Anteriormente, los gobernadores del blanquiazul anunciaron un desconocimiento.
La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) anunció que no reconoce ni atenderá las recomendaciones que Rosario Piedra Ibarra haga como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por no cumplir con la institucionalidad que se requiere.
La agrupación de alcaldes emanados del Partido Acción Nacional sostuvo que, al igual que la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN (Goan), no la reconocen por haber surgido de un proceso «amañado» y sin transparencia.
«Al igual que la Goan, no reconocemos ni haremos caso a recomendaciones de Rosario Ibarra como Pdta. de la CNDH. Se eligió sin transparencia en un proceso amañado, además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de Morena», escribió en sus redes la Anac.
Actualmente el PAN cuenta con 399 alcaldes y 10 gobernadores en las entidades de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato.
En tanto, los presidentes de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) advirtieron que Rosario Piedra Ibarra no cumple con los requisitos para ser la nueva titular de la CNDH.
Con un comunicado conjunto, los presidentes de los comités criticaron que Piedra forme parte del padrón de integración de los órganos directivos a nivel nacional y estatal que Morena entregó al Instituto Nacional Electoral este 2019, por lo que no cumple con el requisito de no ocupar un cargo en un partido un año antes de la elección de la CNDH.
«Por ello, expresamos nuestra preocupación ante estos hechos y solicitamos respetuosamente a los poderes del Estado mexicano llevar a cabo nombramientos donde se funde y motive la idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y transparente por los puestos de las distintas instituciones», expresaron.
Los presidentes de los comités consideraron que la CNDH es una de las instituciones construidas en las últimas décadas para defender los derechos individuales de los mexicanos, y el nombramiento de su nueva titular «ha dejado dudas de legalidad y legitimidad en amplios sectores de la sociedad mexicana».
Subrayaron que esto sucedió a pesar de que la lucha contra la corrupción, uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere mecanismos para acceder a una justicia imparcial e independiente.
También solicitaron a la Mesa Directiva del Senado enviar el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a fin de agotar las dos vías, como lo marca la Ley General del Sistema de a Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Fuente: El Siglo de Torreón
