EN LA GRILLA

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*Versiones distintas sobre policías corridos

*Suspensiones de clases y albergues listos

*Diego Valadés: acusación truculenta y fallida

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

En el afán de no dar pistas sobre las áreas que quedarían desguarnecidas con el despido de elementos policíacos a lo largo de la entidad, tanto gobierno del estado como los ayuntamientos han limitado la información sobre el número de despedidos y las corporaciones o regiones que tienen mayores afectaciones.

Se entiende como estrategia. Mal haría el gobierno en general, gritando a los cuatro vientos que el municipio fulano o el zutano han quedado con una parte mínima de su personal de vigilancia, que de por sí era insuficiente, mal preparado y en buena medida, infiltrado por los grupos ilegales, sobre todo los de la delincuencia organizada.

El problema sin embargo es que no han establecido una versión conjunta, no se han puesto de acuerdo para echar la mentira, dirían en el rancho. Unos dicen una osa y otros hablan de situaciones diferentes que a la hora de la hora muestran las costuras de la coartada y la hacen inviable.

Ayer la secretaria del ayuntamiento de Mazatlán, María del Rosario Torres Noriega, dijo que los agentes despedidos serían muy pocos, gracias a diversas medidas que permitieron salvar a muchos. No habrá grandes afectaciones, es la conclusión general a la que llega.

Pero un día antes el gobernador Mario López Valdez había reclamado, como lo comentamos aquí, que siendo Mazatlán una de las policías más entronas, que mejores resultados había generado al hacer que se desplomaran los índices de delitos de alto impacto, es una de las que presenta mayores índices de reprobación.

También el secretario de seguridad pública en el estado, Genaro García Castro, dijo que en Mochis no habría bronca gracias a que el presidente municipal se movió rápido, y presentó ya cien candidaturas para cadetes del Instituto de Ciencias Penales, con los que se avanzaría rápido en la sustitución de quienes debieran irse.

Sólo que apenas una semana antes, el propio Arturo Duarte nos había comentado durante una entrevista radiofónica que no tenía una salida alternativa para enfrentar una decisión de no prorrogar la salida de los que reprobaron sus exámenes de control y confianza. No hay candidatos, dijo, no estamos trabajando en eso y creemos que se va a conseguir la prórroga.

Lo que no han podido evitar es establecer que los reprobados se van, incluso por encima de sus deseos de protegerlos como reconocimiento a la labor desarrollada durante estos cuatro años. Habrá quienes sean reubicados a los puestos de vigilancia en que no deban portar armas, y que además no se les pague con recursos provenientes del Subsemun o de algún otro que la federación envíe para reforzar los programas de seguridad.

La bronca a final de cuentas es de dinero. Tanto el estado como los municipios están buscando tiempo para prorratear las indemnizaciones de manera que no les pese sobre sus gastos operativos, especialmente eso, el gasto corriente, porque ha habido alcaldes que se muestran dispuestos a sacrificar incluso obras por iniciar para disponer del dinero que están obligados a soltar. Como siempre, en cualquier gobierno y en cualquier tiempo de la burocracia, la lucha es para proteger a toda costa a su majestad, el gasto corriente.

Pero volviendo al impacto de la información: ¿Alguien puede creer que en comunidades como Concordia, Rosario, Escuinapa, San Ignacio, Elota, Cosalá, Badiraguato, Angostura, Mocorito, Sinaloa, Choix, El Fuerte, la gente de la calle no sepa quiénes se fueron de la policía, incluso quiénes salieron por incapacidad física y quiénes por sospecha de tratos y relaciones con el narco? Estos son datos que no se dan, pero contra lo que piensan las autoridades, en la calle todo se sabe.

Por lo pronto bien harían las autoridades en ponerse de acuerdo, dar una versión conjunta y sentar certidumbres sobre la seguridad. Al fin y al cabo lo que más se espera de las estructuras gubernamentales es que sepan echar mentiras.

OTROS CON VERSIONES

QUE SE PATEAN ENTRE SÍ

Con motivo de la tormenta Vance, las autoridades escolares suspendieron clases en cinco municipios: Culiacán, Navolato, Elota, San Ignacio y Cosalá.

Puede ser que al final la medida no resulte necesaria, pero siempre se justificará la acción preventiva y siempre será a juicio de quienes trabajen en el análisis del posible impacto del fenómeno meteorológico, aunque luego haya protestas de padres de familia y de especialistas. A toro pasado siempre será fácil tomar la mejor decisión.

