EN LA GRILLA

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*Se perfila show posterior a los cambios

*Yamuni rompe el hermetismo contra RLL

*Severa advertencia, la muerte del ex juez

FRANCISCO CHIQUETE

Un relevo que parecía rutinario y hasta de bajo perfil, dado el nivel de la mayoría de los puestos, está terminando en un jaloneo de fuerzas políticas que podría dejar consecuencias, al menos de carácter personal entre quienes en algún momento han sido parte del equipo del gobernador Mario López Valdez.

La víctima principal es, desde luego, Roberto Ramsés Cruz Castro parecía estar en los cuernos de la luna, y hoy se despeña hacia el ostracismo. Al arranque de este gobierno apareció como coordinador de asesores del gobernador. Los antecedentes lo ponían en desventaja. Juan Sigfrido Millán Lizárraga tuvo en ese lugar a Aarón Sánchez, hoy rector de la Universidad de Occidente, cuyas calificaciones eran buenas, aunque se sabía que Millán tenía varios asesores importantes de manera alternativa, entre ellos uno muy influyente: el propio Juan Sigfrido.

Con Jesús Aguilar Padilla estuvo el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien era una gran adquisición por venir de la izquierda, de la que además fue candidato a gobernador. Su incorporación a un gobierno priísta, incluso a la campaña priísta, fue todo un acontecimiento.

Cruz Castro no tenía grandes antecedentes cuando llegó a ese puesto, pero era obvio que tenía una gran cercanía con el gobernador Mario López Valdez. Lugo se conoció que también ejercía de operador del mandatario para los desempeños internos del Partido Acción Nacional. Cuando Heriberto Félix Guerra dejó de ser destinatario de la cuota de paisanaje de Malova, y se tuvo que ir Eduardo Ortiz de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cruz Castro se fue sobre la posición, y aún de ahí mantuvo su ocupación alterna de operador panista. En la elección intermedia del año pasado fue notorio que tuvo a su cargo el impulso de candidaturas azules (hay que recordar los callos que se fue a echar en el mismo lugar donde estaban convenciendo al Pitón Castro de que abandonar al PRI y los abanderase en Angostura, como finalmente ocurrió).

Aunque después se dio el resbalón de declararse aspirante a gobernador, en realidad parece que su pecado mayor fue resistirse a dejar la secretaría cuando el lugar era necesario para hacerle espacio a Aarón Rivas. Movió fuerzas en procura de respaldo y motivó la movilización de fuerzas en su contra.

Ayer el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros dijo que él no fue responsable del despido ni motivó o utilizó a Carrizosa Cháidez para que lo atacara, pero confirmó algo más contundente: había instrucciones del gobernador para que se fuera, y para que entregara la oficina de manera inmediata (casi se oían los dedos chasqueando en actitud de “rapidito, rapidito joven”).

Cruz Castro se va sin esperanza, incluso con gatos en la barriga, con un enfrentamiento perdido dentro del equipo malovista y dentro del Partido Acción Nacional. Por supuesto que sus reacciones no serán contra el gobernador, a quien en públio y en privado sigue manifestando respeto y agradecimiento, pero con los colaboradores, especialmente algunos de muy alto nivel, como el propio Vargas Landeros, amenaza una guerra que duraría mientras al hoy exsecretario le dure la presencia pública y la cobertura de medios.

La pregunta ahora es si Edgardo Burgos Marentes, el dirigente estatal del PAN que lo defendió antes del despido, y lo olvidó tras el infausto suceso, podrá tener la congruencia necesaria para rescatarlo, ofrecerle una secretaría que le dé juego, oponiéndose a las disposiciones que se atribuyen al tercer piso.

¿AMENAZA DE BOTE?

El otro que pinta para víctima es Ramón Lucas Lizárraga, a quien no le han enderezado ataques de otros diputados ni campañas visibles desde el tercer piso, pero sí algo mucho más directo, concreto y de temerse: señalamientos, acusaciones que provienen nada menos que de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Dice Juan Pablo Yamuni que se han encontrado irregularidades serias en la administración del sistema Conalep en Sinaloa, y no precisamente en la parte que le tocó a Ildefonso Medina Robles. En todos los casos bajo sospecha, Yamuni Robles ha sido muy reservado con los detalles, pero en este caso fue especialmente abierto diciendo que las irregularidades encontradas correspondieron a la etapa del hoy diputado Ramón Lucas Lizárraga.

Incluso el siempre reservado Yamuni se permitió precisar que efectivamente, podría derivarse una acción penal de esas investigaciones.

Es cierto que la mayor parte de los casos que ha manejado Yamuni terminan sin un resultado efectivo y que incluso aquellos que parecen ganados terminan por ser considerados como delitos no graves, pero el hecho de ser sometido a investigaciones y el riesgo de ser el pez gordo de este sexenio resulta poco grato para cualquiera.

Si el asunto prospera habrá que ver en qué queda la situación, pues todavía habría que esperar a que existiese voluntad política en el Congreso, a saber cuál será la reacción del PRD, si opondrá resistencia o se allanará. Por lo pronto lleva perdida la guerra mediática, porque las tales irregularidades, sin especificar todavía, ya son tema de conversación en los ámbitos sinaoloenses de la academia, la política y la burocracia.

INDICION PELIGROSOS: EL

ASESINATO DE UN EX JUEZ

Luego de semanas sin crímenes dolosos y de meses con casos muy espaciados, en estos días se han presentado dos: un joven vestido con ropa de lujo, cuyo cadáver esposado encontraron en el camino a Miravalles, y el de un exjuez, asesinado a balazos a espaldas del edificio de la Subdelegación de la PGR, precisamente por donde está la puerta de operación de la dependencia.

Sámano Bazúa fue por larguísimos años miembro del Poder Judicial, recorriendo el camino más largo, desde los puestos más modestos, hasta sostenerse como juez de lo civil en el Distrito de Mazatlán. De familia modesta, cubrió sus estudios con grandes esfuerzos. Alternaba sus actividades con una posición de maestro en la Escuela de Derecho de Maztlán y después que dejó de ser juez, ejerció la abogacía en su propio despacho, ubicado cerca del sitio donde cayó herido, minutos antes de morir en un hospital.

Su carrera fue ensombrecida por algunas acusaciones que sin embargo no le afectaron en su desempeño, como no fuese por un cambio de adscripción a la Ciudad de Los Mochis.-

Independientemente de las razones de estas acusaciones, el caso es que el crimen fue contra un hombre que ufe juez, que manejó asuntos delicados y que no puede ser manejado como un caso aislado ni mucho menos como un vulgar asalto.

Es parte de la problemática de seguridad que aún está latente en Mazatlán, a pesar de la efectiva disuasión que ha prevalecido durante casi tres años ya. Este crimen hace evidente que todavía están vivos y actuantes los grupos delictivos que llegaron a sembrar el terror, o por lo menos grupos sucesores que manejan las mismas técnicas y son alentados por la misma impunidad.

Mucho trabajo ha costado al gobierno alcanzar las actuales estadísticas en el más atemorizante de los delitos: el crimen doloso, como para permitir que las cosas se vuelvan a desatar. Mucho tiene por hacer la Procuraduría General de Justicia del Estado antes de que el asunto se enfríe y se tienda el velo de la impunidad.