- Pide combatir la impunidad criminal.-
- Incumplimiento de reforma 2019 debilitó sistemáticamente a policías locales, denuncia.-
- Resultados de la Guardia Nacional son francamente desalentadores, afirma.-
Culiacán Sinaloa 14 octubre 2022.-“La presencia de las fuerzas armadas es un mal necesario porque hemos abandonado sistemáticamente a las policías y nos hemos negado a atender de raíz el problema de la seguridad pública en México que diariamente se alimenta de la impunidad que hoy alcanza el 99 por ciento”, denunció la diputada de Movimiento Ciudadano ante el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quienes pidieron el respaldo del Congreso Local al dictamen constitucional aprobado por el Senado de la República.
“La modificación constitucional para extender la presencia del ejército mexicano en tareas de seguridad pública hasta el 2028, extiende también la permanencia del estado de excepción que puso en marcha en Sinaloa la Operación Cóndor en la década de los 70 y evidencia además el rotundo fracaso para formar cuerpos policiales que sean capaces de contener al crimen organizado que dispone de recursos financieros por 50 mil millones de dólares al año, más de que lo ingresa al país por petróleo y turismo juntos”, agregó.
Puntualizó que el incumplimiento de acuerdos de la reforma constitucional de 2019 debilitó sistemáticamente a las policías estatales y municipales que dejaron de recibir apoyos federales por unos 5 mil millones de pesos.
Por otro lado, precisó que los resultados de la Guardia Nacional en los últimos 3 años son francamente desalentadores:
- Más de 124 mil 414 personas asesinadas.
- Casi 3 mil 500 feminicidios.
- Y más de 35 mil personas desaparecidas.
Dijo que el dictamen de reforma del 3 de octubre pasado omite acciones sustanciales para transitar hacia el civilismo que exige la ciudadana y es mandato constitucional:
- No hay un mecanismo para fortalecer a la Guardia Nacional que permita el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas.
- No hay calendarización para el retiro del ejército.
- No obliga a los gobiernos estatales a presentar programas de formación policial profesional.
- Y tampoco plantea modificar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, privilegiando la inteligencia policial para reducir la capacidad de maniobra de los grupos criminales.
“Estamos tiempo -agregó-para incluir estas acciones porque todos aquí sabemos que la presencia del ejército en las calles puede contener parcialmente la embestida criminal, pero no garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que los exponen a mayores posibilidades de violencia”
Concluyó que “mientras el Estado mexicano siga desatendiendo la procuración y administración de justicia, no habrá decretos o acuerdos que nos permitan vivir en paz”.
