–Organizaciones mineras nacionales expresan preocupación por la inseguridad en regiones mineras y llaman a reforzar las condiciones de protección
Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.– Las organizaciones que integran el sector minero nacional manifestaron su profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de diez ingenieros y personal técnico vinculados a actividades mineras en el municipio de Concordia, Sinaloa.
A través de un posicionamiento conjunto, el sector hizo un llamado urgente para la aparición con vida de José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón.
Las organizaciones expresaron su solidaridad con las familias, colegas y comunidades de los trabajadores afectados, y subrayaron que toda persona que labora en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su trabajo.
Señalaron que este hecho no es un caso aislado, sino parte de una problemática de inseguridad persistente que enfrentan diversos sectores productivos en regiones mineras del país, lo que se ha convertido en un riesgo permanente para trabajadores y comunidades.
El sector minero recordó que la minería formal contribuye al bienestar económico y al desarrollo social de más de 696 comunidades en México, y rechazó categóricamente cualquier acusación que la vincule con la delincuencia organizada. Por el contrario, afirmó que ha sido víctima directa de la violencia, al igual que trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas.
Asimismo, reiteró que mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades, a quienes ha dado aviso oportuno de hechos delictivos que afectan sus operaciones, y manifestó su total disposición para contribuir con las investigaciones correspondientes.
Finalmente, el sector minero unido enfatizó la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de su actividad, y advirtió que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo. La vida, subrayaron, debe ser una prioridad ineludible.
