Tras lo ocurrido con los influencers que violaron la veda electoral, la consejera Favela dijo que en el 2015 sí había muchas irregularidades por parte del PVEM pero no de la entidad suficiente como para retirarles el registro.
El Partido Verde Ecologista de México ha demostrado que violar la ley es una de sus estrategias favoritas para tomar ventaja en los procesos electorales, por lo que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral deberá analizar que una vez más, no sólo ignoró los llamados y advertencias de la autoridad electoral, sino que ahora, fue reincidente en una conducta por la que había estado a punto de perder su registro hace seis años.
Consejeras y ex consejeras del Instituto Nacional Electoral explicaron que deberá analizarse si la reincidencia es suficiente para que se le retire el registro, y si no, existe una segunda vía impuesta en el 2015 para dar seguimiento al comportamiento del PVEM y estas conductas en su conjunto, deberán analizarse y determinar si son de tal gravedad como para aplicarles la sanción máxima.
En agosto de 2015, 140 mil ciudadanos firmaron una petición en change.org para que el Instituto Nacional Electoral analizara la pérdida de registro del PVEM por violaciones sistemáticas a las leyes electorales y a la Constitución, entre los que destacaban actos anticipados de campaña, contratación de artistas para promover el voto en tiempos prohibidos, la contratación de miles de promocionales de radio y televisión; entrega de dádivas como tarjetas, lentes y 30 mil kits con mochilas, termo, playera y reloj.
Por mayoría de votos, el Consejo General avaló el proyecto que propuso en voz de la consejera Adriana Favela mantener el registro del partido al considerar que “las conductas antijurídicas cometidas por el Partido Verde Ecologista de México no tienen como consecuencia la pérdida de su registro, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, ya que si bien están considerando que son sistemáticas, no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición”.
En contra de esta votación, se quedaron como minoría la consejera Pamela San Martín y los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo.
Seis años después de aquel polémico debate, la ex consejera Pamela San Martín recordó en entrevistaque el Partido Verde Ecologista de México “convirtió la violación de la Constitución y de la ley en su estrategia electoral” y tuvo la posibilidad de competir “de manera inigualable” con el resto de los partidos políticos porque de manera deliberada decidió comenzar meses antes su campaña.
Mencionó que en aquel entonces, ella estaba plenamente convencida de que las violaciones eran de tal gravedad que ameritaban la sanción máxima, que es la pérdida del registro.
“La ley dice claramente que un partido puede perder su registro cuando incurre en violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral, lo que teníamos con el partido Verde en el 2015 era exactamente eso, violación tras violación y cada una más grave que la anterior y cada una violando el principio de equidad en la competencia política, en algunos casos afectando también por ejemplo la prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión, la intervención de servidores públicos, y un conjunto de prácticos que la ley establece que son equiparables a coacción del voto”.
San Martín destacó que es sumamente preocupante en el proceso electoral 2020-2021, un día antes de la jornada electoral, el PVEM haya decidido recurrir la misma práctica por la que fue sancionado en 2015: influencers en redes sociales promoviendo el voto a favor de este partido bajo un guion idéntico y violatorio de las leyes y la Constitución.
“El Tribunal Electoral al resolver este caso tendrá que analizar que estamos ante una conducta reincidente. No sólo es una conducta que está prohibida en la ley sino por la que ya fue sancionado, eso debiera ser un agravante para este caso”.
Sin embargo, alertó que el PVEM no se encuentra en un panorama similar al del 2015, pues en aquel momento las faltas eran muchas y cada vez más graves una de la otra, y aún así, las autoridades electorales consideraron que no se ameritaba retirarle el registro de partido político nacional.
En esta ocasión, se trata únicamente de una conducta que sin embargo, tiene el agravante de ser reincidente. Por lo que las y los magistrados podrían tomar cualquier determinación dependiendo el análisis que realicen.
“Es sólo una y no es igual, es peor porque hay reincidencia cuando ya se le dijo a un partido que está mal y ya se le sancionó pero la vuelve a cometer; es un agravante que debe tomar en cuenta la Sala Regional Especializada».
De entrada, agregó Pamela San Martín, la sanción debería ser más grave, y al haber sido en el 2015 de una multa económica, en esta ocasión podría ser la reducción de ministraciones de recursos públicos que recibirá el partido, que es la sanción que se encuentra antes de la pena máxima de pérdida de registro.
De los consejeros que hace seis años votaron en contra de permitirle al PVEM mantener su registro, sólo sigue en funciones José Roberto Ruiz Saldaña quien en entrevista recordó que el debate se basó entre quienes consideraban suficiente “todo lo acreditado” en contra del partido para retirarle el registro, y quienes abogaron lo contrario.
“Es un asunto ya viejo, en materia electoral, es decir, 2015 en la vida electoral ya es hace mucho tiempo. En aquella ocasión lo que yo sostuve es que sí había elementos suficientes para que procediera la pérdida de registro, fundamentalmente por la sistematicidad a las violaciones que había realizado el partido, a juicio de la mayoría de mis colegas no era de tal entidad dichas violaciones como para que se procediera a la pérdida del registro”.
Explicó que al ser un consejero en funciones, no puede opinar sobre la investigación que en estos momentos lleva la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE en contra del PVEM y 95 influencers que violaron la veda electoral, mientras explicó que el asunto ni siquiera pasaría por el Consejo Electoral por lo que quizá ni siquiera lleguen a pronunciarse los y las consejeras sobre la necesidad o no de sancionar al partido con la pena máxima.
“No puedo hablar del presente ni del futuro, sólo del pasado y de lo que fue mi votación, no puedo prejuzgar sobre un asunto que está en investigación, habrá que esperar a que concluya.
“La investigación que realiza la Unidad Técnica de lo Contencioso, cuando la concluya, cuando considere que tiene los elementos suficientes, lo que tiene que hace es enviar el expediente a la Sala Regional Especializada y de esa determinación puede ser impugnada o incluso ser conocida ya en una segunda instancia por la Sala Superior del TEPJF; si en el Consejo General se conociera algo es sólo si así nos lo mandatara u ordenara el Tribunal Electoral pero en sí, ese asunto no tendría por qué llegar al Consejo General”.
Información por MILENIO
