EN LA GRILLA

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*¿La pluralidad ata las manos a Malova?

*Partidos pelean posiciones, no programas

*Mazatlán tranquilo ¿y el resto del estado?

FRANCISCO CHIQUETE

En la víspera de su segundo informe de labores –noviembre de 2012-, el gobernador Mario López Valdez reconoció tras la entrevista con los conductores de Guardianes de la Noche, que analizaba posibles cambios en su gabinete, aunque hizo una acotación: voy a procurar mantener la presencia de todos los partidos porque esa pluralidad ha dado sustento a nuestras actividades, de modo que quien salga del equipo, será sustituido por otra persona de su misma corriente.

Este condicionamiento suena políticamente correcto, pero ha terminado por convertirse más en un instrumento para el chantaje político que para la convivencia plural o el reconocimiento de las organizaciones y los actores políticos a una apertura que como dice el propio Malova, no tiene precedentes, independientemente, acotamos nosotros, de los resultados o las virtudes que se le puedan reconocer o rebatir.

No sabemos si acelerado por sus aspiraciones partidistas o empujado a buscar definiciones por sus padrinos, Eduardo Ortiz fue invitado a dejar la secretaría de Desarrollo Económico a la que llegó cuando Malova hacía alarde de su paisanaje entusiasta a favor de las pretensiones presidenciales de Heriberto Félix Guerra.

El caso es que a su sitio llegó otro panista, como Roberto Cruz, un malovista azul de cuyas fidelidades partidistas no hay duda, aunque milite en una corriente distinta a la de Félix Guerra, de modo que ya hubo ahí una corriente que se sintió disminuida,

Cuando se fue Oralia Rice, casi por aclamación popular, su lugar fue ocupado por otro personaje del PAN: Frank Córdova Celaya, llegado al equipo como colaboración del gobernador sonorense Guillermo Padrés.

Córdova a su vez era secretario de Seguridad Pública del estado, puesto que dejó temporalmente en manos de Genaro García, cuya procedencia partidista se atribuye al PRI por el hecho de haber participado en administraciones surgidas de ese partido, aunque no haya pruebas específicas de militancia.

Al final se quedó con el cargo y empezaron los reclamos de parte de Edgardo Burgos Marentes, dirigente estatal de Acción Nacional, porque un priísta sustituyó a un panista, situaciones que no se dieron mientras unos y otros se veían como aliados para acceder a la gubernatura.

En los espacios que corresponden al PRD, si bien de menor jerarquía –excepto la Secretaría de Agricultura-, el control ha sido mucho mayor. Quienes han salido, desde una dirección general, como Ramón  Lucas Lizárraga, que pasó de director de Conalep a diputado local –plurinominal, por supuesto- fue sustituido con otro militante del perredismo. En el Icatsin Audómar Ahumada Quintero tiene a todos sus allegados de todos los puntos del estado.

Cuentan que cuando se instalaba el gobierno, todos los funcionarios tenían la obligación de ir con el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, a recibir las listas de los participantes de la campaña por la gubernatura. Sólo los funcionarios perredistas hicieron caso omiso del requisito, Se lanzaron por su cuenta a hacer sus designaciones y así se han mantenido a lo largo de estos tres años, incluyendo las sustituciones que hubiesen sido necesarias en este periodo.

El apego de los partidos a esos puestos ha sido tan acendrado, que hoy se utilizan como instrumentos para dirimir las luchas internas.

Así, el exdiputado y exsubsecretario Sadol Osorio Porras acaba de hacer el mismo reclamo que Edgardo Burgos, pero enderezado ahora contra el propio Burgos por haber permitido que se despidiera a muchos panistas de la Secretaría de Seguridad. Él mismo es uno de los casos que a su juicio debieron haber sido defendidos, aunque no lo diga tan explícitamente.

El caso es que tanto los reclamos de Burgos como el que se hizo al propio Burgos, hablan de panistas echados del gobierno, pero no de especialistas o de personal capacitado para la tarea en que estaban. De lo que se trata es de defender las posiciones burocráticas o las prebendas salariales conseguidas por participar en la campaña adecuada, no de ver la responsabilidad que como partidos o corrientes políticas tienen para que el gobierno funcione adecuadamente, con las personas adecuadas por supuesto, mucho menos de pelear por la existencia de programas de gobierno, políticas públicas acertadas, completas y efectivas.

Por estos días el gobernador analiza de nuevo las condiciones en que habrán de presentarse los cambios. Aunque en una especie de jugueteo político los niega, les abre la puerta, los vuelve a negar y los vuelve a abrir, es un hecho que habrá cambios que afectarán a varias de las dependencias.

