EN LA GRILLA

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*Documentan el maiceo en el Congreso Federal

*Marcha contra Ley Mordaza, como una vacuna

*Camioneros ya quieren otro aumento a las tarifas

 

FRANCISCO CHIQETE

 

Cualesquiera que sean las explicaciones y justificaciones que se enarbolen, el bono de quince millones de pesos regresado por Movimiento Ciudadano al gobierno federal termina por demoler la poca credibilidad que les quedaba a los diputados federales. El dinero fue entregado por partes, del año pasado a la fecha, coincidiendo con los tiempos en que se discutieron y finalmente aprobaron en el Congreso las llamadas reformas estructurales.

La Tesorería General de la Federación normalmente entrega partidos a cada fracción y es legal, pero en este caso, de acuerdo con Ricardo Monreal, fue una especie de partida extraordinaria que no estaba contemplada en ninguno de los varios rubros que benefician a cada uno de los grupos parlamentarios.

Si como todo parece indicar, se trata de un incentivo para avanzar en las mencionadas reformas (las constitucionales en 2013 y las leyes secundarias en 2014), se trata de una de las comprobaciones más contundentes en la vida política nacional, pues hasta ahora se hablaba sólo especulativamente del “maiceo” a los legisladores, de parte del Poder Ejecutivo, esté quien esté al frente del gobierno.

La cifra es escandalosa: quince millones de pesos para una bancada de veinte diputados, independientemente de los repartos que entre ellos se hacen con el dinero ordinario que le toca a cada bancada, aunque hay que recordar que en esos casos, el dinero también sirve para mantener al partido, para salpicar a los dirigentes y a personajes que les interesa tener de su lado.

Monreal supone, como todos los que luego conocimos el tema por su denuncia, que cada bancada recibe partidas similares, aunque en la proporción de sus tamaños. Al Panal le habrían tocado siete y medio millones por diez diputados; diez y medio millones al PT por catorce; 21 millones al verde por  28; al PRD, con ciento un curules, le tocarían 75 millones 750 mil pesos; el PAN no iría muy lejos: tiene 114 y le tocarían 75 millones 500 mil pesos. Y el PRI, en la cima financiera, dispondría de 159 millones 750 mil pesos.

Las cantidades en grupo son indignantes, pero la verdad es que 750 mil pesos por transformar la historia y el futuro del país es un precio barato, sobre todo cuando los beneficiarios ganan ya cantidades muy elevadas, que en teoría les deberían alejar de tentaciones de ese tipo, pero evidentemente la teoría no funciona.

Por lo demás, resulta verdaderamente escandaloso que en el gobierno federal haya quienes piensen que pueden maicear indiscriminadamente, sin que haya quién les vaya a poner el dedo, exhibiéndolos ante todo el país. A cualquiera que tenga un dedo de frente se le debe ocurrir que personajes como Ricardo Monreal preferirán sin duda alguna, balconear al ejecutivo, a pesar de la pérdida económica que le puede representar.

Finalmente debemos preguntarnos por qué la bancada del Movimiento Ciudadano se tardó tantos meses en decidir la devolución, a pesar de que sabía que eran pagos extraordinarios sin programación y sin justificación. Quizá tuvieron que llegar a la cifra de quince millones de pesos para que les pareciera un exceso.

UNA MARCHA EXITOSA

CONTRA LA LEY MORDAZA

En cinco ciudades del estado, representantes de los medios informativos sinaloenses realizamos manifestaciones de rechazo a la Ley Mordaza, aprobada por el Congreso del Estado para controlar y limitar el manejo de la información policíaca. Fue una gran manifestación que dejó en claro la opinión que mereció a los sinaloenses este episodio lamentable.

La gama tan diversa de medios se involucró en esta manifestación, con muy contadas excepciones que a fin de cuentas ejercieron el derecho a sostener un punto de vista diferente.

En Mazatlán unas trescientas personas, entre periodistas y representantes de organizaciones sociales –lo mismo activistas que representantes de gremios empresariales o de profesionistas- marcharon en armonía, en absoluto orden, por el Paseo Claussen. Y lo hicieron tan exitosamente, que en el entusiasmo desbordado se fueron al Palacio Municipal.

