El subsecretario Encinas indicó que no cuentan con indicios de que alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos esté vivo.
A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que los jóvenes no estaban juntos durante su detención el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, ante la pregunta de si hay esperanza de que alguno de los normalistas esté vivo, el funcionario respondió: “No tenemos indicio en ese sentido”.
Comentó que se hizo ya la reconstrucción de la salida de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y se encontró que hay inconsistencias en la “verdad histórica”, pues este análisis demostró que la visita de los estudiantes no era interrumpir el informe de la presidente del DIF, María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde José Luis Abarca.
Tampoco se encontró que hubiera vínculo entre los estudiantes y sus agresores.
En contraparte, se determinó que el ataque a los jóvenes se ejecutó por tres células conformadas por policías y sicarios, y que había policías de Iguala en el aseguramiento del autobús en el que iban los normalistas.
Por su parte, el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, señaló que en la pasada administración se utilizó la tortura para fabricar pruebas y manipular evidencias en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes en 2014 en Iguala, Guerrero, por lo que hay 10 órdenes de aprehensión por estas irregularidades.
“La investigación que ha realizado la Unidad (Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa) dista mucho de los procedimientos que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuya finalidad fue cerrar el caso en tres días y no indagar en profundidad y dar certeza a la familiar sobre el paradero de sus hijos”, dijo Gómez Trejo.
Enfatizó que la “verdad histórica” impulsada por la administración pasada, ya fue refutada por el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, diversos organismos nacionales e internacionales y por el Poder Judicial de la Federación en 2018.
“Nosotros ahora la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundes de lo que se hizo a una manipulación de una investigación que desde un origen tuvo que dar con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes”, dijo Gómez Trejo.
Por ello, mencionó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades de los delitos cometidos en dicha investigación, porque “fue una averiguación previa hecha a modo”.
Declaró que desde julio de 2019 a la fecha se tienen 89 órdenes de aprehensión por la manipulación de la investigación y la desaparición de los estudiantes, de las cuales se han ejecutado 49 y quedan pendientes 40.
De estas últimas, 30 ordenes de aprehensión que tiene ver con la desaparición de los estudiantes y 10 por irregularidades en el caso. Además comentó que han identificado a tres estudiantes.
Tras reunirse con familiares de estos jóvenes, el fiscal comentó que todas las personas que fueron presentadas por la PGR sobre la desaparición y ejecución de los 43 estudiantes fueron exonerados por haber indicios de que fueron torturados.
“Hoy existe evidencia que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada. Tenemos más de 40 videos que fueron aportados a la investigación por la colaboración que hemos recibido de otras dependencias y que muestra a funcionarios públicos interrogando de forma irregular y a través de tortura física y psicológica a estos presuntos culpables”, enfatizó.
Mencionó que la tortura fue un instrumento para fabricar pruebas y manipular evidencias con el fin de “defender una narrativa acotada y encapsulada al basurero de Cocula y del Río de San Juan y toda la responsabilidad cayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”.
Dijo que se falsearon informes de investigación, llamadas telefónicas anónimas, oficios de localización y presentación entre otros, con el fin de encuadrar una “narrativa a modo y silenciar el reclamo de búsqueda y verdad que exigían las familias de estos jóvenes”.
“La verdad histórico nació viciada desde su inicio por el efecto corruptor de funcionarios públicos que unidos en una empresa criminal y abusando de sus facultades decidieron el caso, dejando en el completo del desamparo a las victimas de este terrible hecho”, agregó.
El funcionario de la FGR indicó que la verdad histórica fue fabricada en pruebas, fue tortura de personas y una mentira para la sociedad, y añadió que han realizado 53 ejercicios de búsqueda y se han recatado mas de mil piezas óseas.
