«El principio de separación del Estado y las iglesias no impide la contribución y colaboración recíprocas en tareas comunes de beneficio social, respetando los respectivos ámbitos de competencia», señala la iniciativa.
El Senado de la República turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que plantea que iglesias y Estado puedan colaborar en la “promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas”.
El documento, firmado por la senadora de Morena, María Soledad Luévano Cantú, explica que derivado de los avances en materia de libertad religiosa, se requiere la adecuación del orden jurídico nacional a las disposiciones constitucionales y del derecho internacional aplicables, lo cual implica la necesidad de poner al día la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de conformidad con los principios de convencionalidad, constitucionalidad, universalidad, multidimensionalidad, armonización, participación y corresponsabilidad.
La iniciativa propone que en el articulo 1 de la Ley se sustituya la frase “La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas”, por otra que diga “La presente ley, fundada en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”.
Argumenta que “el principio de separación del Estado y las iglesias no impide la contribución y colaboración recíprocas en tareas comunes de beneficio social, respetando los respectivos ámbitos de competencia”.
De acuerdo con la iniciativa, será posible “ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, instalaciones de los cuerpos policíacos y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, según sea el caso, incluyendo la instalación de centros de asistencia religiosa en el interior de dichas instituciones, en caso de solicitarlo”.
Si bien se mantiene el párrafo en el que se señala que las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, establece que “sí podrán asistir en su carácter a actos de culto público, así como, a las actividades que tengan motivos o propósitos similares”.
La propuesta reitera que “el Estado mexicano es laico, en consecuencia, garantizará plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas, y ejercerá su autoridad en la materia, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros”.
Sin embargo, añade, “lo anterior no impedirá la colaboración entre éstas y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes”.
Fuente: Aristegui Noticias
