EN LA GRILLA

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*EPN: Castigar a quien dé permisos en zonas riesgosas

*La ayuda se entregará directamente, sin intermedirios

*Le pegan al PAN con los casos de San Ignacio y El Fuerte

FRANCISCO CHIQUETE

La reconstrucción es importante, como es importante la tarea de rescate a las familias que todavía se encuentran aisladas o afectadas en su ubicación, pero hay algo que será de suma trascendencia a futuro: la reglamentación legal que impida a las autoridades dar permisos de construcción y cambios de uso del suelo en áreas que resulten de alto riesgo para quienes las vayan a ocupar.

Ayer el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los diputados a trabajar en una disposición vinculatoria que impida las irresponsabilidades en que han incurrido muchos gobiernos y muchos gobernantes o funcionarios, permitiendo el desarrollo de vivienda en zonas inundables, mediante el fácil expediente de sobornar a los responsables de extender los permisos correspondientes.

Una disposición vinculatoria implica que aquel que incurra en ello será sancionado por disposición legal e incluso por proceso judicial. Es cierto que ya hay muchas leyes restrictivas que no se cumplen, pero no está de más que se establezcan estas disposiciones y que la sociedad, hoy tan sensible tras las tragedias de estas últimas inundaciones, tenga la posibilidad de canalizar sus denuncias y verificar que éstas tomen el curso correspondiente.

En su discurso de ayer con gobernadores y funcionarios de su gobierno, el presidente anunció que en lo sucesivo no serán apoyados ni con créditos ni con subsidios los proyectos de vivienda que estén en áreas de riesgo, lo que indica que el equipo gubernamental le ha estado analizando al asunto y se ha percatado de que existen muchas irregularidades detrás de los dramas desatados con la irrupción de las aguas. Peña Nieto habló incluso de desarrollos construidos sobre cauces de ríos que fueron recuperados por éstos.

Hay situaciones como esa en muchos lugares y a lo largo del tiempo. En agosto de 1976, Mazatlán se preparaba para recibir la nada grata visita de Lisa, un ciclón que se preveía tan fuerte como el Olivia, que diez meses antes lo había devastado. En un recurve de último momento, considerado imposible por los meteorólogos, Lisa se fue hacia La Paz y mató a cientos de personas.

La mayor parte de las víctimas vivían en una unidad de Infonavit que se construyó precisamente sobre el cauce seco de un río que “nunca traía agua”, pero que merced al huracán, la trajo y arrasó con las viviendas, construidas supuestamente “con todas las de la ley”. Después de eso se decretaron disposiciones para evitar el uso de áreas de riesgo en la construcción de vivienda, pero como es evidente, nadie quiso hacer caso de ello.

En 1988, el gobierno municipal de Mazatlán, encabezado por José Ángel Pescador Osuna, distribuyó lotes de la zona ganada a la marisma entre las colonais KJein y Doce de Mayo. Nacvió así el “fraccionamiento Bahías”, más por presión de los líderes que por disposición oficial. Pescador sin embargo due inflexible con la zona que estaba más pegada a la marisma. Ahí se determinó un área de equipamiento urbano, con parques, campos deportivos y un bisque.

Pero en el primer minuto del gobierno panista de Humberto Rice García, líderes priístas se lanzaron a invadir el área. Intervino el gobernador Francisco Labastida Ochoa y los sacaron, pero después volvieron a la carga. Ya con Martín Gavica Garduño se negoció la creación de la colonia Jesús Kumate, regenteada por los mismos líderes, Cuca Arias y Rosendo Meza, quienes ya eran líderes de la Toledo Corro. De todos modos volvieron a los terrenos en disputa, de los que se hicieron definitivamente cuando ya los líderes militaban en Acción Nacional. Hoy la colonia de llama Emilio Goicoechea Luna y navega con banderas blanquiazules, siempre a expensas de una gran inundación.

Pero el punto más dramático quedó al descubierto durante las inundaciones del 2011, cuando los fraccionamientos construidos con permisos oficiales, con licencias de construcción y por ende con autorización de los usos del suelo, se inundaron con tanta facilidad como las colonias que fueron fundadas a la trompa talega.

Nos cayó entonces el veinte de que siempre les echamos la culpa a los líderes invasores, que se metían donde les parecía más adecuado para repartir lotes a gente que les pagara por ellos y donde los dueños estuvieran dispuestos a vender y por supuesto, a darles una comisión. Pero resulta que al cambiar las cosas, los desarrolladores de vivienda y los funcionarios públicos que extienden los permisos salieron más bravos que el binomio líderes-dueños.

Hubo muchos lugares que se inundaron. Fraccionamientos recientemente construidos y también otros con algo de antigüedad. Algunos habían alcanzado las políticas de fomento que consisten en el financiamiento de los proyectos, y hasta la aplicación de subsidios por vivienda, como refirió Peña Nieto.

