¿ALGUIEN MIENTE CON LOS NÚMEROS SOBRE EL COVID19?

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Segunda parte

Enrique Vega Ayala

Cronista oficial de Mazatlán

¿Quién tiene los datos precisos? Hace unos días el Gobernador de Baja California Jaime Bonilla detonó la contrariedad por las cifras oficiales de la epidemia en México. Ya otros gobernadores, como Enrique Alfaro de Jalisco, habían cuestionado la estrategia de Vigilancia Centinela de la Secretaría de Salud (SS), por el tema de las pruebas rápidas, e indirectamente rebatía a los datos que maneja el vocero Dr. López-Gatell, con la presunción de que si no había pruebas no se podía conocer con mayor exactitud el número de contagiados y atender el problema con más tino.

Pero la denuncia de Bonilla exhibió otro lado de la misma controversia. Con sus propias palabras: “Yo le pido a todo el operativo de científicos que están en la Ciudad de México nada más que publiquen los número de nosotros, que son reales», como lo publicó el diario Reforma https://www.reforma.com/a-amlo-le-choca-lamentira-bonilla/ar1922806. También aseguró que esa discrepancia podía significar una afectación para su estado en las proyecciones realizadas por la SS. Desde esta perspectiva, para verificar si las disparidades son generalizadas o solamente se daban con Baja California, se requería comparar la información que ofrecen los estados frente a la de la SS.

La localización de la información no es sencilla. Hay entidades que no tienen disponible los datos específicos para su estado y no proporcionan información estatal sobre la pandemia, algunos de ellos en sus portales remiten a la página de la SS, donde todavía el día 19 aparecía un link que conectaba al sitio denominado verificovid https://verificovid.mx/, donde se localizan datos desglosados por entidad, que se actualizan diariamente; por eso se tomaron los datos con esa referencia ante la falta de los locales propios; otros estados los tienen pero no debidamente actualizados. En todas las situaciones el resultado arroja manejos inciertos, como lo comenta el Dr. Erdely en “La Matemática López-Gatelliana”. Para estas notas usamos el contraste de lo publicado por las fuentes a mano, respecto a dos variables: la de casos confirmados y la de decesos.

Es interesante resaltar que efectivamente encontramos diferencia numéricas y que estas no siguen una lógica precisa. Como se puede observar en el cuadro de concentración sobre casos confirmados, inserto abajo, en 22 entidades los números de los gobiernos locales son mayores que los contenidos en la base de datos de la SS y en diez pasa lo contrario. La diferencia está presente si los gobiernos tienen o no datos particulares.

 

Hasta el 19 de abril en las fuentes disponibles había diferencias en los casos confirmados como en el caso de la Ciudad de México (CDMX), donde la Base de Datos Abiertos arrojaba 1984 casos, mientras verificovid de la misma SS, (porque la CDMX en su portal remite a la SS para la información de la pandemia) da 2299 confirmados, una diferencia de 315 personas. Para el Estado de México la diferencia era de 285 confirmados. Las más significativas.

La incongruencia parece la característica del manejo informativo sobre la pandemia por parte de las autoridades. La idea de que los números se están manipulando con intenciones inciertas ha ido ganando terreno y se ha abonado en tierra fértil para el florecimiento de llamados a la desobediencia de las reglas impuestas para mitigar el flagelo. El llamado de TV Azteca, del viernes 18 de abril, a través de su noticiero estelar, es el ejemplo más rotundo de esas expresiones. Esperemos que no las haya luego contra el confinamiento, como las que ha empezado a respaldar Trump en algunos estados demócratas de la Unión Americana.

Se impone, pues, la búsqueda urgente de la adopción de criterios similares entre la federación y los estados, al menos. En la pesquisa encontramos incluso diferencias nominales en las variables. En algunos no hay datos de solo las cuatro usuales en los comunicados diarios de la SS (confirmados, decesos, negativos y recuperados), sino que publican hasta ocho tipos de datos con nombres diversos (positivos, negativos, activos, hospitalizados, ambulatorios, casos estudiados, cuadros por edades y sexo de confirmados, pacientes dados de alta), lo que contribuye, por profusos, a la confusión.

Si se hace una revisión en lo difundido semanas atrás en las publicaciones oficiales federales y locales sobre el tema, uno encuentra que efectivamente, a la fecha, se han intentado modificar las inconsistencias más notorias, el caso de Baja California es muy ilustrativo; pero, como se puede ver, las incongruencias persisten a pesar de los esfuerzos.

En materia de decesos las diferencias en los datos es mayor porque aparecen todos los registrados en la BDA. Es decir, ahí no estan “rasurados” los que murieron sin haber obtenido resultado de la prueba para Covid19 ni los que habían tenido resultado negativo antes de fallecer; mientras que la información de los gobiernos estatales no precisa las características de los registros de defunciones que publican, por lo que no es posible saber si los incluidos son solo los que tenían resultado positivo para Covid o no. En este rubro, salvo en el caso de Campeche, todos los valores de la BDA son mayores que los estatales, como se expresa en el cuadro siguiente:

Para concluir retomo lo que dice Ciro Murayama en su artículo “Covid-19: la responsabilidad democrática”: emitir las estadísticas le corresponde a las autoridades sanitarias que tienen la rectoría en materia de salud en el país, por atribución y por responsalidad.

“Se sabe que en el mundo entero hay distintos problemas para detectar y clasificar el número de contagios, fallecimientos, altas médicas por la enfermedad y que, por tanto, las cifras pueden estar siendo aproximaciones de distinta precisión respecto a lo que ocurre en cada lugar. Si bien no se trata de “creer” en las cifras del gobierno, pues no puede ser un acto de fe, es preciso reconocer que la única manera de dar seguimiento a los hechos es a partir de datos comunes, compartidos y verificables, lo que también quiere decir que las autoridades deben de conducirse con apego a los principios constitucionales en la materia (artículo 26): accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Hay suficiente masa crítica en México de matemáticos y estadísticos, epidemiólogos y médicos, entre otras disciplinas especializadas, para revisar y mejorar la calidad de la información que publica el gobierno sin que ello implique descalificar sin más las estadísticas oficiales”.