Pero hay problemas de diversa índole, sobre todo con las procedencias partidistas. Por supuesto, Aarón Rivas Loaiza, el exalcalde culiche, está apuntado para irse a la secretaría de Desarrollo Urbano, pero cómo se puede hacer para que los panistas acepten el desplazamiento de José Luis Sevilla, aun cuando les ofrezcan trasladarlo a la Sedeco, de donde saldría supuestamente Roberto Ramsés Cruz. El problema es que con la conformación actual, los dos secretarios son del bando panista, mientras que después de los cambios perderían una posición… A menos que hubiese un tercer movimiento en perjuicio del ala priísta, en cuyo caso habría que enfrentar situaciones también serias con alguna de las corrientes afectadas y por supuesto, las repercusiones ante la opinión pública.

¿ABRE LA PUERTA EL

CASO DE LOS COBAES?

Dos empleadas detenidas por un desfalco de ocho millones de pesos muestran que en Cobaes, como probablemente en otras áreas oficiales, está pasando algo que puede ir más allá del típico “caso aislado”.

Que se hubiesen emitido más de seiscientos cheques para cometer el fraude no puede ser algo que quede entre dos compinches, entre dos comadres de oficina que se tapen unas a otras exitosamente por un periodo que les permitió amasar esa ganancia nada despreciable. Hubo quiénes protegieron esas acciones indebidas, como finalmente hubo quién las puso al descubierto para que actuase la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y hasta la Procuraduría de Justicia del Estado.

Qué bueno que se proceda, que no se tienda el manto protector motivado por el buen nombre del gobierno. Entre más se sancionen estas trapacerías, mejor nombre adquirirá el régimen, aunque todavía existan quienes quieran actuar bajo los dictados de la vieja escuela. Falta entonces que la investigación avance y dé certidumbres de haber llegado hasta las últimas consecuencias, hasta los eslabones más altos de esa cadena de corrupción.

Es una pena que el asunto muestre las debilidades de un administrador como el maestro Juan de Dios Palazuelos, quien llegó a esa dirección precedido de un gran prestigio académico y ahora enfrenta una situación difícil, por más que nadie ha externado y esperemos que no la externen, la menos sospecha respecto de él en este caso. Lo que sí ocurre es que se genera una referencia, seguramente injusta, respecto de quién es el responsable final e los recursos de la institución.

Durante varias semanas se ha hablado de posibles cambios en el sistema estatal de bachillerato, sin que nadie se hubiese atrevido a confirmar nada. Hoy este caso, aunque no implique al titular, podría abrir la puerta para que el expresidente municipal de Mazatlán,. Alejandro Higuera Osuna, alcance la habilitación política que le quitaron primero la derrota electoral y luego el vencimiento de su último trienio como alcalde.

BUEN RESULTADO, PERO

TODAVÍA FALTA EL MARCO

Por ercer año consecutivo, Mazatlán fue dejado al margen de las alertas de viaje que el gobierno estadounidense emite a sus ciudadanos respecto de los viajes que planeen para diversas partes del mundo.

En un resultado por demás importante, Mazatlán fue considerado como un sitio seguro, incluyendo los traslados al aeropuerto y por supuesto, los recorridos en las zonas turísticas de que dispone el puerto, lo que siempre resulta reconfortante para una industria tan sensible como es la turística.

Ha sido necesario un esfuerzo importante no solo en la seguridad misma, sino en la percepción de los pobladores y sobre todo de los encargados de hacer las mediciones. Cuando un lugar pasa por los problemas que vivió Mazatlán hasta bien entrado el 2011, es necesario hacer un trabajo diplomático muy fuerte, incluso después de haber logrado un cambio objetivo del panorama, y en el caso de Mazatlán, es evidente que se ha hecho y que ha habido resultados.

El problema es que el resto del estado sigue apareciendo en los “warnings” del Departamento de Estado, especialmente sus carreteras del centro y norte de la entidad, donde con todo y las reducciones que permanentemente se esgrimen, la situación suele ser difícil por acontecimientos que alarman a cualquiera, con más razón a nuestros puntillosos vecinos del norte, que por otra parte cumplen con su trabajo de advertir a sus conciudadanos..

El hecho es que por más limpio que aparezca nuestro puerto, no podemos disociarlo de la mala situación que se da en aquellas partes del estado, como no se puede evitar que se considere riesgoso llegar hasta nosotros a través de esas carreteras. La tarea, es evidente, es de largo plazo, demasiado largo, por desgracia, aunque los avances no sean nada despreciables.