La Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó definitivamente las Escuelas de Tiempo Completo de sus reglas de operación, pese a un amparo que ordenaba garantizar recursos para el programa.
Este 28 de febrero, la dependencia dirigida por Delfina Gómez publicó las reglas de operación del programa la Escuela es Nuestra para este año, donde se eliminó a las escuelas de tiempo completo, mediante las cuales estudiantes recibían alimentos en sus planteles y tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido.
La organización Mexicanos Primero reprobó la decisión y sostuvo que viola los derechos humanos de 3.6 millones de estudiantes que se quedan sin horas extra de aprendizaje y sin alimentación.
La @SEP_mx elimina las #EscuelasTiempoCompleto de “La Escuela es Nuestra” y viola así los derechos humanos de 3.6 millones de estudiantes que se quedan sin horas extra de aprendizaje y sin alimentación.
Impidamos tan deplorable e injustificada acción. #LEEN #AprenderEsUnDerecho pic.twitter.com/e35hIxzaBp
— Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) February 28, 2022
“Agotaremos todas las instancias para impedir este acto deplorable e injustificado que afecta a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan”, advirtió la organización civil en un posicionamiento.
En septiembre de 2021, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo en el que ordenó al presidente, a los legisladores y a la SEP garantizar los recursos necesarios para que las escuelas beneficiarias del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) cumplan con los objetivos del extinto Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
La decisión derivó de un amparo que la organización Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero) presentó en marzo de 2021 en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 (PEF 2021), así como los lineamientos de LEEN.
En tal demanda se argumentó que la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y el traslado de sus objetivos al LEEN atenta contra el derecho a aprender de 3.6 millones de niñas y niños beneficiarios del programa.
También se acusó de estar violando el principio de progresividad, el cual implica que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce y ejercicio de algún derecho humano, las autoridades ya no pueden tomar decisiones de manera arbitraria que lo hagan retroceder.
Información por ANIMAL POLÍTICO