En el intercambio de opiniones, concluimos que esta acción es el intento más acabado por detener el manejo de la información, aun cuando se trate del área policíaca. En otros tiempos se recurría arteramente a la intimidación por amenazas o por vía de hechos; después vino el control de los insumos importantes para la industria periodística; hoy se trató de una ley redondeada para frenar y hasta criminalizar el trabajo periodístico, a la sombra de los cambios legales para aplicar el nuevo sistema de justicia penal. Si en otros tiempos el gobierno reprimía o controlaba a los medios por vías ilegales o extralegales, en esta ocasión se creó todo un ordenamiento legal. Ya era permitido para las autoridades ocultar información, o simplemente no darla, al tiempo que se limita el acceso de los periodistas a la escena del delito, sobre todo cuando se trata de un crimen.

Por eso, insistimos, es tan importante la respuesta del Congreso y del gobernador, con el compromiso de derogar el ordenamiento de marras (el artículo 51 bis de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado). La iniciativa ya está firmada y los diputados han expresado su disposición a votar en ese sentido, pero hay que esperar a que termine el periodo de inactividad legal en el Congreso.

De todos modos, medios y representantes sociales necesitaban dejar asentada su posición. En lo personal no me queda ninguna duda de que ese artículo va a desaparecer, pero creo que la manifestación es un buen ejercicio, es un precedente para cuando llegue otro funcionario u otro miembro del gobierno con esas ideas controladoras que han sido cíclicas y por tanto inagotables. Cuando ocurra –jure usted que en el futuro habrá un nuevo intento, ahorita mismo hay dos diputados panistas, Adolfo Rojo y Judith del Rincón, que se mantienen en la idea de que el 51 bis no debe derogarse, sino cuando mucho modificarse, porque en su opinión, sí hace falta reglamentar el ejercicio periodístico en el área de la información policíaca.

Queda pendiente un asunto: el origen. El gobernador Mario López Valdez dijo ayer que él sí sabe quién hizo esta ley, pero que prefiere no balconearlo ni determinar si se le va a castigar, porque él es hombre de equipo y no afectará a un miembro de ese equipo, además que los castigos prefiere aplicarlos en lo interno.

Por supuesto, como ya había dicho, asumió el costo político que este affaire está generando. Es su derecho, pero le haría un gran favor a la sociedad si ventila quién fue el responsable. Es importante porque este hombre pudiera colarse al siguiente gobierno y desde ahí volver a deslizar sus intenciones, pues una cosa queda clara: no se trata de un error de redacción. Fue un ordenamiento plenamente pensado, conscientemente armado para alcanzar el control y la retención de la información policíaca. Es además alguien que desconoce absolutamente las dinámicas de la información, pues ésta se filtra como el agua, se conoce a pesar de los límites y tapujos, y lo más grave: cuando no se tiene oportunamente, se sustituye por rumores y especulaciones que terminan saliendo más caros que la propia realidad.

CAMIONEROS: NO LES

ALCANZÓ EL AUMENTO

Ayer entró en vigor el alza de cincuenta centavos a las tarifas del transporte urbano. Se afecta a los usuarios de los camiones sin aire acondicionado, con un porcentaje sustancialmente mayor que el incremento que allá por enero recibió el salario mínimo, aunque a decir verdad, ya a nadie le importa la relación entre precios y salarios.

Por supuesto, como era de esperarse, a los concesionarios no les pareció bien. Ahora están a la espera de una nueva reunión de la Comisión que analiza las tarifas, para ver si en enero les dan un nuevo aliviane, porque los muy pobrecitos, sienten que quedaron indefensos ante los gasolinazos que mensualmente nos inflige el gobierno federal.

Ya no les importaron las unidades con aire acondicionado, para las que pedían la friolera de dos pesos más, aunque se conformaban con uno “nada más”. Su exigencia está enfocada al menos en otros cincuenta centavos para los de segunda, que son la inmensa mayoría de sus unidades. Esperemos que el gobierno no les esté guardando este obsequio como sorpresa navideña bajo el pretexto de que para entonces estaría por venir otra “jugosa alza” a los mínimos.

Digan lo que digan, eso sólo puede llamarse de un modo: voracidad.