EN LA GRILLA

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*Se desata la guerra en la sierra de San Ignacio

*Reacciones al recorte del calendario escolar

*Cero tolerancia en Culiacán contra Juan Guerra

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

Hace apenas unas semanas, el alcalde de San Ignacio, Amado Loaiza Perales, decía orgulloso que el suyo era el municipio más tranquilo del estado. En efecto: cual más, cual menos, los diferentes rumbos de Sinaloa enfrentaban en ese momento problemas severos de seguridad. En el último mes, las cosas cambiaron dramáticamente. Aproximadamente dos semanas han sido suficientes para que en las localidades sanignacenses se hayan producido veinticuatro asesinatos dolosos.

Lo dramático es que Loaiza Perales sigue teniendo razón en sus apreciaciones, Una razón relativa, es cierto, pero el hecho es que quien vaya a la cabecera municipal o a cualquiera de los poblados de la costa e incluso los que están sembrados a lo largo de las carreteras y caminos del municipio, podrá entrar y salir tranquilo, pues los asesinatos han ocurrido en las zonas serranas, algunos incluso en lo más remontado e intrincado de esa geografía.

Pero eso no quita el gravísimo impacto de saber que por esos rumbos mataron a doce personas de un jalón y que incluso los criminales se dieron el lujo de transportarlos y dejarlos en un lugar muy visible, como para que las autoridades y hasta la sociedad, se diesen cuenta de lo que había ocurrido en las partes alteñas.

Por mucho tiempo, diversas voces han insistido en lo riesgoso de la paz aparente que se ha vivido en buena parte del estado. Ha habido, efectivamente, una reducción importante en el número de asesinatos, una contención importante de los embates que por años afectaron a la entidad. El problema es que los grupos delictivos permanecieron incólumes, a pesar de las acciones infames en que morías siete, cinco, cuatro, cualquier número de personas. A pesar de la constante presencia y acoso delictivo que provocaron el abandono de pueblos completos.

En lugar de perseguirlos hasta su detención, se les dejaba huir a lo intrincado de la sierra y las autoridades se conformaron con saber que por un rato se mantendrían en calma. Pasó en San Ignacio, en Concordia, en Choix, y el resultado final fue siempre el mismo.

Ayer a los doce asesinatos de San Ignacio hubo que sumar otros tres de Concordia, el municipio que ha sido flagelado también por crímenes masivos.

De inmediato se convocó a una reunión de los organismos de seguridad y aunque no hubo información  abierta, es obvio que se ahí saldrán operativos que actúen en la zona afectada, contando con la participación de las fuerzas policíacas estatales, las federales, y las fuerzas armadas, que finalmente son las que generan mayor respeto, aunque también a éstos se les ha atacado en diversas acciones.

El propio gobernador Mario López Valdez reconoció que existe un problema serio de inseguridad en San Ignacio y anunció medidas inmediatas, que se empezaron a organizar, como les comentamos. La preocupación es seria, y no es para menos. El propio mandatario había admitido antes la existencia de problemas serios con la seguridad, derivados, según externó, de los ajustes que se dan en el Cártel de Sinaloa a partir de la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ocurrida en febrero pasado en Mazatlán, como se ha sabido hasta la saciedad, y como se ratifica en cada foto que los turistas vienen a tomarse frente al edificio Miramar, donde ocurrió la afamada detención.

Por lo pronto, Sinaloa sigue manteniendo una posición de poca visibilidad, incluso cuando en el país se habla de estados donde hay problemas graves con la seguridad y con el narcotráfico. Más nos vale que estos brotes sean detenidos, no puede decirse que oportunamente, pues una cantidad de crímenes como las que vimos ayer hacen que cualquier medida sea extemporánea, pero siempre será importante evitar su extensión. La tranquilidad de los sinaleonses está en juego.

RECORTARON EL

CICLO ESCOLAR

Como era previsible, el gobierno de Sinaloa decidió recortar el calendario escolar. Las clases terminan este 27 de junio y sólo deberán acudir a las aulas aquellos alumnos que requieran regularización. Una buena decisión, aunque como todo lo que verdaderamente importa, ha resultado sumamente polémica.

No han faltado padres de familia que reclamen por los doscientos días de clase que se supone debe haber. Tampoco los que exigen un buen uso de los recursos educativos y la instalación de aires acondicionados en todas las escuelas, utilizando los sueldos de los aviadores. Hay quienes reclaman que los maestros sean solapados en la inactividad, la huevonada, dicen, sobre todo cuando es pagada, como se atribuye a este caso.

