El ex gobernador de Veracruz fue sentenciado a 9 años de cárcel; en 2018 se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá revocar el amparo otorgado a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, el cual le permitió apelar su condena de nueve años de prisión, con la intención de recuperar su libertad y 41 inmuebles decomisados.
De aprobarse la propuesta, que está prevista ser votada esta semana, todo lo actuado en este asunto quedará sin efectos, incluso, la ratificación de la condena dictada por una magistrada federal.
Ríos-Farjat presentará un proyecto de sentencia donde propone ordenar al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal dictar una nueva resolución, analizando si el juez de control que sentenció al ex funcionario acreditó plenamente su identidad como la persona que se desistió de apelar.
Además, debe estudiar si se le informó a Javier Duarte las consecuencias que conllevaba no apelar; si entendió las consecuencias de no hacerlo, y si se hizo del conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desistimiento.
El 26 de septiembre de 2018, en un juicio abreviado, el ex mandatario estatal se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no quiso apelar. No obstante, días después, dijo que nunca fue su intención desistirse.
Como el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte no le dio entrada a su recurso de apelación, Javier Duarte se amparó y el Tribunal Colegiado le concedió la protección de la justicia porque no ratificó por escrito su decisión.
Ante esta situación, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, promovió un amparo para que la Corte analizara el asunto, porque no existen precedentes sobre este tema, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que se deba ratificar por escrito este tipo de casos.
En el primer pronunciamiento que hará la Corte sobre el tema, la ministra coincidió con el Tribunal Colegiado en el sentido que no ordenar la ratificación del escrito de desistimiento, “permitiría que cualquier persona pueda desistirse en nombre de otra igualando su firma en el escrito”.
“Por esa razón, en el caso de personas privadas de la libertad, la validez del desistimiento depende de que se ratifique, y de que ello se haga sobre la base del conocimiento de las consecuencias que acompañan a dicha decisión.
“Lo anterior, revela que la validez de un desistimiento no está sujeta solo a que se ratifique, sino también a que ello se lleve a cabo con pleno conocimiento de las consecuencias que trae consigo esa decisión, lo cual deberá ser explicado por el funcionario jurisdiccional a quien se encomienda dicho acto”, detalla el proyecto de la ministra.
El Tribunal Colegiado ordenó al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez dar trámite al recurso de apelación, en diciembre de 2019.
En febrero de 2020, Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite la apelación. En mayo del mismo año, la magistrada ratificó la sentencia de nueve años de cárcel.
Porras Odriozola también revocó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.
Dejó claro que esto no implicaba devolverlos a Javier Duarte, porque los inmuebles forman parte de otros juicios que aún están en curso, porque no se sabe quiénes son los verdaderos propietarios.
Información por MILENIO
