El magistrado José Luis Vargas fue el único en votar en contra, pues hace unas semanas él presentó un proyecto en el que rechazaba que el INE pudiera garantizar esta modalidad.
Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que implementar para la elección federal del 2024, un programa piloto para que los mexicanos en el extranjero puedan votar en embajadas y consulados, ya sea en casillas y con boletas físicas o en urnas electrónicas.
La magistrada Janine Otálora le dio la razón a los migrantes que alegaron que en la consulta popular el INE no les garantizó su derecho para participar, como indica la ley, en embajadas y consulados, pues esta afectación va más allá de ese proceso ya que impacta en cualquier proceso electoral.
Agregó que a los mexicanos en el extranjero no se les permitió ejercer su derecho para emitir el voto de manera presencial en embajadas y consultados, por lo que esto se debe remediar al menos de manera piloto en el próximo proceso federal que en este caso, es el del 2024.
“La propuesta que presento plantea que la ley indica expresamente tres vías para que puedan ejercer su sufragio las y los residentes mexicanos en el extranjero y reconoce también la facultad del INE de materializarlas, más no de seccionarlas, por lo que si en el reciente proceso el INE implementó solo dos modalidades, la votación por correo postal y de manera electrónica sin instalar módulo alguno en las sedes diplomáticas, entonces, en mi opinión, incumplió con su obligación de cumplir con una de las tres vías”.
Destacó que el INE debe dar un enfoque de progresividad, pues en el reciente proceso votaron vía electrónica dos mil 456 personas y solo cinco mil 623 lo hicieron en modalidad postal, del total, el 65 por ciento de estos votos provenía de personas residentes en Estados Unidos, lo que demuestra una gran falta de participación.
“El INE debe encargarse de materializar lo que ya se encuentra en al ley, para lo cual, sugiero que se ordene al INE explorar las herramientas que posibiliten a las personas residentes en el extranjero en el siguiente proceso electoral, al menos de manera piloto, el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales a través de las tres modalidades.
“Así, se propone que el INE realice convenios de colaboración y estudios para encontrar las herramientas que pudieran implementarse, entre las que pudiera encontrarse la urna electrónica”, agregó Otálora.
El magistrado José Luis Vargas fue el único en votar en contra, pues hace unas semanas él presentó un proyecto en el que rechazaba que el INE pudiera garantizar esta modalidad, sin embargo, su propuesta fue declinada por el resto de sus pares y se turnó a Otálora, por lo que él señaló que por congruencia, mantendría su visión anterior.
“Me aparto del proyecto porque se establece que el verbo que es “podrá”, el INE podrá implementar tres tipos de metodología para hacer valer el voto de los mexicanos en el extranjero, en ese sentido, el instituto evidentemente tiene la obligación de hacer valer el voto, pero no solo depende del INE sino de otros factores y autoridades. Dice “podrá”, mas no “deberá”.
“La propuesta es interesante, pero me recuerda esto un poco a las clases de teoría de derecho en las que se nos enseñaba cuáles eran los derechos programáticos, que son los que no se alcanzan a hacer efectivos del todo porque para que un ciudadano pueda tener techo, salud y educación requiere que le Estado se los pueda prever y garantizar y en tanto eso no suceda, se trata de derechos incumplidos y estamos ante una posición similar”.
Vargas sostuvo que sería “un tanto cruel” acusar al INE de omisión cuando “sí hizo su trabajo. No se trata de querer o no querer que se ejerzan los derechos sino saber si son viables”, pues incluso, este implica que la autoridad electoral requiera más presupuesto.
Sin embargo, fue el único con voto en contra mientras el resto de los magistrados respaldaron el proyecto por considerar que es momento de maximizar los derechos de los mexicanos en el extranjero.
La magistrada Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón coincidieron en que le corresponde a las autoridades electorales garantizar que la comunidad migrante ejerza sus derechos políticos-electorales.
“El derecho existe, es claro y es expreso, y esto se puede llevar a cabo a través de módulos que tengan casillas físicas o electrónicas, me parece que las urnas electrónicas sería lo mejor, el sufragio digital.
“El proyecto plantea que exista al menos una prueba piloto para el 2024, es decir, este derecho tampoco se está estableciendo de manera inmediata a la siguiente elección, sino que ordena al INE para que se prepare y en tiempos razonables para preparar esta estrategia”, agregó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
De esta manera, con seis votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE comenzar los preparativos para determinar cómo garantizará el voto desde embajadas y consulados.
Información por MILENIO
