También se solicitó citar a Videgaray, Meade, Anaya y a una decena más de actores políticos para que declararan sobre supuestos sobornos a legisladores con el fin de aprobar la reforma energética.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó llamar a comparecer al ex presidente Enrique Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos realizados durante su gobierno a legisladores para aprobar la reforma energética.
Esto, luego de que la defensa del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido por la denuncia de Emilio Lozoya, solicitó entrevistar al ex presidente Peña Nieto, así como a una docena más de actores políticos señalados por el ex director de Pemex.
Se trata de personajes como Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y mano derecha de Peña Nieto, así como los ex candidatos presidenciales en la elección de 2018, José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés.
En la lista también están los entonces senadores y actuales gobernadores como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez, de Querétaro, y Miguel Barbosa, de Puebla.
De igual forma destacan José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, quienes fueran directores de Petróleos Mexicanos en la administración de Peña Nieto.
Completan la lista los ex senadores Salvador Casillas, David Penchyna, y Ernesto Cordero, así como la periodista Lourdes Mendoza, y Osiris Hernández Peña, colaborador cercano de Ricardo Anaya.
“Para el debido desahogo de las entrevistas solicitadas es necesario que se les informe a todas las personas requeridas por esta defensa que existen señalamientos expresos en su contra por parte del denunciante”, detalla el escrito recibido por la FGR el 23 de febrero.
En respuesta, el Ministerio Público de la Federación consideró improcedente la solicitud de la defensa de Lavalle, pues argumentó que no es en “el momento procesal oportuno” para llamar a comparecer a dichos actores políticos, aunque dejó abierta la puerta para que después puedan ser citados.
“Esta Representación Social de la Federación considera que la solicitud (…) no resulta procedente, toda vez que nos encontramos en etapa de investigación inicial en el que se están practicando diversos actos de investigación y la citación de dichas personas con el carácter que se solicita se harán cuando esta Representación Social de la Federación así lo considera procedente y en el momento procesal oportuno”, puntualiza el documento fechado el 22 de marzo.
En este escrito de respuesta, el Ministerio Público de la Federación también aseguró que la defensa de Lavalle Maury, “en el ejercicio de su derecho (…) podrá llevar a cabo las entrevistas que pretende, tal y como así lo ha venido ejerciendo al obtener entrevistas de diversas personas relacionadas con los hechos”.
La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se refiere a las entrevistas de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex.
En estas entrevistas, la defensa del ex senador panista consiguió y en las cuales ambos negaron los dichos de Lozoya, quien prometió que entregarían videos y recibos de los presuntos sobornos entregados a los legisladores.
En la solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray Caso, el Ministerio Público de la Federación acusó al ex presidente Peña Nieto de tener «su propio aparato de poder criminal» en el caso de Odebrecht.
La Fiscalía General de la República consideró que el jefe del Ejecutivo en el sexenio pasado utilizó a su entonces secretario de Hacienda y director de Pemex como un “instrumento” para cometer “traición a la patria y cohecho”.
De acuerdo con dicha orden de orden de aprehensión, el ex presidente Peña Nieto no solo obtuvo beneficio personal sino que procuró “también el beneficio de la empresa Odebrecht, que los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”.
El Ministerio Público de la Federación aseguró que Videgaray Caso habría distribuido “de manera espontánea y por interpósitas personas”, 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya, así como al priista David Penchyna.
Información por MILENIO
