EN LA GRILLA

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*El sueldo no visible de Felton, un retroceso

*Diputados ¿al fin? tendencia a la transparencia

*El diputado Ramón Lucas parece haber pasado

 

FRANCISCO CHIQUETE

 

De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los tabuladores salariales y los ingresos netos de los servidores públicos son información que las autoridades están obligadas a proporcionar, con la única salvedad de que no se puede revelar el nombre del funcionario, porque ello afecta sus derechos personales.

Sin embargo, cuando estás hablando del presidente municipal, la limitación queda sin efecto, pues sólo hay una persona que ocupa ese cargo en cada ayuntamiento. Ergo, la información debe fluir sin limitaciones.

En el gobierno de Mazatlán sin embargo, a alguien le pareció que podía censurar la información y brincarse la ley. Lamentablemente no se hizo ninguna aclaración al respecto, de modo que no sabemos si se trata de una política formal del ayuntamiento, si fue un arranque y por tanto una orden del Presidente Municipal, que se sintió afectado por la petición, o si fue una quedada de bien del encargado de la oficina municipal de Acceso a la Información.

En todos los casos es algo lamentable. A estas alturas la transparencia es no sólo una obligación legal, sino una condición indispensable para ganarse la confianza de la sociedad. Burlarla o regatearla desde el principio pone malas perspectivas a la administración que incurra en semejante actitud.

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –Leaipes- tiene ya once años de haber sido promulgada, aunque el año de vacatio legis que concedió el Congreso del Estado para poner en operación los aparatos de acceso, hacen que su vigencia real sea de una década.

Por aquellos inicios, los alcaldes ponían en la oficina correspondiente a personal incondicional al que le buscaban la mayor capacitación posible para que les cubrieran las espaldas sin que se pagaran consecuencias. Es decir, buscaban simular, no cumplir con la ley y por supuesto, aspiraban a la impunidad.

Los miembros de aquella naciente Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa recibían frecuentes consultas en ese sentido, porque alcaldes y funcionarios consideraban que el organismo era raja del mismo palo, y por tanto debía cobijarlos.

Diez años después se ha avanzado de manera importante, pero por lo visto no lo suficiente. Si una machicuepa como la del gobierno municipal mazatleco la hubiese intentado el alcalde de Badiraguato, el de Sinaloa de Leyva o Choix, remontados en la sierra y ajenos siempre a la onda chicharronera, podría entenderse, sin justificarlo. Pero que el caso sea del alcalde de la segunda ciudad más importante del estado, cuando el munícipe ha sido dos veces diputado local y una vez diputado federal, así como regidor, la actitud es inaceptable. En todo caso, lo que menos se puede alegar es ignorancia.

Por cierto ayer presentó su renuncia el doctor Alfonso Páez, quien había fungido como comisionado de la Ceaipes desde su fundación. En 2007 fue reelecto por siete años, y el plazo se venció. No sabemos en este momento si vaya a buscar un nuevo periodo. Es el Congreso del Estado el que determina quién accede a esos puestos.

La tercia original fue integrada con Dorangélica de la Rocha, Vicente Hernández Delgado y el propio Alfonso Páez. De la Rocha y Hernández Delgado se fueron al concluir sus respectivos periodos. Vicente Hernández, exdirector de la escuela de Derecho de la UAS en Mazatlán, se convirtió en un experto en esa materia, especializado además en un tema novedoso como los derechos en materia informática.

TENDENCIA A LA

TRANSPARENCIA

Hay algunos sectores de la opinión pública que han llevado la lucha por la transparencia a una especie de vouyerismo. Cada vez se pretende llegar más lejos, pretendiendo por ejemplo que las declaraciones de bienes, hoy obligatorias, sean públicas.

No todos los funcionarios son vaquetones ni todos los patrimonios están necesariamente bajo sospecha, pero desgraciadamente los frecuentes hechos negativos tienen escamada a una sociedad que como decían antes, “ya no cree ni en el bendito”.

Ante eso, y mientras en municipio oculta los ingresos quincenales del alcalde Carlos Eduardo Felton González, la diputada priísta Sandra Lara Díaz convocó el lunes a los medios informativos para hacer pública su declaración patrimonial, diciendo a propios y extraños que entre los bienes familiares y cuentas bancarias, alcanza los dos y medio millones de pesos, en números cerrados.

