La libertad de expresión sucumbe entre el poder de las balas y la regulación de medios por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
Oswaldo Villaseñor
Hoy el periodismo en todo México estará en las calles y en las redes sociales protestando. Las balas y la impunidad siguen reinando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En Culiacán y Mazatlán, se encuentran programadas manifestaciones públicas pacíficas en exigencia de protección al periodista y exigencia de esclarecimiento de los crímenes contra periodistas.
Tan solo en una semana tres periodistas han sido asesinados. Dos en Tijuana y uno más en Veracruz. Tan solo en los tres primeros años de gobierno de Andrés Manuel han sido asesinados 53 periodistas y 94 defensores de los Derechos Humanos.
No hay garantías para desarrollar esta profesión que encuentra a sus principales amenazas y atacantes en los Servidores Públicos –funcionarios de gobierno- y a la delincuencia organizada según revela estudio de la propia SEGOB.
LAS PROTESTAS.
Este martes, desde temprana hora en diferentes ciudades de todo México han iniciado las movilizaciones y protestas por parte del gremio periodístico y miembros de la sociedad que apoya estas demandas de seguridad.
La movilización nacional ‘Periodismo en Riesgo‘ es una exigencia de justicia por el asesinato de tres periodistas en menos de dos semanas.
En la Ciudad de México la manifestación será a las 20:00 frente a la Secretaría de Gobernación.
En Culiacán la protesta está programada a las 5 de la tarde frente a Catedral y en Mazatlán también a las 5 de la tarde en el Paraje Rafael Buelna por el Malecón.
También se tiene programado una manifestación a través de redes sociales mediante los hashtags #NiSilencioNiOlvido; #NoSeMataLaVerdad; #SinMásPeriodistasEnSusListas y #PeriodismoEnRiesgo.
Los tres periodistas asesinados en menos de dos semanas son: José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.
El 10 de enero fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, director general del diario Inforegio.
Su cuerpo fue hallado en el Fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz con heridas de arma blanca.
Una semana después el fotoperiodista Alfonso Margarito Esquivel Martínez fue ultimado a disparos afuera de su domicilio en la colonia Camino Verde de Tijuana.
Apenas este 23 de enero la periodista Lourdes Maldonado López fue asesinada en la colonia Santa Fe de Tijuana.
Estaba acogida al mecanismo de protección a periodistas y tenía una custodia intermitente. La patrulla que custodiaba su vivienda se acababa de retirar cuando ocurrió el homicidio.
ESTORBAN PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LA 4T.
Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los periodistas y Defensores de los Derechos Humanos parecieran estorbarle. Van 53 periodistas y 94 defensores de derechos humanos asesinados. La mayoría de sus crímenes permanecen impunes.
De acuerdo con el reporte Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de la Secretaría de Gobernación, en los últimos tres años han perdido la vida 53 comunicadores y 94 defensores de derechos humanos.
En el caso de los periodistas, en seis entidades se concentra el 61% de los homicidios:
Sonora con ocho homicidios.
Veracruz con cinco.
Guerrero con cinco.
Michoacán con cuatro.
Estado de México con tres.
Oaxaca con tres.
En cuanto a los homicidios de los activistas, seis estados registran el 67% de delitos:
Guerrero con 21.
Oaxaca con 14.
Chiapas y Chihuahua con ocho cada uno.
Veracruz y Michoacán con seis.
El 99% de los homicidios de los activistas también prevalece en la impunidad, pues solo en dos de los asesinatos se ha dictado sentencia.
LAS RAZONES DE LAS AGRESIONES
De acuerdo al estudio, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), precisó que entre las razones que han provocado las agresiones, destacan:
El crimen organizado. En varios de los estados que concentran la mayor cantidad de homicidios de activistas y periodistas operan grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La familia Michoacana, El cártel de los Carrillo Fuentes, Los Beltrán Leyva, entre otros.
Impunidad. La falta de sanciones a quienes han quitado la vida a los activistas y periodistas alcanza el 90%.
Corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos. Este binomio ha contribuido a que se asesine a quienes ejercen sus derechos y a que queden en la impunidad.
Falta de cultura. No todos dimensionan la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
POLITICOS Y DELINCUENTES LOS AGRESORES.
Según la Segob, tiene identificado el perfil de quienes agreden a los periodistas en México: El 43% son servidores públicos y el 33%, miembros de la delincuencia organizada.
PERIODISMO ENTRE LAS BALAS Y LA REGULACION
La semana pasada la Primera Sala de la SCJN aprobó por unanimidad una decisión que limitará severamente la libertad de informar a los comunicadores y medios de comunicación al darle el control y la supervisión de los noticieros de radio y la TV —pública y privada— a censores oficiales, o sea al mismo gobierno.
La Sala del Tribunal decidió que todos los noticieros tienen que diferenciar con claridad la información noticiosa con la información de opinión de quien la presenta.
También la Primera Sala de la SCJN, decidió dar a censores gubernamentales la facultad para suspender precautoriamente los noticieros que a su juicio afecten esta disposición.
Un Tercer acuerdo es que los códigos de ética de todos los medios tendrán que ser validados por funcionarios de gobierno y, finalmente, impondrá sanciones económicas para los medios que incumplan lo anterior (incluido el no sacar sus noticieros del aire).
Este tipo de regulación no existe en ninguna parte del mundo.
Con estas decisiones, hay incentivos para que funcionarios de gobierno incómodos con la cobertura noticiosa de determinada estación, canal o comunicador acusen de no diferenciar entre información y opinión, y abran procedimientos por incumplir elementos bastante subjetivos, lo que llevará a multas y la salida del aire de programas de manera precautoria (mientras se investiga).
Así, la polarización en torno a los medios en México llegará a extremos nunca vistos y la posibilidad de censura desde el gobierno es validada desde la propia SCJN.
¿Qué posibilidades quedan para evitar un escenario tan peligroso para la libertad de expresión del país?: 1) que el Pleno de la SCJN, dado que tiene mayor jerarquía sobre la Primera Sala, resuelva en la acción de inconstitucionalidad 150/2017, que también versa sobre derechos de las audiencias, que los cambios realizados en el 2017 no son inconstitucionales. Con una decisión así, aunque quedaría una especie de contradicción entre el Pleno y la Sala, sería complicado censurar a los medios. O, 2) que el Congreso no acepte íntegramente las propuestas de la Sala, argumentando que se invadieron sus facultades legislativas. El tema se resolvería en tribunales, pero durante años no se aplicaría censura alguna contra medios públicos ni privados.
Quedan exentos de esta regulación los noticieros o noticias que se transmiten por medios digitales.
