EN LA GRILLA

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*A los camioneros se les apareció el diablo

*Mingo Ramírez fue el eslabón más débil

*Bancas que nacieron solas en la vía pública

 

EN LA GRILLA

 

A los camioneros se les apareció el diablo. El mismísimo rostro de Malova con las cejas enarcadas que marcan sus momentos de indignación, así mismamente fue como se les presentó el anuncio de que se convocaría a postores para concesionar el servicio de transporte urbano con aire acondicionado.

Aunque desde el principio esperaban una reacción, los camioneros culiches pensaron que el gobierno les saldría con una multa, de esas que luego pueden ir a negociar para que finalmente queden en nada, pero nunca un desplazamiento que los deje fuera del negocio que ellos mismos han insistido en que resulta incosteable.

El movimiento iba en escalada, aunque los más duros eran los concesionarios de Culiacán, quienes presionaban a los demás (Miguel Luna Ley jura que no era cosa suya) para que el lunes a más tardar hubiese un paro general en todo el estado, reclamando no sólo cincuenta centavos más para las unidades con aire acondicionado, sino otro tanto adicional para los de segunda clase.

Los camioneros de Mazatlán se habían conformado con terminar el año así, en la expectativa de que para diciembre habría una nueva revisión y se les otorgarían los otros cincuenta centavos con motivo de los ajustes “naturales” de cada inicio de año, pero la presión era fuerte y parecían haber cedido ya a la manifestación del próximo lunes.

Enterados de eso, en el gobierno del estado determinaron que las cosas ameritaban una respuesta de su nivel. La primera reacción fue muy débil. Mingo Ramírez, el director de Vialidad y Transportes, se conformó con que los señores transportistas no se atreviesen a cobrar la tarifa de primera clase, porque al no ofrecer el servicio con aire acondicionado, no cumplen con los requisitos.

El propio Mingo se preguntaba al aire, en Fórmula Noticias Sinaloa “¿qué más puedo hacer?”, inspirado en la vieja canción de Los Apson. Yo mismo me fui detrás de uno de los camiones, para evitar que fueran a alterar el cobro que les tocaba, dijo con el ánimo de quien muestra un acto de heroicidad extrema.

Obviamente no era la solución. Alguien con nociones de estado sabe que este reto lanzado por los camioneros era una burla a la autoridad, aunque está visto que algunos funcionarios no alcanzan a saber realmente qué es eso, ¿qué carambas significa eso, que resulta tan glamoroso a la hora de repartir favores, pero tan difícil de abarcar cuando se trata de imponer la ley con todas sus letras.

En el tercer piso no quisieron esperar más y se lanzaron a advertir con la convocatoria de nuevas concesiones para el servicio de transporte urbano colectivo con aire acondicionado, advirtiendo además –te lo digo a ti, Pedro, para que lo sepas tú, Pedro- que en caso de ser necesario, la convocatoria podría replicarse para entregar otras concesiones para el transporte de segunda clase.

Dicen que Mingo no quiso actuar porque siendo él mismo un transportista, habría significado ir contra su propio gremio, pero no tomó en cuenta que en el puesto que ocupa debió tener amplitud de miras, y sobre todo, que al no someterlos al orden, estaba abriendo la puerta para una amenaza que tiene muchos años pendiendo sobre el sector: la liberación del transporte, con cuya aplicación se relamen constructores, hoteleros y muchos otros gremios empresariales.

Es evidente que el lunes ya no habrá paro general.

También es lógico y hasta justo que cualquier persona, como los camioneros, tiene derecho a defender sus intereses, pero en este caso estaban incumpliendo con el tipo de servicio que tenían concesionado, y afectaban sobre todo a los usuarios.

¿ALGUIEN SE IRÁ A LA BANCA?

TENDRÁ CIEN PARA ESCOGER

Temprano empezaron los escándalos en la administración de Carlos Felton. No se trata ya de los sesenta millones que lleva invertidos el Tiburonario, ni los quince millones que les hacían falta antes del último derrame. Tampoco son proyectos como la construcción de un nuevo palacio municipal o el traspaso de los ochenta millones del mercado Pino Suárez a un pretendido edificio para la policía preventiva municipal.

No, es nada más y nada menos que la aparición de cien bancas en las que se buscará explotar la publicidad comercial (y cualquiera otra), sin pasar por los costos que conlleva un negocio de ese tamaño y naturaleza.

De repente las principales avenidas de la ciudad amanecieron llenas de bancas en las que alguien invirtió no con propósitos altruistas, sino para ganar un buen dinerito.

En uno de los gobiernos de Alejandro Higuera Osuna aparecieron puentes peatonales incluso en aquellos sitios por donde no pasaba nadie. Como quiera, los espacios generados para la publicidad estuvieron ahí, con la facilidad de que el propio gobierno municipal les quitaba los árboles que pudieran estorbarles la vista y por tanto la conveniencia de pagar espacios para anuncios.

Aunque fue muy notorio frente a la Ley Vieja y frente al Seguro Nuevo, la situación más escandalosa ocurrió en el tercer gobierno higuerista, cuando se devastaron las añejas palmas que crecieron en Insurgentes y Avenida del Mar. Fue tanta la manga ancha recibida por los concesionarios, que el vulgo empezó a correr la voz de que el propio exalcalde iba de sopcio en ese negocio, aunque a decir verdad, nadie aportó nunca una prueba de ello.

En este caso la situación tiene un agravante: los puentes peatonales fueron aprobados y concesionados por el ayuntamiento en pleno, mientras las bancas aparecieron aparentemente pur autogestión, pues primero el oficial mayor, Salvador Reynosa Garzón, dijo que él no había autorizado nada, sino que la decisión estuvo en manos de la secretaria del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, quien también jugó el bellísimo deporte de aventarse la bolita, de modo que responsabilizó a la dirección de Bienestar Social y a la de Planeación y Desarrollo.

El arquitecto David Escobar también rechazó haber hecho la autorización, y en todo caso advirtió que habría revisiones para evitar casos como los de algunas que estorban el paso a los peatones.

A fin de cuentas nadie aceptó. Las bancas son autogestionarias. Y los regidores por supuesto, dijeron que nunca fueron consultados, mucho menos que se haya sometido a votación.

El hecho es que se trata de una violación a los reglamentos municipales, pues cualquier concesión debe pasar por cabildo, y si tiene vigencia más allá del trienio, tiene que pasar al Congreso del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el negocio pertenece al exsubsecretario de Salud, Adalberto Arias, quien primero fue oficial mayor del ayuntamiento durante el gobierno de Jorge Abel López Sánchez, en el que participaba cuando se enroló en la campaña oposigora de Mario López Valdez. Después de varios meses de cesantía, se incorporó al gobierno de Malova, donde primero fue encargado de administración de los Cobaes, donde tuvo algunas broncas públicas; de ahí pasó a la subsecretaría de Salud, de donde salió durante el escándalo de unas facturas con  firmas falsificadas.

Hoy sus cercanos presumen que es el momento de la reivindicación, pues por un lado hace negocios con el gobierno panista, y por el otro se engancha con uno de los aspirantes priístas a la gubernatura, con el que dicen que les dice que “ahora sí”