Sinaloa, Encuentro Agropecuario
El Congreso del Estado aprobó este miércoles que Sinaloa sea sede de un Encuentro Nacional Agropecuario con el propósito de que el artículo 27 de la Constitución Mexicana, recupere los ideales de justicia social en el campo y garantice la soberanía alimentaria, pues las reformas salinistas de 1992 condenaron al ejido prácticamente a su desaparición.
En rueda de prensa, los diputados Serapio Vargas y Cinthia Valenzuela, además del líder del CAM), José Ulises Gaxiola, hicieron el anuncio. El legislador Vargas reiteró que las reformas salinistas del 27 Constitucional modificaron el sistema de propiedad que protegía a la familia ejidal y al campo mexicano. Como consecuencia, condenó, el ejido y la comunidad resintieron una serie de afectaciones que diluyeron la naturaleza social que antes les caracterizaba.
Señaló que uno de los objetivos de este Encuentro Nacional Agropecuario debe ser restablecer al ejido y a la comunidad el carácter de propiedad social, para reposicionar a los ejidos y comunidades rurales como protagonistas principales del desarrollo del campo y sujetos prioritarios de las políticas públicas.
Los conferencistas coincidieron en que se prepara la convocatoria para este congreso se realice en octubre o noviembre.
Serapio Vargas afirmó que las reformas salinistas pretendían el aniquilamiento neoliberal del sector social acabando con los créditos, el control de insumos, la producción y los precios de garantía.
Dijo que la reforma salinista permitió la enajenación indiscriminada de las parcelas, patrimonio de las familias ejidales, y actualmente se pueden vender, lo que regresa al ejidatario a la condición de jornalero de su propia tierra. “El crédito era obligatorio para el ejido y al desaparecer, la gente tuvo que acudir a los coyotes porque no tenían las garantías, y para sobrevivir tuvieron que rentar o vender sus tierras”.
Impunidad en Desapariciones
Ante el “alarmante” número de desapariciones en el país, estimado en casi 115 mil personas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, expresó su preocupación de que haya “impunidad casi absoluta” en México en este tema. La ONU pidió al gobierno de AMLO transparencia en la materia.
En un informe publicado esta semana, después de que el comité mantuviera un diálogo con representantes del gobierno mexicano del 13 al 15 de septiembre, el Comité de la ONU encargado de la lucha contra estos delitos lamentó “la persistencia de una situación generalizada de desapariciones” en el país, y los limitados avances en la persecución penal de éstas, provocando una “impunidad casi absoluta”.
En los estados de Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, donde destacan los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, el Comité de la ONU advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Se subraya la resistencia de algunas autoridades a la hora de compartir información con ese registro nacional, o la poca claridad sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
En este sentido, los expertos del Comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos
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El informe también lamenta que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de las labores de búsqueda e investigación que debería es competencia del Estado Mexicano.
Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
El informe da cuenta también del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médicos y forenses mexicanos, desbordados e incapaces de lograr su adecuada identificación y conservación. “El 89% de los más de 53 mil cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022”, se indicó.
México sufre “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones“, subrayó el informe de la ONU.
Apretarle las Tuercas a AMLO
Ya está en la ciudad de México la delegación estadounidense de alto nivel que la integra Antony Blinken titular del Departamento de Estado, el fiscal general, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para reunirse con el Presidente de la República y hablar, entre otros temas, del fentanilo, los migrantes y el crecimiento y peligro de los cárteles mexicanos para los EU.
Sin duda que saldrá a relucir la violencia creciente en nuestro país y las muertes de personas que diariamente se dan en el país por la violencia del narco.
Medios de comunicación de ambos países publicaron la postura EU que eleva la presión después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos frenara la ayuda a México con el argumento de que el gobierno federal no combate el fentanilo.
El Presidente de la República minimizó el asunto y llamó “ridículos” a los congresistas norteamericanos. AMLO dijo que por la época electoral en Estados Unidos, utilizan estos asuntos lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio con propósitos politiqueros”.
En fechas recientes, las autoridades de EU han dicho que vienen “con todo por el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos”, hijos del capo preso en EU, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Habrá apretón de tuercas a la política de abrazos y no balazos del Presiente de la República?
