La FGR estima que pudo haber recibido más dinero, pero Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado, no recuerda los montos.
La imputación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Luis Lavalle Maury prácticamente ha hundido al ex senador porque una magistrada federal consideró que hay datos de prueba suficientes para presumir que sí recibió 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, y que lavó 52 millones 390 mil pesos.
En el expediente se menciona que la FGR cuenta con información en el sentido de que el monto puede ser superior, porque además de las 15 entregas de dinero que recibió el ex legislador a través de Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado, éste último aseguró que se realizaron otras entregas en diciembre de 2013, en las que no se firmaron recibos y cuyo monto no recuerda.
Por esta razón, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola rechazó otorgar el amparo contra la resolución del Tribunal Unitario en Materia Penal que ratificó la vinculación a proceso del ex senador por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Lavalle Maury alegó que la FGR presentó pruebas ilícitas, entre éstas el video donde se ve a Caraveo Opengo recibiendo fajos de billetes (12 millones de pesos) y que los recibos no debían tener valor, porque no se advierte en estos el nombre de las personas que entregaban y recibían el dinero, ni el concepto por el que se hacía la entrega. Aseguró que en los recibos sólo se aprecia un “garabato”, pero no delata la identidad de la persona que lo plasmó.
La magistrada determinó que esto es “lógico y congruente” porque la entrega de numerario no obedecía a una relación contractual o comercial que obligara a que se anotaran los datos de identificación de los intervinientes y el concepto de la operación.
También señaló que en la resolución de primera instancia se tuvo por demostrado que la intención de la asociación de legisladores panistas denunciados por Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, era concretar la reforma constitucional en materia energética, “pero no por un deber como servidores públicos, sino por un interés económico que injustamente recibían”.
Según la FGR, las entregas de dinero fueron acordadas a través de mensajes de texto en diversos números telefónicos de aparatos que eran desechables.
“Los recursos eran entregados en maletas con ruedas para facilitar el transporte de dinero en efectivo; el enlace que acudió por parte de los legisladores del (Partido Acción Nacional) fue (Rafael Caraveo), quien en algunas ocasiones firmó acuses de recibo que amparaban la entrega del numerario…”, detalla el expediente.
La FGR aseguró que Lavalle Maury recibió 97 millones 100 mil pesos, de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recursos que obtuvo indebidamente, con la finalidad de que él y otros legisladores promovieran y emitieran su voto a favor de la reforma energética.
Rafael Caraveo dijo a la FGR que a finales de 2013, Lavalle Maury le pidió acudir por unos expedientes, para lo cual le dijo que llamaría a una persona, con quien acordó verse en la contra esquina de la sede del Senado, lugar al que llegó caminando, y en el que ya lo estaba esperando José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Emilio Lozoya, en una camioneta tipo Suburban, quien le pidió que abordara el vehículo y le entregó una maleta color negro en cuyo interior había fajos de billetes y no expedientes.
El ex secretario manifestó que el senador le hizo creer que dichos recursos eran de un pago que le debían; posteriormente, le dijo que era un apoyo por su campaña como gobernador en el estado de Campeche.
Por último, le manifestó que era la única persona en quien podía confiar para la recepción de los recursos, y que para que no se arriesgara a recibirlos en la vía pública y tuviera confianza de que no correspondían a una actividad ilícita, para las subsecuentes ocasiones iba a arreglar que las entregas se hicieran en una oficina y se suscribieran recibos para la recepción del dinero.
Información por MILENIO
