● Con estos cambios se buscará evitar la contratación de empresas fantasma a
través del registro de los beneficiarios finales y de la comprobación, por parte de
las empresas y contratistas, de su cumplimiento de obligaciones ante el SAT y el
IMSS
● También que los contratistas den garantía de un año por las obras realizadas y
que la figura de Testigo Social goce de mayor relevancia, sobre todo para que
pueda participar en los procesos de adjudicación directa, entre otras propuestas
Culiacán, Sin.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas debe
mejorar, por ello un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles en Sinaloa
conformaron una serie de propuestas que se aglutinaron en una iniciativa presentada
ante el Congreso local en días recientes.
Se trata de Iniciativa Sinaloa, A.C., Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex
Sinaloa y los ciudadanos Juan Mejía Calderón y Pedro López Barbeitia, quienes en
conjunto realizaron un análisis para adherir, modificar y mejorar apartados de la ley que
se reformó en 2020.
“Con esta iniciativa se busca la adhesión de principios que se alinean y aproximan más
al artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se
señaló en la iniciativa de Ley que se entregó en la Oficialía de Partes el pasado 22 de
noviembre.
De esta manera, se busca asignar tareas más específicas a los órganos internos de
control de las instituciones públicas, adherir conceptos para lograr una mayor claridad
en los procesos de contratación y establecer cuestiones técnicas relacionadas a la
coordinación entre autoridades, sobre todo entre el Congreso del Estado y los cabildos
de los Ayuntamientos, sobre los programas anuales finales.
Además, se encontró la necesidad de ordenar la programación y presupuesto de cada
obra pública a realizarse y fortalecer la participación activa de la figura del testigo
social en las obras públicas, que por ahora solo puede participar en procedimientos de
licitación pública y administración directa, pero no en adjudicaciones, según el actual
marco normativo.
También se propone hacer la modificación al rango de aceptación con la finalidad de
evitar tanto empate entre empresas, fortalecer las fianzas de vicios ocultos y el hacer
obligatorias las visitas a los lugares de las obras por parte de los contratistas
interesados, antes de presentar una propuesta.
Obligatoriedad por parte de los licitantes de presentar documentos expedidos por el
SAT y el IMSS, en los cuales se establezcan opiniones favorables y positivas sobre los
mismos, fue otro de los planteamientos de los promoventes.
Con esta iniciativa se tratará de incidir en abrir un debate en el Congreso local y
autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, donde aún hay pendientes por concluir
desde la reforma de 2020, como la creación del Reglamento, como se plasmó en el
artículo cuarto transitorio.
En esta nueva discusión se llevan diversos temas que con el paso del tiempo han sido
fallas, las cuales están a tiempo de ser arregladas. En esta apertura se colocan otros
rubros cuya relevancia ha sido necesaria retomar, como la inclusión de la figura de
“beneficiario final”.
“Hemos incluido en esta iniciativa la figura del beneficiario final, con el fin de exhortar a
las y los legisladores para que se comience a legislar sobre esa figura, y que como
resultado, la sociedad tenga acceso a la información relacionada con los beneficiarios
finales en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, se indicó
en el documento.
Como asevera el Manual del Foro Global sobre Transparencia de Intercambio de
Información con Fines Fiscales: “La disponibilidad de información sobre los
beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas (entidades jurídicas) es un
requisito fundamental de la transparencia fiscal y un instrumento decisivo para
combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros graves, como la corrupción, el
lavado de dinero”.
Esta iniciativa se suma a una serie de proyectos que ahora mismo se discuten en el
Legislativo por solicitud del Congreso local y el Gobierno del Estado de Sinaloa, en los
que resalta la participación ciudadana como un elemento fundamental, así como la
transparencia.
Esta iniciativa contiene los siguientes puntos clave:
● Que se incluya la investigación de mercado de cada obra en CompraNet
● Que se incluya la figura de beneficiario final
● Que los órganos internos de control sean los encargados de llevar el registro y
actualización de la información sobre los beneficiarios finales de cada obra
pública
● Que el Plan Anual de Obras Públicas especifique las obras a contratar y las obras
a ejecutar por administración directa, siempre y cuando sea autorizado por el
Congreso del Estado y por los cabildos municipales respectivamente
● Socialización de obras a comisarios, síndicos y al municipio sobre la obra a
realizarse en el lugar.
● Solo podrán realizarse obras de administración directa siempre y cuando se
encuentren dentro del Plan Anual de Obras y cuenten con todos los estudios
técnicos realizados.
● Los presupuestos de cada obra se deberán llevar a cabo con la participación de,
al menos, un testigo social
● Se incluya la participación obligatoria de testigos sociales en obras por la vía de
contratación de adjudicación directa
● Los licitantes deberán presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones
fiscales emitida por el SAT y la opinión de cumplimiento de obligaciones emitida
por el IMSS
● Los interesados en participar en obras deberán acudir de manera obligatoria a
las visitas programadas en lugares donde se desarrollarán las obras
● Las presentaciones y aperturas de propuestas deberán ser transmitidas en vivo
y grabadas para consulta pública
● Se ajustará un modelo matemático para la definición de calificación en la
contratación de obra
● Las empresas contratadas quedarán obligadas a dar una garantía de un año por
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