También hay casos de alcaldes que presumen el haber autorizado el establecimiento de centros comerciales en áreas que los expertos denominan “de amortiguamiento”, es decir, zonas que se vuelven lagunas cada vez que se vienen las crecientes de nuestros arroyos pluviales. Fomentamos la creación de empleos a costa de la inseguridad de quienes viven en los alrededores de la obra.

En casos como éstos, autoridades e invasores se defienden con los mismos argumentos. No se han inundado estas plazas que autorizamos, dijo una vez un alcalde. No nos henos inundado nunca, dicen los dirigentes de la colonia Emilio Goicoechea. Seguramente que no, pero el agua que ya no recaló en esos lugares fue a dar a otros espacios, afectando a otras personas. Que les pregunten a los vecinos de la López Mateos, que en el 2011 se inundaron tres veces, y a los del Infiernillo, que perdieron sus enseres domésticos también en tres ocasiones.

AMÁRRANDOLES LAS MANOS         

Otro punto llamativo del discurso de Peña Nieto fue la insistencia en que los recursos de apoyo a damnificados se manejen con la máxima publicidad y transparencia. En varias ocasiones se refirió a ello, y más concretamente, a evitar la intermediación para evitar que liderazgos se atribuyan el apoyo que van a recibir quienes perdieron sus patrimonios.

Por desgracia la gente ya está escamada con las malas acciones. En Jalisco encontraron que las despensas armadas con la aportación de la sociedad, fueron etiquetadas con engomados del gobierno del estado (jalisciense, por supuesto) y en otros lugares ha habido experiencias similares.

En Sinaloa seguramente el diputado Jesús Valdez reclamará diciendo que él desde antes que el presidente lo ordenara, manejó la máxima publicidad en el asunto de los apoyos a damnificados, pero es un concepto distinto. Cuando Peña Nieto habla de máxima publicidad, se refiere a que todo tipo de movimientos sean públicos, que las acciones se den a la vista de la gente y con mucha información sobre ella.

Jesús aldez hizo máxima publicidad personal. Ya les hemos comentado que abrió centros de acopio en los que había una gran manta con su nombre destacando por sobre cualquiera otra cosa y que las entregas de despensas, a pesar de haber sido donadas por la gente., servían para que el diputado se tomara la foto entregándolas, como un patrimonio político personal.

Desde luego siempre hay políticos y partidos políticos que se aprovechan de la situación y buscan sacar raja,. Por desgracia son casi todos y de casi todos lados.

Ayer en Facebook apareció Carlos Báez, exdiputado priísta y activista del malovismo, despotricando contra aquellos que criticaban que los políticos anduvieran repartiendo donativos. Cuando los políticos no se aparecen los critican, y cuando se aparecen los critican también, dijo. Tenía razón, sólo que la crítica no era por mostrar su solidaridad de manera activa, sino por hacerse propaganda a costa de la tragedia. Desconozco las condiciones en que Carlos Báez hubiese estado realizando sus acciones, pero por la reacción, se ve que le quedó el saco y que le lastimaron las medidas.

DOS CASOS CERRADOS

Como era previsible, la Sala Superior del Trife dijo ayer que nones a las peticiones de PAN-PRD-PT para revertir los resultados oficiales en las elecciones de San Ignacio y El Fuerte. Ambos recursos fueron desechados por improcedentes, toda vez que los magistrados no encontraron en las sentencias impugnadas, contravenciones a las disposiciones constitucionales.

Así, Amado Loaiza Perales puede ya darse por alcalde electo. Lo era después de la elección, cuando el cómputo voto por voto casilla por casilla lo colocó adelante del panista-perredista-petista Arturo Moreno, apenas por treinta y dos votos, pero el Tribunal Estatal Electoral lo echó abajo al anular dos casillas, argumentando razones que no competían ni al candidato ni al partido, como decidió después la Sala Regional del Trife en Guadalajara, que lo devolvió a la condición de ganador. El PAN, por no dejar, impugnó ante la Sala Superior, con el resultado ya descrito.

También fue ratificado el caso de El Fuerte, donde el PAN pedía que se anularan las elecciones porque Marco Vinicio Galaviz empezó su campaña con una misa, lo que está prohibido por la ley. El Tribunal Estatal Electoral dijo que era pecata minuta y la sala regional de Guadalajara ratificó la sentencia, de modo que panistas y perredistas se fueron a la Sala Superior, donde igualmente los dejaron sin la respuesta que buscaban.

Ya nomás les falta Ahome, donde es previsible que corran la misma suerte, pues la Sala Superior no analiza votos ni violaciones legales comunes y corrientes, sino Inconstitucionalidades con Mayúsculas, y en el alegato del PAN no aparece una sola.

¡Ah! Y está pendiente el caso de la diputación local por el XX Distrito, que ya se fue de vuelta a la Sala Regional de Guadalajara, exigiendo un nuevo recuento total de votos, y previsiblemente le dirán que no, por lo que previsiblemente llegarán de nuevo a la Sala Superior, donde, adivinó usted, previsiblemente los volverán a batear.