*El aplazamiento administrativo evitará la aplicación de sanciones a quienes distribuyan, entreguen y comercialicen desechables de plásticos no biodegradables
*La prohibición de bolsas para el traslado de mercancías y popotes no biodegradables sigue vigente
Culiacán, Sinaloa a 13 de Agosto del 2021.-
Al vencer mañana el aplazamiento administrativo de la entrada en vigor de la segunda fase de la prohibición de los plásticos, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, otorgará un nuevo periodo de gracia a empresas que distribuyen, entregan y comercializan desechables de plástico no biodegradable, cuya prohibición entró en vigor el pasado 15 de febrero.
La titular de la SEDESU, Isabel Mendoza Camacho, informó que este nuevo aplazamiento administrativo de las sanciones culminará el próximo 13 de octubre y también será extensivo para los productos derivados del unicel, cuya prohibición entra en vigor a partir del el 14 de agosto del 2021 correspondiente a la tercera fase de la normativa.
Indicó que la decisión del gobierno estatal es en atención a las solicitudes de las cámaras empresariales, a petición de sus agremiados que distribuyen, comercializan y entregan productos de plástico, por la situación económica que atraviesan derivada de la pandemia del Covid-19 que les ha dificultado la transición hacia productos biodegradables.
La funcionaria estatal detalló que la segunda fase de las modificaciones a la Ley de Residuos tiene por objetivo evitar la contaminación por el uso excesivo de platos, vasos, cucharas, tenedores, charolas, recipientes, anillos para agrupar bebidas, entre otros productos de plástico.
«El uso de los desechables se incrementó en esta tercera ola del Covid-19 por el cambio en los esquemas del desarrollo de las actividades productivas que han demandado mayores protocolos para prevenir, controlar y combatir la transmisión del virus», expresó.
Isabel Mendoza ponderó que hay avances significativos de distribuidores que lograron migrar a productos biodegradables, a la fecha se cuenta con el registro formal de 307 establecimientos que han presentado aviso a la Secretaría para hacer valer la excepción de distribuir productos biodegradables permitidos.
«Estas empresas para contar con el registro en mención, acreditaron contar con los análisis de laboratorio respectivos para acreditar que los productos de plástico que distribuyen son por lo menos 90% biodegradables, resaltando más de 206 productos acreditados por estas empresas, entre ellos: bolsas para el traslado de mercancías, popotes, desechables en general como platos, vasos, cucharas, tenedores, contenedores», puntualizó.
La titular de la SEDESU agregó que hay empresas que han optado por adherirse al cumplimiento de la ley desde la óptica de no utilizar o distribuir plásticos de un solo uso, como el caso de bolsa para el traslado de mercancías, de los cuales derivado de sondeos, así como información proporcionada por municipios, se estiman 918 establecimientos en todo Sinaloa.
Mendoza Camacho subrayó que este nuevo periodo de gracia servirá también para que la SEDESU fortalezca y trabaje en la socialización y exhortos a los establecimientos para que los empresarios evalúen las alternativas para no caer en irregularidades.
Bolsas para traslado de mercancías y popotes no biodegradables siguen prohibidos: SEDESU
La primera fase de las reformas a la Ley de Residuos que establece la prohibición de bolsas de plástico y popotes no biodegradables sigue vigente y la SEDESU continúa con la vigilancia e inspección aplicando las sanciones administrativas a los comercios que incumplen la normatividad.
Isabel Mendoza Camacho, Secretaria de Desarrollo Sustentable, detalló que se han levantado un total de 48 actas formales de inspección, referente a la prohibición de bolsas y popotes, de las cuales 26 presentan posibles irregularidades que han propiciado el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes y cuyas sanciones no serán menores a los 89 mil pesos.
Indicó que continuarán con un programa calendarizado de inspección y vigilancia para hacer cumplir la primera fase de la normativa en los establecimientos mayores a 500 metros cuadrados que son la competencia de la autoridad estatal.
