* Sus primeros actos de gobierno fueron reunirse con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y colectivos de desplazados forzosos
*Adelantó que se actualizará el censo de desplazados para otorgarles diversos apoyos, como vivienda y regularización de terrenos
*Para los colectivos de búsqueda, atenderá su principal petición de creación de tres panteones ministeriales y la creación de una Casa Hogar
Culiacán, Sinaloa, a 1 de noviembre de 2021.–
En cumplimiento a uno de los compromisos que hizo al rendir protesta como gobernador, los primeros actos oficiales del doctor Rubén Rocha Moya fueron dos reuniones seguidas, primero con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, y luego con los colectivos de familias desplazadas por la violencia, con quienes hizo varios compromisos puntuales, y les reiteró que no encabezará un gobierno indolente ni insensible ante el dolor de las personas que sufran cualquier tipo de violencia.
Cabe destacar que exactamente 24 horas después de haber asumido la gubernatura del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó su primera reunión, al recibir primero a los colectivos de búsqueda desaparecidos de toda la entidad, y luego de escuchar a los representantes de cada uno de ellos, dio respuesta puntual a sus peticiones, siendo la más reiterativa, la creación de panteones ministeriales donde colocar los restos de personas sin identificar que son encontrados en las diferentes búsquedas de estos grupos civiles.
Para ello, el mandatario estatal comentó que hará uso de las reservas territoriales que el Gobierno del Estado tiene, y anunció que a partir de enero se construirán estos cementerios, uno en Los Mochis, otro en Culiacán y un tercero en Mazatlán.
“Quiero decirles que yo comparto el dolor de ustedes, pues yo mismo formé parte de una comisión de desaparecidos en la década de los 70´s”, comentó el gobernador Rocha Moya al dirigirse a los representantes de los colectivos, a quienes les dijo que esta reunión no es sólo el cumplimiento de una promesa de campaña, pues él conoce esa angustia por la que atraviesan de no conocer el paradero de sus seres queridos.
Al respecto, dijo que el primer propósito de su política de gobierno en este tema, es brindar las condiciones para que ya no haya más personas desaparecidas, y junto con esto, reforzar la búsqueda de aquellas que están en esta condición. Cabe destacar que en esta tarea, propuso a los colectivos en votación directa si estaban de acuerdo en la continuidad del comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Juan Carlos Saavedra, y al expresarse la mayoría de manera afirmativa, dio a conocer que continuará en dicha responsabilidad.
Otro de los compromisos que asumió con estos colectivos, es proveer el apoyo para sus labores de búsqueda, como proporcionar maquinaria de retroexcavadoras del gobierno, ya sean propias del estado o rentadas, para que no se interrumpan estos trabajos. En cuanto al apoyo económico que se les otorga, anunció que ahora se entregará de manera mensual puntualmente, pues la queja que recibió es que sólo recibían estos apoyos dos veces al año en los mejores casos, y que estos recursos lleguen también a colectivos independientes que no cuentan con un acta constitutiva formal, pero que igual manera se dedican a buscar a sus seres queridos.
Los colectivos también le solicitaron al gobernador la creación de una Casa Hogar para los indigentes y desplazados, petición que encontró una rápida respuesta positiva, y también le hicieron otras peticiones en las cuales se comprometió a gestionar, por no corresponder directamente al Poder Ejecutivo, como es la creación de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada, toda vez que ello depende de la Fiscalía General del Estado, la inclusión de sus casos en el Registro Nacional de Víctimas, y la agilización de los trámites de identificación vía ADN de los cuerpos que están sin identificar en el Servicio Médico Forense, cuyo número rebasa los 200 en espera de estos estudios.
Enseguida, el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con los representantes de los colectivos de familias víctimas del desplazamiento forzado, a quienes de la misma manera primero escuchó todas sus peticiones, para en el acto hacer sus compromisos, y el primero de ellos, será actualizar el padrón de desplazados, el cual se estima ronda en las cuatro mil familias, a fin de partir con cifras exactas y conocer las necesidades y las condiciones en que viven cada una de esas familias.
Por ello, dijo que el primer punto a atender naturalmente es el tema de vivienda, para proveer un patrimonio a las familias que emigraron de sus lugares de origen y actualmente viven ya sea con familiares, en casas prestadas o rentadas. Otra opción que se incluirá es la entrega de lotes para autoconstrucción, pero revalorando las dimensiones de los terrenos, es decir, acorde a las dimensiones en que estaban acostumbrados a vivir en sus comunidades.
El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que para realizar estas acciones se incrementará el presupuesto para este tema de los desplazados, que en este año fue de 50 millones de pesos.
Otra de las vertientes de apoyo, será aumentar el número de beneficiados del programa federal “Sembrando Vida”, lo cual lo propondrá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto como una herramienta para incentivar a las familias a regresar a sus lugares de origen en cuanto se generen las condiciones para ello en cada una de las comunidades en particular.
En ambas reuniones acompañaron al gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario general Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien moderó los dos encuentros; la secretaria del Bienestar, Ruth Díaz Gurría; el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo; el subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez López; la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa; el vice fiscal del estado, Dámaso Castro; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega; el comisionado de Víctimas del Delito, Oscar Fidel González Mendívil; el comisionado de Búsqueda de Personas, Juan Carlos Saavedra; y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, Leonel Aguirre Meza.