La diputada Imelda Castro Castro, del PRD, la felicitó y lamentó sólo que su compañera de legislatura le hubiese ganado, pues ella tenía ya planeada una acción similar, de modo que probablemente hoy sepamos cómo andan las economías personales y familiares de la legisladora, exfuncionaria y exdirigente estatal del PRD.

Por su parte el diputado priísta Fernando Pucheta Sánchez dio a conocer que este jueves dará a conocer su declaración patrimonial, con el único pesar de “qué va a pensar la gente de que un pinche pobre ande dando a conocer esas limitaciones”.

Incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Enrique Hernández Chávez, no sólo señaló la posibilidad de publicitar él mismo su declaración de bienes, sino que además señaló la necesidad de avanzar en la legislación para que esas declaraciones sean obligatoriamente públicas, pues la gente tiene derecho a saber, y actualmente esos son documentos son privados y sólo se pueden divulgar por decisiones personales de los involucrados.

TODO INDICA QUE

LUCAS YA LA LIBRÓ

A raíz de los cambios en varias dependencias del estado, corrieron versiones y rumores sobre irregularidades encontradas. Las más impactantes fueron las que supuestamente existían en la Sedeco, divulgadas voz en cuello por el diputado Guadalupe Carrizosa Cháidez, acusado luego de sicario político por el acusado Roberto Ramsés Cruz Castro.

Pero hubo un caso que se sale de ese marco: en la administración de Conalep se encontraron irregularidades que dieron pie a una investigación, que podrían incluso dar pie a un procedimiento penal.

No fue sólo un rumor. El propio jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni, dio a conocer las irregularidades y hasta precisó que correspondían al periodo en que el hoy diputado Ramón Lucas Lizárraga estaba al frente del citado sistema de bachillerato.

En realidad esas irregularidades eran secreto a voces y en más de una ocasión se manejaron en medios de comunicación que presumían fuentes seguras e incluso dibujaban detalles que parecían confirmarlo.

Por ello cuando el encargado de perseguir esas irregularidades las dio a conocer formalmente, muchos pensamos que se llegaría a proceder contra el diputado. Él mismo se declaró dispuesto a la investigación, evidenciando que el caso lo tenía preocupado.

Pero hete aquí que viene el mismísimo dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien ratificó, como ayer le comentamos, la vigencia de la alianza entre ese partido y el gobernador sinaloense Mario López Valdez.

El asunto no era improvisado ni mucho menos. El estado convocó a los medios a un encuentro con las dirigencias nacional y estatal perredistas nada menos que en la sala de juntas del tercer piso del palacio de gobierno. La ratificación de la alianza fue una fiesta. Aunque le atribuyeron una actitud distinta, el gobernador se dio el lujo de enumerar los puestos importantes asignados a militantes del PRD y también mencionó de manera genérica otras dependencias donde, en niveles menos destacados, hay también correligionarios de Zambrano.

Por supuesto, en el encuentro estuvieron los dos diputados perredistas, Ramón Lucas Lizárraga e Imelda Castro Castro.

Por ello nos preguntábamos en la entrega de ayer si esta rectificación perredista tendría el efecto de detener las sospechas e investigaciones que técnicamente ya pesaban sobre Lucas Lizárraga.

Ayer el gobernador Mario López Valdez fue interrogado sobre las muy mencionadas irregularidades e investigaciones, e hizo dos precisiones: en Conalep no se pidió la renuncia a Ramón Lucas Lizárraga, sino que él la entregó para buscar la diputación que hoy ocupa. Y aprovechando el raite, estableció una vez más: “en el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico nosotros sí ordenamos un cambio en esa dependencia”. Bien remachadito, por si todavía había alguna duda.

Pero sobre las irregularidades dijo: “las revisiones son constantes, yo pido que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Despacho del Ejecutivo, mes tras mes nos revise el cómo se están efectuando el uso de los recursos que tenemos destinados, es una medida normal, ordinaria, la revisión y cuando hay una entrega de un proceso de entrega-recepción ahí se revisa todo.

“Si hubiese alguna cosa nos harían de nuestro conocimiento, hasta el momento no tengo ningún reporte absolutamente de nada”. Como además le preguntaron sobre la pérdida de confianza en los funcionarios, prefirió apuntar que “el tema de confianza o desconfianza no es un tema que se deba de ventilar en conferencias de prensa yo creo”.

Remissa sunt tibi.