EN LA GRILLA

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MESA Y CONGRESO.JPG

*Ni quien pelara a las invasiones de terrenos

*Negocio de unos cuantos, angustia de muchos

*Política sinaloense: todo está bajo control

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

La invasión llamada Pino Suárez ha vuelto a poner a la vista de la comunidad un problema que parecía mimetizado con la realidad. La toma ilegal de terrenos por parte de familias precaristas pasaba sin mayor problema y hasta con la simpatía de políticos de todos los partidos, quienes a la hora de buscar el voto acudían a los asentamientos sin hacer nada para enfrentar los casos.

La invasión Pino Suárez reúne todos los elementos que hacen dramática la creación de asentamientos irregulares: para empezar se encuentra en un arroyo de aguas pluviales. Justamente en el canal, que nadie se había atrevido a tomar antes, ahí se ubicaron cuarenta y cinco familias que ayer desafiaron a la maquinaria y a la fuerza pública del municipio, para mantener los lotes que consideran suyos.

De acuerdo con los regidores que conocieron el estudio socioeconómico hecho por el municipio, de esas cuarenta y cinco familias apenas una tercera parte habitaban las improvisadas casas. Las otras chozas estaban vacías, en un evidente caso de acaparamiento por parte de engordadores de terrenos.

Por si fuera poco, algunas de las señoras que permanecen en la invasión denuncian que durante su campaña electoral, el hoy alcalde Carlos Felton se entrevistó con ellas, les ofreció apoyos y les mandó colchonetas y otros auxilios, a pesar de lo cual hoy no les da la cara, sino que “manda a una representante”.

Pareciera que no ha pasado el tiempo. Estas prácticas son añejas, casi tanto como la ciudad que hoy habitamos. En los años sesentas familias sin viviendas iniciaron una fiebre de invasiones, sobre todo a partir del desalojo de la colonia Miguel Hidalgo, que se encontraba en las faldas del cerro de la nevería, zona demasiado valiosa como para dejarla a precaristas.

Desde entonces se han combinado líderes vaquetones, autoridades permisivas y hasta dueños de predios que mediante una invasión concertada se evitaron las donaciones, mermas e inversiones que implica desarrollar un fraccionamiento con todas las de la ley. Así los colonos fraccionaban y hacían habitable hasta el último rincón, sin reservar nada para el equipamiento urbano, y los dueños fijaban el precio que querían. Al final era el ayuntamiento el que escrituraba y con ello ahorraba a los vendedores hasta el impuesto correspondiente.

Cuando el PAN de Alejandro Higuera adoptó a los líderes invasores,  no sólo no se persiguió esa práctica, sino que hasta se les premió de diversas formas. Basta con checar el trazo de la avenida Juan Pablo II, que de cuatro carriles pasa a ocupar sólo dos, para no tener que desalojar a ninguno de los invasores del Estero del Infiernillo, a quienes se dotó de servicios públicos y hasta se gestionó la regularización de la tenencia de la tierra, a pesar de la evidente irregularidad de habitar una franja que originalmente quedó como equipamiento, por la susceptibilidad de inundaciones.

Todo en nombre de los votos, que al final fueron veleidosos, pues en 2007 los colonos beneficiados votaron por el PRI para la Presidencia Municipal, aunque le hayan ayudado a Higuera a ser diputado local (en aquella ocasión sí ganó).

En los últimos se han registrado varias invasiones cuyos promotores aparecen públicamente como líderes sociales, gestionan y obtienen beneficios en nombre de sus representados. A pesar de los problemas y de los riesgos que se registran y que en 2011 provocaron severas inundaciones, a ninguna de las sucesivas autoridades se le ha ocurrido actuar para evitaer que las broncas se vayan acumulando.

Por supuesto, tampoco se ha creado un programa de atención a la necesidad de vivienda. Las reservas territoriales son cosa de la historia o de la prehistoria.

Por supuesto que las inundaciones no se dan sólo en terrenos invadidos, aunque a lo largo de estas décadas se tomaron casi todas las zonas bajas de la ciudad. Las que no, terminaron vendidas a centros comerciales que se asentaron en “áreas de amortiguamiento”, según el decir de los especialistas.