Ayer en las redes sociales una maestra que defendía la medida terminó por dar la razón a los críticos: qué bueno, decía (que recortaron el calendario) “porque así los niños no andarán batallando por calorear”. Ya ven ustedes que hay capacidad hasta para inventar verbos.

No falta razón en las críticas. Es necesario que todas las escuelas estén equipadas de manera adecuada. Que tengan sus equipos de refrigeración y por lo tanto, cuenten con un sistema eléctrico adecuado, y sobre todo con recursos para pagar el consumo de la energía eléctrica, de modo que no se dé el contrasentido de familias que en casa no tienen ni abanicos, pero están obligadas a cooperar para el pago del consumo eléctrico de los acondicionadores de aire en las escuelas de sus hijos.

El problema es que a estas alturas no se puede hacer, ni siquiera contando con el dinero. Aún rescatando los mil cuatrocientos millones de pesos que dice Mexicanos primero que andan rodando entre gente que no trabaja, no habría tiempo para refrigerar todas las aulas antes que termine el curso, ni siquiera terminando el quince de julio, como se había planeado.

Urgía liberar a los niños del compromiso escolar en medio de un clima inclemente, y la única fórmula era recortar el calendario.

Muchos alegan que en las casas también hace calor, pero en ninguna casa hay cincuenta niños encerrados en una habitación, como pasa en las aulas. Otros preguntan cuándo se suspendieron las clases por el calor en otros tiempos, en los que ya se daban calores de difícil tránsito. La respuesta es sencilla: en aquellos tiempos no había clases ni en julio ni el agosto, los meses más pesados. Quienes diseñaron aquel calendario escolar tenían mucho más sentido práctico del clima, que éstos que insisten en copiar a los japoneses los calendarios de trabajo, sin antes haber sembrado ni cultura del trabajo, ni mucho menos la infraestructura que ellos sí tienen.

Este ciclo ya quedó resuelto. Ahora falta el regreso, pues por ahí circula un proyecto de calendario que pretende iniciar clases el 19 de agosto, precisamente cuando los días de la canícula están más perros.

CERO TOLERANCIA

Cada vez que un alcalde o alguien de mayor jerarquía anuncia una campaña de cero tolerancia contra los infractores de la ley, se levanta una ola de aplausos y expresiones de respaldo porque, a decir de muchos opinadores, eso precisamente es lo que falta: mano firme contra quienes no saben respetar las disposiciones legales o reglamentarias.

Pero invariablemente, a esas salvas de apoyos sigue una terrible decepción porque los señores encargados de aplicar las medidas terminan por convertirse en verdaderas amenazas para la sociedad.

Ayer Juan Uliv Guerra Medina, hijo del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Nicasio Guerra Ochoa, fue detenido a medianoche por pasarse un alto. Que lo hubiesen infraccionado como a cualquier persona, vaya y pase, pero aquí hubo detención, retención del vehículo, al señalado le pusieron esposas y todavía le dijeron que lo llevaban a exceso de velocidad y pasándose altos para evitar que uin comando lo viniese a rescatar. Una burla.

Salvo cuando hay interés en ontener una mordida, en cualquier ciudad pasarse un alto en horas de la madrugada es visto sin mayor problema, sobre todo en lugares como Culiacán, donde la inseguridad obliga a tratar de llegar cuanto antes a casa. Pero a cuenta del cero tolerancia, se llegó a estos excesos, y se aprovechó además para echarle la viga al alcalde Sergio Torres, quien ordenó el cero tolerancia.

Hay que recordar además que este muchacho ya había sido objeto de un levantón, cuando haciendo un mandado doméstico también por la noche, le robaron la camioneta asignada a su papá en la Sagyp.

Miembro de una familia aguerrida, Juan Uliv se fue a la Comisión de los Derechjos Humanos y solicitó apoyo frente a los excesos de los agentes de tránsito. En ejercicio de sus derechos, dejó de lado las ligas políticas y las cortesías entre niveles de gobierno (después de todo a él no lo trataron muy cortésmente que digamos). El propio Juan Guerra estuvo presente en la diligencia y en la denuncia pública. Al que le duele le duele, cualquier padre habría estado ahí con su hijo. Por eso anoche mismo en las redes sociales no faltó quien lamentara que Juan Nicasio no hubiese tenido un hijo productor de frijol, para que lo acompañara a presentar una denuncia contra los acopiadores.