ACUERDOS EN LA MAZATLAN-DURANGO

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Pagará la SCT a campesinos

afectados en un plazo de 45 días

Durango, Dgo.- Ejidatarios afectados por la autopista Mazatlán Durango llegaron a acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sus tierras sean pagadas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, lo que distiende un conflicto que amenazaba con un bloqueo al acto inaugural de la rúa, programado para el próximo día 17 de este mes.

Tras intensas rondas de negociaciones en las que participaron representantes de campesinos afectados por otras obras carreteras -fundamentalmente la Villa Unión-Tepic-, se determinó fundamentalmente que el precio base para el pago será el comercial y no el fiscal, que funcionarios de la SCT pretendían imponer; que los avalúos los hará Indaabin o en su defecto, profesionistas especializados, capacitados y reconocidos oficialmente, y que el pago no excederá de 45 días, incluyendo un lapso de por lo menos quince días para que los precios sean discutidos por autoridades y afectados.

Por parte de la SCT estuvo la directora general Adjunta Legal y de Transparencia de la Subsecretaría de Infraestructura, América Trejo de la Luz, quien dio garantías a los dirigentes campesinos de que el proceso de pago se realizará con estricto apego a las disposiciones legales y a los términos del acuerdo.

En los avalúos serán incluidos, además del precio de la tierra, las indemnizaciones por los daños y perjuicios que la obra causó en las huertas, parcelas e instalaciones de los campesinos, un reclamo que no había encontrado eco a pesar de que en principio se llegaron a tener acuerdos en ese sentido.

De acuerdo con el representante de los campesinos, Ernesto Pérez Virgen, el primer encuentro se dará el próximo día once, cuando haya una reunión en Mazatlán para que las partes presenten sus respectivos avalúos y empiecen a analizarse las posibles diferencias de cantidades o de criterios.

Finalmente se decidió realizar una revisión conjunta de los pagos hechos ya a campesinos afectados, para determinar las cantidades exactas que se han pagado, la justicia de los precios y condiciones, y también para controlar posibles excesos de una u otra partes a lo largo de este proceso que ha sido muy accidentado.