CIUDAD DE MÉXICO — Con la aprobación de la reforma educativa en el Senado de la República, la senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que con esto se da cumplimiento a un compromiso con los maestros, alumnos y padres de familia de México.
“Adiós a la mal llamada reforma educativa y la evaluación punitiva”, destacó la legisladora sinaloense, quien además, como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara alta, celebró que con la nueva reforma educativa se le da relevancia a los principios científicos, culturales y artísticos para convertir a la educación en la palanca de un desarrollo justo, equitativo e incluyente para una nación democrática y sostenible.
Tras aprobarse primero en la Cámara de Diputados y de recibir el Senado la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la importante reforma con 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.
Posteriormente, al votarse en lo particular, también el resultado fue positivo con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, formuló la declaratoria correspondiente en materia educativa y reconoció los aportes de todos los senadores y senadoras.
“Con la reforma educativa se revalora el papel de las y los maestros con una nueva orientación pedagógica que deja atrás el modelo punitivo y pone un alto definitivo a la afectación laboral y estigmatización de las que fue víctima el magisterio nacional”.
—Imelda Castro Castro. Senadora de Morena por Sinaloa.
Sobre la reforma educativa
A lo largo de los últimos seis años, miles de docentes, madres y padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, la investigación, las letras, la intelectualidad y la ciudadanía han alzado sus voces para exigir una profunda revisión a la mal llamada reforma educativa que fue llevada al texto constitucional en 2013.
Aunque entonces la reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales fue aprobada por una mayoría formal en el Congreso, su construcción no solo excluyó durante su proceso de gestación el clamor de aquellas y aquellos a quienes fue dirigida, sino que su desdoblamiento jurídico y, más aún, su perniciosa aplicación se convirtió en la semilla de tormentas que hoy todavía mantienen en jaque al Estado mexicano, y ni qué decir al estado de la educación de millones de niñas, niños y jóvenes.
Con el férreo compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador como faro, el Congreso de la Unión hoy por fin materializa una nueva reforma constitucional, esta vez enteramente educativa, que articula el interés superior de las niñas, niños y jóvenes y su derecho a una educación integral, con la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los docentes de México.
Asimismo, avanza precisamente hacia el fin de turbulencias de los años recientes, al establecer un marco jurídico dirigido al desarrollo pleno de una educación emancipadora y crítica, con justicia y equidad, al servicio de las necesidades de la sociedad mexicana y como herramienta para enfrentar la compleja situación del país.
Objetivos centrales de la reforma
La nueva reforma educativa tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
—Responder a la exigencia social de garantizar el derecho a una educación pública, laica, gratuita, universal e inclusiva en todos los tipos y niveles de educación.
—Restituir el espíritu social y humanista del derecho a la educación, al tiempo de instaurar figuras de los modelos pedagógicos más avanzados de todo el mundo.
—Dejar claro que la rectoría de la educación le corresponde de manera exclusiva al Estado mexicano.
—Reivindicar el papel protagónico de niñas, niños y jóvenes en el proceso educativo.
—Promover la igualdad sustantiva para que el derecho a la educación esté al alcance de todas las personas, independientemente de sus condiciones o circunstancias específicas.
—Eliminar todos los elementos punitivos contra las y los docentes y, en su lugar, reconocer plenamente la cardinalidad de su papel en el proceso educativo y en la transformación social.
—Conocer sobre el estado de los elementos que componen el Sistema Educativo Nacional, a través de evaluaciones diagnósticas, contextuales y situacionales.
