EN LA GRILLA

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*Cambio en el trato de Malova con el pasado

*Héctor Ponce Ramos está libre bajo fianza

*Desbarajuste entre panistas de un lado y otro

FRANCISCO CHIQUETE

¿Qué cambió?

El asunto de la Secretaría de Salud parecía resuelto, planchado, como suelen decir los que participan en la actividad política, pero este domingo volvió a reventar con un el anuncio de una orden de aprehensión contra el exsecretario Héctor Ponce, quien desde el principio de la administración malovosta, se convirtió en la presa más apetecida de la tarea moralizadora anunciada por Mario López Valdez durante su campaña electoral.

Desde el principio, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, a cargo de Juan Pablo Yamuni, se dirigió a las cuentas de la SS. Había quien apostaba que conocían de antemano el tipo de resultados apetecidos, pero repentinamente se produjo una parálisis que parecía indicar que no se contaba con los elementos suficientes o por lo menos que el momento político no era el adecuado para proceder como se buscaba.

No lo era, se dijo, porque el régimen malovista estaba buscando respuestas positivas para sus proyectos en un Congreso Local teóricamente adverso. Fue así como se aprobó un subsidio parcial a la tenencia vehicular, como lo planteaba el propio Malova, y a contrapelo de la decisión priísta de llevar el gravamen a la desaparición total, como se había dicho en la campaña, antes de sacar cuentas sobre lo que costaría al erario una decisión de ese tamaño.

Luego vinieron acciones contra una pieza aparentemente menor: el administrador Isaac Lugo, a quien persiguieron, detuvieron, interrogaron… y dejaron ir luego de ocho horas en que prácticamente estuvo incomunicado en una acción que se justificó con la fórmula del cumplimiento de una “orden de presentación”.

Paralelamente, en el Congreso siguieron caminando cosas y acuerdos. La administración obtuvo un satisfactorio respaldo mayoritario, prácticamente unánime, para el megacrédito que parecía empantanarse, pero que la libró con una pequeña reducción  de cuatrocientos millones respecto del monto originalmente solicitado.

El priísmo fundamentalista recibió a cambio una mayoría combinada con elementos de la coalición malovista en la aprobación de la última cuenta del gobierno de Jesús Aguilar Padilla, lo que de paso parecía llevarse los vestigios de la averiguación sobre Isaac Lugo y por supuesto, el resto de las implicaciones.

Como colofón, se vio el regreso del PRI a la mayoría absoluta del Congreso, a casi todas las alcaldías que perdió en 2010 (excepto Mazatlán y Angostura, donde repitió el sucedáneo de aquella coalición. Aunque el gobernador no regresó al PRI, su trato con ese partido, sus negociaciones y sus avances han sido importantes. Incluso ha conseguido un desplazamiento casi total de la corriente aguilarista, lo que hacía dar por terminados todos los litigios pendientes.

Todavía más: el propio gobernador se ha encargado de apagar fuegos revanchistas contra los grupos políticos que fueron desplazados por el relevo en los municipios. En Guasave dio un fuerte y público jalón de orejas a Armando Leyson, El Kory,  por los abucheos ocurridos contra los priístas durante la toma de posesión y por las versiones que corrieron por todo Guasave, en el sentido de que metería a la cárcel a varios de quienes estuvieron en el gobierno el trienio pasado. Hay que dejar atrás las miserias humanas y ver hacia adelante, recomendó Malova a quien evidentemente era uno de los dos candidatos que se empeñó en ver ganadores.

(En Mazatlán enfrenta una tarea todavía más pesada, pues se trata de impedir el enfrentamiento entre dos corrientes del PAN, o por lo menos el fusilamiento a Alejandro Higuera Osuna, que parece estar en marcha entre las filas feltonistas.)

Con todos estos antecedentes, parecía poco probable que se reviviesen los casos viejos, pero el domingo, sin antecedentes en el corto ni en el mediano plazo, el procurador general de Justicia Marco Antonio Higuera, un hombre excesivamente parco, soltó la noticia de que sus colaboradores lograron una orden de aprehensión contra el ex secretario de Salud, como había conseguido la detención de dos exfuncionarias de Cobaes por un peculado de ocho millones doscientos mil pesos.

Ponce por su parte, dice que se va a defender y a salir avante porque no ha cometido ningún delito ni ha tenido un desempeño irregular en su trabajo como servidor público. La orden de aprehensión no ha tenido efecto porque el médico gestionó y obtuvo un amparo que de entrada le permitió enfrentar en libertad una parte del proceso, para seguir luego con el pago de una fianza, pues el deliro que se le imputa (desempeño irregular del servicio público, no implica peculado y permite precisamente eso: salir en libertad bajo fianza, aún en condiciones de culpabilidad..

Pero independientemente de cómo termine todo esto, de quién tenga la razón y sobre todo de quién logre demostrarla jurídicamente, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué cambió en el ámbito político, qué nuevos escenarios se advierten que llevan a esta drástica transformación de las investigaciones?

Desde luego, una obligación ineludible de todo gobierno es sancionar las conductas delictivas o irregulares. Es además una de las expectativas que generan las alternancias, de modo que nadie tendría derecho de pedir al gobierno de Mario López Valdez que se haga de la vista gorda por cuestiones de carácter político, pero es obvio que hubo un cambio de decisión. Insistimos: ¿Qué pudo haberlo motivado?

EL TRUENE DE LA

FÓRMULA PANISTA

Los Higueristas siguen resentidos, no sólo por el desplazamiento natural tras el término de un trienio, sino por el trato que han recibido tanto los funcionarios que se quedaron sin chamba, como la corriente política en general, a la que no le han respetado absolutamente ninguno de los acuerdos a los que aparentemente ya se había llegado.

El caso más reciente es el de la elección de dirigente del comité municipal del PAN. Se había establecido que el presidente del comité sería el diputado Martín Pérez Torres, elemento surgido de las filas del higuerismo, pero que por pragmatismo, se acercó a Felton después de la elección. Ni eso le valió.

Aunque declaró que no se metería en el proceso, se dice que su decisión final fue jugar el todo por el todo. O se acaba Higuera para que en el PAN no se le enfrente más competencia, o lo aguanta él por los tres años que se vienen.

La decisión sin embargo no va sola. Implica también deshacer las posibilidades de alcanzar o mantener acuerdos con Martín Heredia Lizárraga, el diputado federal que ha alcanzado buenos niveles de relación con la dirigencia nacional gracias a que de facto, Malova lo ha colocado en la coordinación de los asuntos gubernamentales del PAN en Sinaloa. Por supuesto, la ruptura o falta de acuerdos con Heredia, se refleja de algún modo en la relación con el gobernador Mario López Valdez, independientemente de que éste mantenga el trato institucional.

Este será sin duda el reto más importante que el propio Carlos Felton se ha echado encima. A fin de mes empezaremos a ver si fue una medida acertada o un error de cálculo, aunque los resultados definitivos para la evaluación no vienen con la elección del comité directivo municipal, sino más adelante.

Pero no todos los higueristas están pensando en términos de guerra. La exdirigente sindical Araceli Millán, quien fuera directora de Bienestar Social (mientras su esposo lo era de Servicios Públicos Municipales), busca caminos para incorporarse a la administración de Felton, aunque no sea ya en el nivel de preeminencia que tuvo, pues tampoco está en condiciones de negociar ya una representación sindical ni mucho menos, pero considera que su participación en el proceso que desembocó con la victoria panista en julio pasado tuvo un valor electoral que debe recompensarse.