EN LA GRILLA

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*Cobren conforme a 2013, la exigencia; no se oye

*Se va el general Melo; colaboración sin precedente

*La guerra de Carrizosa contra Roberto Cruz Castro

FRANCISCO CHIQUETE

Al ayuntamiento se le agrava el problema del predial, pero lejos de buscar una solución, parece hacerse a la idea de que las cosas van a marchar por si mismas y seguramente porque al final, la cantidad proyectada para recaudar por ese impuesto resulta bastante atractiva, sobre todo porque ahora ya empezaron a ver la magnitud de los compromisos financieros del gobierno.

Ayer el alcalde Carlos Felton, para paliar la situación que se está viviendo, sobre todo ante la opinión pública, acudió a las oficinas de Catastro para cerciorarse de que la gente está siendo bien tratada y bien atendida. Por supuesto, quienes recibieron el gesto de cortesía, respondieron de igual forma, pero el resto de la gente en términos generales se retiró de ahí muy molesta porque sólo hacen cola inútilmente. En el mejor de los casos les dan cita para los dos días siguientes, lo cual no es garantía de que la respuesta será positiva.

Para Felton sin embargo, el tema parece estar si no superado, sí en proceso de superación. Al término del recorrido declaró satisfecho que en el transcurso de estos días se han captado tres millones de pesos diarios, lo que significa que hay confianza de la gente en su administración.

Apenas a media semana el director de Ingresos reconocía que estaban un treinta por ciento debajo de las captaciones registradas en el mismo periodo durante el año pasado, pero al alcalde le dieron números más optimistas que de paso le sirvan para descalificar o reducir la importancia de las protestas que por cierto se siguen presentando.

Lo que no ha querido escuchar Felton ni ninguno de sus colaboradores, es el planteamiento, creciente cada día, de que el impuesto predial se cobre, en los casos problemáticos, con la misma base del año pasado, con un cuatro por ciento añadido para compensar la inflación, que es el mandato dado por el Congreso.

Lo planteó en la propia Cámara el diputado Fernando Pucheta Sánchez, quien había hecho un planteamiento en ese sentido junto con los regidores de la bancada priísta, preocupados por encontrarle una salida al asunto que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la administración (aunque ya le vaya bajando, sin que el turmo reduzca) y en motivo de coraje para la ciudadanía en general.

Ayer entrevistamos en Radio Fórmula al candidato a presidente de la CMIC, arquitecto Adrián Bastidas Bernal, quien considera que en efecto, la salida sería cobrar a la gente lo mismo que en el 2013, y el añadido del cuatro por ciento en que se calculó el impacto inflacionario de ese periodo.

Conocedor del tema, Bastidas, que además de ser un constructor de mucha experiencia, fue director de Planeación Municipal, da un elemento adicional a la propuesta: que el ayuntamiento reciba así los pagos de la sociedad y luego, en los casos conflictivos, mande hacer una investigación, evalúe las fincas y determine si hay alguna diferencia a pagar porque efectivamente se hubiese construido algo que no existiera en el 2013 o que por alguna razón no se hubiese incorporado al valor catastral, en cuyo caso, el causante tendría que pagar la diferencia. De esta manera, explica Bastidas Bernal, ni se presenta una afectación a la gente, ni se detiene el pago a la administración municipal, para no afectarla, y luego se recupera lo que efectivamente es adeudo.

En las redes sociales empezaron a correr llamados de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, en que exhortan a la gente a no pagar ese impuesto. Parodiando un promocional del propio gobierno municipal, llaman a la gente a recoger el recibo, pero no pagarlo. Desafortunadamente después confunden o revuelven la protesta con la mentada y lejos de recordar la parte de la sociedad, en lugar de exigir un cobro justo enfocan baterías contra el exalcalde Alejandro Higuera Osuna, para quien exigen investigación y de una vez por todas, “denuncia penal”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Sinaloa, Jorge Figueroa Cancino, a través de las redes sociales se muestra de acuerdo con la propuesta de “que el ciudadano afectado no pague el predial si en su recibo hay evidencias sobradas de cobros excesivos, hasta que no se aclare su situación.

Figueroa dice en su mensaje que “bien haría el Ayuntamiento de Mazatlán en suspender la recepción de pagos de predial por parte de ciudadanos afectados hasta que se aclare este abuso que se está cometiendo.