En los setentas, el Indeco –hoy Invies- desarrolló el fraccionamiento Jacarandas en terrenos contiguos al Estero del Infiernillo. En 2011 se inundó tres veces. Pero también ocurre con los fraccionamientos privados de corte popular, autorizados por las últimas administraciones. Y eso por no hablar de El Toreo y otros que se ubican en los alrededores de la avenida La Marina.

La ciudad ha sido construida  con todo el desorden y la improvisación que provocan la necesidad y la corrupción. A golpe de invasiones se crearon colonias en el agua, como eran en principio la Estero y la Libertad, por citar sólo unos ejemplos. A golpe de mordidas y gratificaciones, las autoridades se hicieron de la vista gorda con los fraccionamientos inundables.

Pero por supuesto, lo que más importa en estos tiempos son los números. Poder decir que se construyeron tantas viviendas en el trienio o en el sexenio correspondiente; hablar de la inversión propiciada y de los empleos generados, aunque sean fugaces y con cifras infladas, es más importante que establecer condiciones adecuadas de desarrollo.

Y al final, el dinero, de donde sea y para donde sea.

NUEVA LLAMADA POR LA

REFORMA DEL ESTADO

La mesa de concertación compromisos por Sinaloa se reunió ayer de nuevo, en una versión de plenaria. Desde el gobernador hasta los diputados solitarios, pasando por los coordinadores legislativos y los presidentes de los ocho partidos políticos que tienen registro en Sinaloa, y por supuesto, el coordinador del grupo, el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

El encuentro podía haber sido uno más de los que se realizan cada semana, pero en esta ocasión hubo especial cuidado en que no faltara nadie. Ni el coordinador de la bancada priísta Jesús Enrique Hernández Chávez, ni la presidenta de ese partido, Martha Tamayo Morales, a quienes había acusado el panista Edgardo Burgos Marentes de faltar menospreciando a los demás integrantes de la mesa.

El propio Edgardo se mostró complacido por el encuentro, como todos los demás representantes, quienes se deshicieron en buenos propósitos y certezas de que sacarían adelante el cometido de concretar una reforma de estado que impacte en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social.

Cuando se leen las expresiones y los propósitos, uno no tiene menos que preguntarse ¿a qué viene esta especie de relanzamiento de la mesa, si su ritmo de producción ya era, en teoría, el que se había programado para ella?

Los acuerdos han permitido que haya tres paquetes de iniciativas presentados ante el Congreso Local, con propuestas variopintas que van desde una transformación a la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta la reducción en el precio de las fotocopias para obtener información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

Es cierto que las cosas más espectaculares están todavía en cartera y que el Congreso no ha abordado ninguno de los temas que se le entregaron, ocupado como ha estado en los temas a que le obliga el calendario –cuentas públicas, sustitución en la ASE, armonización con legislación federal-, pero con la firma de todos los coordinadores y de todos los dirigentes de partidos, no hay duda de la viabilidad de los paquetes.

Quizá el problema sea que los tiempos electorales se acercan cada vez más y que los debates de carácter nacional están marcando distancias cada vez más evidentes entre las tendencias políticas. La Ley de Telecomunicaciones, que esta madrugada debe haber sido totalmente zanjada, marcó una distancia fuerte entre las posturas de la izquierda y las del binomio PAN-PRI, situación que se repetirá e incluso se agudizará conforme se avance en el asunto de las leyes secundarias en materia de energéticos.

Pero aún con eso, el planteamiento que hizo Jesús Burgos Pinto en la tribuna durante la sesión cameral de ayer,  muestra que hay solidez en el manejo de la política y en la confluencia de las fuerzas legislativas. Burgos Pinto pidió que las comisiones legislativas correspondientes se encontrasen con el Consejo Ciudadano que supervisó las inversiones del megacrédito.

La respuesta fue contundente. Mientras el gobierno al que de alguna manera se cuestionaba, reconoció la importancia del trabajo de los consejeros, los diputados de cada uno de los partidos se fueron encima de los consejeros, con descalificaciones peores que las recibidas ayer por la selección brasileña de fútbol. Como se ve, no hay fisuras.