hay la posibilidad de periodos extraordinarios.

La pregunta es si habrá algún plazo que dé posibilidades reales de alcanzar acuerdos, cuando al gobierno le parece imprescindible no sólo la construcción de los hospitales –lo que nadie niega- sino también el uso de la figura legal de la Asociación Público-Privada, con los mecanismos económicos que ahora están a discusión.

OTRA BATALLA CONTRA LAS

OBRAS DE CURSO UNILATERAL

Desde hace algunas semanas, un grupo de ciudadanos que trabaja en la Unidad Deportiva Benito Juárez, lucha contra las disposiciones que vienen aparejadas con la construcción de una alberca olímpica en la ciudad.

En tiempos de crisis parece impensable que un deporte que no es masivo, reciba inversiones importantes, sobre todo cuando se trata de especificaciones cercanas al alto rendimiento, como la alberca mencionada, pero finalmente se tienen los recursos, la disposición y por supuesto, la satisfacción de quienes practican un deporte difícil de practicar por falta de un escenario adecuado.

Pero resulta que el proceso de licitación fue cuestionado, primero porque benefició a quien había luchado porque su gremio fuese tomado en cuenta con la asignación de obras municipales, y luego porque no hay un proyecto que reúna las especificaciones necesarias para que se le dé el reconocimiento oficial de la autoridad deportiva correspondiente.

Hay en él fallas tan garrafales, como la orientación de la alberca, que no puede ser construida como se le dé la gana al encargado de la obra o al encargado de la administración deportiva. Tiene que respetar cierta orientación cardinal. Los reglamentos dicen que la alberca debe quedar ubicada de norte a sur, y no de oriente a poniente, como aquí se pretende hacer.

Si no se pusieron a estudiar un asunto tan elemental, tampoco hicieron con otros, dicen los inconformes, y narran; el catálogo de adquisiciones que presenta el constructor incluye calderas para calentar el agua de la alberca a una temperatura adecuada, cuando en todos lados se usan ya los paneles solares y no las viejas calderas (nomás faltaba que estuvieran pensando en una de las que se alimentaban con diésel), fallas a las que se suman imprecisiones como la pretendida adquisición de “un lote de aparatos de aire acondicionado”. ¿A cuánto equivale un lote: a dos, a diez, a veinte? Eso no sirve para establecer un presupuesto de costos que deba ser respetado.

Al final el alcalde Carlos Felton escuchó las críticas y anunció que se busca ya un terreno adecuado para la construcción de una alberca que vaya de norte a sur. Hay dos opciones, indicó. Pero resulta que personal del municipio, más específicamente personal de la Dirección de Desarrollo Económico, y no del Instituto Municipal del Deporte, anduvo ayer midiendo espacios libres en la misma Unidad Deportiva Benito Juárez, y echaba trazos sobre campos deporticos ya construidos o proyectados. Si las improvisaciones son inadecuadas, ésta lo es todavía más, pues como parte de las obras que acompañan a la alberca viene un estacionamiento contiguo, que por supuesto, va a competir por terrenos con los campos deportivos que se tienen proyectados, cuando el propio alcalde inauguró el año pasado un estacionamiento con cien cajones.

Evidentemente se trata de construir a como dé lugar. Seguramente es encomiable el interés por no dejar ir recursos que ya están asignados y etiquetados, pero tan criminal como dejar que se pierdan, en improvisar sin cumplir especificaciones, con duplicación de conceptos y el consecuente desperdicio de recursos.

Urge que los gobiernos atiendan efectivamente las críticas de los especialistas y las exigencias de la sociedad. La transparencia no puede ser sólo un asunto de discursos y de modas, sino una realidad que sirva para que las cosas se hagan adecuadamente.

PATADAS POR ENCIMA DE LA MESA

Y DESORIENTACIÓN DEL FISCAL

La lucha por las candidaturas siempre trae aparejados enfrentamientos, a veces abiertos, a veces soterrados. En el caso del PRI, el tercer distrito ha sido escenario de una lucha sin máscara, en que los adversarios le dan con todo al que consideran el enemigo a vencer, que en este caso es el precandidato oficial, Evelio Plata.

Fue el propio alcalde en funciones, Miguel Enrique calderón Quevedo, lanzó al aire la piedra de un asunto grave: desaparecieron de la tesorería, durante el trienio anterior, once millones de pesos que estaban destinados a la construcción de un nuevo palacio municipal. Y el trienio anterior fue encabezado por el hoy precandidato, Evelio Plata Inzunza.

Por supuesto, el escándalo no se hizo esperar. A Plata se le vino el mundo encima por la declaración de su sucesor, que para hacer más extraño el asunto, es de su mismo partido político, aunque evidentemente no simpatiza con su posible candidatura.

Tuvo que ser el tercer piso el que saliera a defender al hoy precandidato, aclarando que el dinero faltante se desvió a reparar las emergencias causadas por el huracán Manuel, en sustitución de recursos que el estado no había podido aportar en su momento, pero que el propio gobierno estatal había hecho ya la reposición, de modo que no había nada qué perseguir.

Si la explicación satisfizo o aquietó al alcalde Calderón Quevedo, en cambio alertó a los opositores políticos, quienes tienen ahí un elemento para manejar durante la campaña y hacer crecer el sospechosismo, que siempre es fácil de alimentar.

Pero la intervención del jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni, no tiene desperdicio. Ayer declaró que la dependencia a su cargo va a investigar el posible desvío de recursos en que se suponía había incurrido Plata Inzunza.

Nosotros tenemos el expediente y se está revisando, dijo Yamuni, de acuerdo con el portal Cafenegro, de Carlos Rosas.

O el jefe de la unidad de transparencia no se enteró de que el gobierno sinaloense se echó la responsabilidad del desvío, y por tanto anda atrasado de noticias, o e tan buen fiscal, que no le creyó a la Secretaría de Administración y Finanzas que ya había repuesto el dinero y va a ver dónde quedó la bolita.