Pero cuando ya toda la gente estaba informada que la suspensión era sólo para los cinco municipios mencionados, el Consejo de Protección Civil de Mazatlán decide por si mismo que también aquí será necesario hacer la suspensión de labores, de modo que los padres de familia que se fueron a la cama con la idea de que había que llevar a los niños a clases, despertarán con la sorpresa de que hay que buscar quién se los cuide, porque siempre no abrirán las escuelas.

Las últimas suspensiones de clases han sido innecesarias. Al menos en dos ocasiones las condiciones meteorológicas cambiaron drásticamente de la noche a la mañana, pero la orden ya estaba dada y por supuesto, nadie se mete a criticar que se tomen medidas preventivas, mucho menos cuando se trata de la seguridad de los niños.

Al cierre de la jornada, Protección Civil de Mazatlán tenía una visión pesimista, pues si bien Vance iría a impactarse en los alrededores de Culiacán, el resto del estado seguiría registrando lluvias importantes, de manera que estaban previstas inundaciones en colonias muy bajas, y por ello preparaban los albergues más grandes, como el del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán y el de la Escuela de Contabilidad y Administración de la UAS.

No es descabellado pensar en inundaciones: hasta anoche iban ya 36 horas ininterrumpidas de lluvias, que aunque de baja intensidad, amenazaban con aumentar su caudal conforme se acerca la tormenta al territorio sinaloense.

EL PRI SE PONE

TRANSPARENTE

El único antecedente de transparencia en el PRI, es aquel viejo experimento de 1977, cuando el entonces dirigente nacional de ese partido, Carlos Sansores Pérez, creó la “democracia transparente”, que sometía a votación de militantes la elección de candidatos en elecciones locales.

El asunto se puso en práctica en Mazatlán, cuando resultó candidato don Raúl Ledón Márquez, ganador a la postre de la elección. Hubo varios precandidatos, pero eso no fue lo importante. LO fuerte fue el precandidato que no apareció en la papeleta: Telésforo Michel Soto, vetado por los organismos privados de Mazatlán ante el gobierno federal.

El experimento de Sansores Pérez terminó cuando el dirigente nacional de la CTM, Fidel Velázquez, dio su opinión: “¿democracia transparente? De tan transparente ni la veo”.

Pero el término de transparencia es diferente hoy: se trata del acceso a la información priísta sobre el uso de los recursos públicos que se le asignan de acuerdo con las leyes.

La dirigente estatal firmó un convenio con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de modo que las cuentas tricolores estarán accesibles al público en general a través del sistema Infomex.

Cuando la gente empezó a tener acceso a la información del gobierno, las preguntas más frecuentes eran ¿cuánto gana fulano funcionario? Ya ahora las cosas han avanzado y la gente no dejó e satisfacer sus curiosidades y a veces hasta el morbo o el coraje por los excesos de los hombres públicos, pero ahora también pregunta cosas sustanciales y descubre irregularidades que antes quedaban ocultas.

Vamos a ver en el caso del PRI qué le interesa saber a la gente. Primero hay que ver si le interesa saber de las situaciones internas del PRI.

UNA ACUSACIÓN DISPARATADA

Durante los últimos años, Ernesto Villanueva se hizo famoso por su manejo del concepto sobre acceso a la información pública del estado. Hubo gobernadores como el de Sinaloa, Juan Sigfrido Millán Lizárraga, que le contrataron los servicios para crear leyes estatales. La de Sinaloa fue la primera en aparecer, bañada de grandes elogios por su contenido, decían, aunque poco después le empezaron a encontrar fallas e inconsistencias que terminaron por colocarla en rangos muy bajos de reconocimiento.

Al margen de la efectividad, se empezó a hablar de lo costoso de sus servicios y los del grupo que encabezaba.

En las últimas semanas ha aparecido en los medios debido a que fue objeto de un ataque a balazos, del que responsabilizó al doctor Diego Valadés, a quien incluso acusó de estar vinculado a un cártel sinaloense, acusación que toma como base para decir que el conocido académico envió a sicarios a eliminarlo.

No murió, dice, gracias a que su camioneta es blindada.

Aunque el primer impacto era obvio, su señalamiento contra Valadés se perdió en la oscuridad. La imagen, figura y trayectoria del constitucionalista sinaloense está muy por encima de truculencias de esa naturaleza.