El catedrático universitario termina su comentario con la advertencia de que “Estas acciones deslegitima a un gobierno que apenas va empezando”.

Lamentablemente el palacio municipal parece tener mala acústica. No se oye lo que dicen afuera.

RELEVO MILITAR

Esta mañana el gobernador Mario López Valdez acude a la ceremonia de relevo en la Tercera Región Militar. Como se sabe, el general Moisés Melo García cumple la edad reglamentaria y pasa a retiro, de modo que se hizo necesaria su sustitución en el mando de esta demarcación que abarca los estados de Sinaloa y Sonora.

Melo García se constituyó en un gran apoyo para la política de seguridad del gobernador López Valdez. Era en realidad un cuadro básico en la política de seguridad del gobierno federal para esta región, pero su entendimiento con las autoridades locales le llevó a generar acciones mucho más profundas de lo que normalmente podían haberse esperado.

Melo García ha sido reconocido en diversas oportunidades y puntos del estado, de modo que el retiro no lo sorprende sin haber cosechado frutos del respaldo que brindó, especialmente en municipios que fueron muy conflictivos y ahora han dejado de manifestar los problemas, como es el caso de Mazatlán.

ACUSACIONES QUE

RESULTAN SESGADAS

El diputado local Guadalupe Carrizosa Cháidez se lanzó a fondo contra el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Ramsés Cruz Castro, a quien acusó de intervenir con recursos públicos en la vida interna del Partido Acción Nacional, descalificándolo incluso como militante de esa organización.

Carrizosa fue sumamente espectacular cuando llevó sus acusaciones a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, a cuyo titular, Juan Pablo Yamuni, dejó la delicada tarea de determinar si Cruz Castro ha incurrido o no en irregularidades que pueden y deben ser sancionados por la ley.

Por supuesto, cuando se trata de acusaciones de carácter político, las comprobaciones son francamente imposibles, de modo que Yamuni no tardó mucho en emitir un dictamen: no hay nada irregular en la Sedeco, dijo. Eso era previsible. Seguramente que Carrizosa no esperaba que su acusado hubiese justificado gastos con facturas que dijeran “comida para mejorar la imagen personal y política”, o que cubriesen “traslado de militantes para que voten en las asambleas municipales de Elota, Mocorito y Mazatlán, para que voten por candidatos a consejeros afines al secretario”. Por eso tampoco le cuesta trabajo a Yamuni decir que “no hay nada irregular” en Sedeco.

El propósito en realidad era el político. Cuando existe ese sesgo, no es necesario comprobar nada. Cruz Castro ya quedó marcado por una guerra intestina que resultó inesperada y que además tuvo efectos mucho más amplio, pues se da el caso de que un diputado panista, pero sobre todo Malovista sin duda hasta ahora, terminó por cuestionar al gobierno de Mario López Valdez de manera contundente, aunque haya pretendido acotar el asunto “al área que maneja este señor (Roberto Cruz Castro).

Las guerras civiles suelen ser las más despiadadas. Este pudo haber sido el pasaporte para que don Roberto Cruz pasara a la lista de removidos que habrá de darse a conocer por allá del martes, si el gobernador se guarda el descanso del fin de semana largo que está arrancando.

¿CUÁL ES LA TIRADA DEL

PRD EN EL CONGRESO?

La fracción del PRD presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para reformar los artículos que tienen que ver con el informe anual de labores del gobernador.

Se trata, explica la diputada Imelda Castro Castro, de que el gobernador presente su informe directamente ante los diputados, que comparezca y actúe en la rendición de cuentas de que habla la ley.

Hace sólo unos días que se produjeron las comparecencias ante el Congreso, de los secretarios de Seguridad Pública, Administración y Finanzas y Desarrollo Económico, además del Procurador General de Justicia del Estado. La experiencia fue desastrosa y no precisamente para los funcionarios, sino para la imagen del Congreso.

Si la comparecencia de secretarios de despacho fue manejada con una extremada campana de protección, ¿para qué quieren de nuevo al gobernador en la Cámara de Diputados? Es obvio que no se podrá dar un diálogo libre ni mucho menos de iguales, como tampoco podrán hacerle los honores que antes se dispensaban a Presidentes de la República, gobernadores de los estados y hasta a Presidentes Municipales.

En tanto no haya reglas que todos respeten y una relación verdaderamente equilibrada, estos ejercicios terminarán en fracasos