*Es “un caso que nació perdido”
*Puede haber “destitución” de alcalde
Mientras representantes de LM Abogados Integradora Legal confirmarían la sentencia de un Tribunal Judicial en contra del gobierno municipal de Mazatlán para “indemnizar” al Grupo AREH por el asunto de Nafta y Lubricantes en el pago de al menos 154 millones de pesos, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, confirmó una nueva resolución que no favorece al municipio porteño porque es un “caso que nació perdido”. Ante un desacato judicial, puede darse destitución del alcalde y otros funcionarios, admite el también abogado.
El también abogado, Flores Segura indicó que es una notificación con fecha del 19 de julio de este año en donde la familia Arellano sigue “ganando intereses” en su pleito jurídico contra el Ayuntamiento. Agregó que lo que dice ese documento es que el asunto de “dilata, se actualiza, pero no modifica la sentencia” en contra del municipio.
A la pregunta del reportero, el abogado Flores Segura reconoce que fue un caso jurídico que “nació perdido” para el Ayuntamiento.
Este asunto viene desde el gobierno de Alejandro Higuera Osuna, lo dejó pasar Carlos Felton, Fernando Pucheta y Joel Boucieguez lo atacaron, pero sin resultados positivos, ahora se condena a la administración del químico Luis Guillermo Benítez Torres al pago de poco más de 154 millones de pesos de “indemnización”, gastos y otros rubros no precisados de una gasolinera que nunca se construyó.
Ante la insistencia de reporteros, el responsable de la seguridad interna y de los asuntos de gobierno dijo que el alcalde Benítez Torres “no tiene intenciones de pagar ningún centavo porque el Ayuntamiento no tiene para pagar, está quebrado, no hay presupuestos para ese rubro”.
Dijo también que no necesariamente pueden ir a la cárcel por no pagar, pero si iniciarse una carpeta de investigación por omisión los actos en ese tema; puede haber un ordenamiento de un juez que en caso de desacato puedan tomarse ciertas medidas de acuerdo con la ley.
Reconoció, además que la “autoridad no está para objetar sentencias, sino para cumplirlas porque no debemos estar fuera de la legalidad y si no cumples puede darse la destitución no sólo del alcalde, sino también del Tesorero, el secretario del Ayuntamiento…”