Un grupo de la Familia Michoacana amenaza de muerte a la candidata de la coalición Va por México y velocista olímpica, Zudikey Rodríguez, y la obliga a retirarse de la contienda electoral
Nadie quería un escándalo. Lo más riesgoso cuando el narco amenaza de muerte es la indiscreción. El lunes, después de un acto de campaña en Valle de Bravo, la candidata a presidenta municipal de la coalición Va por México, Zudikey Rodríguez, recibió un aviso letal: apártate o te apartamos. La literalidad del mensaje no está clara, hay diferentes versiones de lo que se concretó esa tarde, pero sí el objetivo: Zudikey, exvelocista olímpica y conocida por aparecer en un reality show deportivo, no ha ofrecido un solo acto público desde ese día, su actividad electoral en plena recta final de la campaña se ha esfumado. El caso de Rodríguez, como el que sufren muchos otros candidatos locales, pudo haber quedado en la sombra, pero ha escalado al debate nacional y muchos de sus compañeros temen estos días por su vida. Cuando la amenaza se vuelve una noticia, la mano que aprieta el gatillo se tensa y puede disparar contra cualquiera.
Ni Rodríguez ni nadie de su partido, el PRI, ni de la coalición que representa (PRI, PAN, PRD), ha hecho un comunicado oficial ni una denuncia ante las autoridades sobre lo sucedido. La Fiscalía del Estado de México ha confirmado a este diario que hasta este viernes no tienen registrada una sola demanda ni una alerta de que en Valle de Bravo están amenazando de muerte a una candidata y decidiendo a punta de balazos el resultado electoral. Rodríguez envió la noche del jueves un mensaje en vídeo ante la oleada de noticias relacionadas con su seguridad en el que tampoco lo menciona, pero entre líneas lo constata: “Quiero decirles que estoy bien, que los quiero mucho, equipo, y que les agradezco su apoyo incondicional”. Esta ha sido la única aparición pública en cuatro días.
Fuentes políticas cercanas a la contienda electoral de Valle de Bravo han confirmado a este diario que la campaña de Rodríguez se ha replegado. La casa de campaña está cerrada, se han cancelado los eventos programados para esta semana, y buscan simplemente esperar a que el próximo 6 de junio los votantes duros del PRI y los convencidos con la coalición salgan a votar. Sin hacer más ruido, únicamente con su nombre en la boleta. “Les están haciendo una pinche campaña nacional con esta noticia. Aquí va a haber más pinche desmadre, solo espero que no se caliente la plaza y que la cosa sea entre ellos [los criminales y funcionarios corruptos]. Que a nosotros nos dejen tranquilos”, cuenta un agente político involucrado en la campaña, que prefiere no desvelar su nombre por motivos de seguridad.
El caso de Valle de Bravo (a dos horas en coche de la Ciudad de México) refleja lo que sucede a menudo en la oscuridad de las batallas políticas locales, donde el narcotráfico interfiere a punta de pistola y con fajos de billetes. Pero este municipio es uno de los enclaves turísticos más importantes del centro del país. Aquí tiene su residencia de fin de semana gran parte de la clase alta de la capital, con mansiones con vistas al lago artificial o al espeso bosque y jacuzzi en la puerta. La inestabilidad política en este municipio ha sido un quebradero de cabeza para Gobiernos federales desde hace años. Cuando en 2013 y 2014 la inseguridad se salió de control —asaltos a las mansiones, secuestros, balaceras—, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió a sus recién estrenadas fuerzas federales (la gendarmería) y al Ejército para poner orden en la joya de la corona del descanso de los ricos del centro del país.
El narco que opera en esta zona es un remanente de la histórica Familia Michoacana —pues el municipio colinda con Michoacán y parte de Guerrero, dos de los Estados más calientes del país— que ha pactado con el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación para controlar los municipios del sur del Estado de México. Pero los líderes de la plaza de Valle de Bravo son la versión más empresarial del crimen organizado. El negocio aquí, cuentan exfuncionarios locales del municipio, no está tanto en la venta y distribución de droga, sino en la construcción y la extorsión. Los desarrollos inmobiliarios y las obras públicas son la diversificación más rentable del cartel. Y para obtener esas ventajas en las concesiones públicas es necesaria una colaboración estrecha con los gobernantes de turno.
Los motivos por los cuales Rodríguez fue amenazada de muerte no están claros. Algunos medios locales han especulado acerca de la relación de su principal rival, Michelle Núñez (de Morena) con el actual director de Aduanas a nivel federal, Horacio Duarte, y el poder que puede tener el funcionario para controlar a los criminales en esta y otras zonas del país. En algunos de los vídeos publicados esta semana aparece Duarte en actos de precampaña de la candidata de Morena en Valle de Bravo y la senadora Lily Téllez ha publicado en sus redes sociales que hará una petición a la Cámara para que el funcionario acuda a declarar públicamente su relación con la contienda local. Pero en cualquier caso, el vínculo del partido con el crimen organizado para apartar a Rodríguez es de momento un simple rumor.
Lo que queda consolidado con el caso de Rodríguez es el poder del narco en el país. Capaz de amedrentar candidatos y asesinarlos si es preciso, de decidir y controlar cualquier proceso democrático: desde diputaciones locales, ayuntamientos y legisladores federales. Desde que comenzaron los registros para el proceso electoral en septiembre han sido acribillados a balazos 79 políticos (31 de ellos candidatos), según los últimos datos de la consultora en seguridad Etellekt. En total, 198 víctimas mortales, entre funcionarios públicos sin militancia, candidatos y familiares de estos en solo nueve meses. Los primeros en la línea de fuego son candidatos a alcaldías municipales, como Rodríguez. Valle de Bravo se ha convertido en el último ejemplo de cómo la ley del plomo gobierna de facto el país.
Información por EL PAÍS
