*Unidad para salvar al país
*Gobierno engarrotado
*Abusos en Mazatlán?
UNIDAD PARA SALVAR AL PAÍS
Los partidos políticos opositores (PRI, PAN, PRD y MC) al gobierno del Presidente de la República se unen para pedirle al Mandatario que reaccione a la precaria situación del país y proponen dos decálogos, uno de salud y otro económico, sobre todo a raíz de la declaratoria de la Fase 3 del Covid-19 y se establezca una agenda urgente de salvamento y acción en ambas áreas.
En lo económico, piden al Presidente de México aplicar 40 mil millones de pesos aprobados para el Insabi, en la atención de los enfermos por el coronavirus a través de privilegiar en la adquisición de equipos e insumos principalmente a empresas mexicanas a fin de impulsar el mercado interno.
De igual forma, solicitan un “seguro de desempleo” que evite que millones de mexicanos pierdan su trabajo en los próximos cuatro meses y se eche a andar un Programa de Empleo Temporal, así como un programa de liquidez para pequeños comercios y cooperativas.
Todo ello, en forma paralela a un programa de créditos para liquidez de Mipymes a través de la Banca de Desarrollo para diferir durante cuatro meses los pagos al Infonavit y Fovissste, junto a un diferimiento fiscal para los pequeños contribuyentes.
Se debe apoyar con la protección de la cadena de abasto de básicos y evitar abusos en sus precios.
Los cuatro partidos de oposición piden además un programa de emergencia para el sector turismo, en previsión de la reactivación inmediata de hoteles, comercios y servicios una vez concluida la contingencia.
Demandan bajar el precio de la energía eléctrica, conforme a la caída del precio del petróleo y establecer una estrategia de seguridad para evitar la violencia y los saqueos.
GOBIERNO ENGARROTADO
En tanto, el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su colaboración para un diario nacional insiste en sus críticas al gobierno del Presidente de la República y sostiene que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación “no atina a las medidas adecuadas para superar la crisis aparejada a la pandemia del coronavirus y no sólo eso, destaca que los problemas para nuestra economía vienen desde antes del inicio de la actual contingencia.
“El gobierno federal está, desde hace ya varias semanas, más que pasmado. Se quedó literalmente agarrotado: no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica. Apenas atina a dar palos de ciego a diestra y siniestra, y sigue afirmando que este año ‘tampoco’ habrá un déficit público”, enfatizó.
Además, Urzúa recordó que, en 2019, sí hubo un déficit del sector público, del orden de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Y para continuar, “a como van las cosas, el déficit público rondará en 2020, al menos, el 5 por ciento del PIB”.
El ex funcionario se suma, además, a la advertencia generalizada por la pérdida de empleos: su pronóstico es que habría millón y medio de nuevos desempleados en 2020, y descalifica el plan presidencial de destinar 25 mil millones de pesos a repartirse entre un millón de pequeñas empresas.
Urzúa definió la situación al comparar el anterior plan con “un curita que no sirve de nada para contener una hemorragia. Lo que más bien se necesita es una política laboral de envergadura y que pueda implementarse de manera urgente, inmediata”, apuntó.
ABUSOS EN MAZATLÁN?
En lo que parece abusos en contra de los comercios no esenciales, como ferreteras, venta de ropa, zapatos y autopartes, entre muchos otros negocios, elementos de Protección Civil y de Oficialía Mayor, apoyados por la Seguridad Pública y hasta del Ejército Mexicano, cierran los establecimientos con la advertencia que si los vuelven a ver abiertos habrá sanciones económicas y clausura.
Hace semanas las autoridades federales, estatales y municipales, cerraron los comercios que concentran mucha gente como hoteles, restaurantes, discotecas, bares y salones sociales y en el caso de Mazatlán hasta las playas, salvo los lugares donde se expenda comida para llevar o a domicilio, mercados, farmacias y gasolineras.
Sin embargo, los pequeños negocios como venta de ropa, autopartes o talleres, aunque no concentren gente, también llegó la orden de cerrar bajo la amenaza de multa y clausura.
Ahora la autoridad no habla tanto de concentración de gente en esos comercios, sino que, de acuerdo con la fase 3, se trata de evitar toda movilidad social lo que, en los hechos, se traduce en la parálisis del país, de Sinaloa y de Mazatlán.
Si no quieren personas en la calle, pues de plano que el gobierno federal y los locales decreten el “toque de queda”, aunque ello traería otras serias consecuencias como el estrés y que aumente la violencia intrafamiliar, aunque estos serían males menores ante el cierre total de empresas y establecimientos que mantienen la mínima reactivación económica.
¡Aguas!…el cerrar todos los comercios es muy fácil, pero abrirlos después sin dinero y en la bancarrota, es lo grave. Tomar decisiones autoritarias, sin medir consecuencias, es darle la puntilla al desempleo generalizado en un país de por sí con más de la mitad de millones de pobres.
