“La principal potencial violación, porque esto es una iniciativa de ley, está relacionada con el hecho de que México no tiene reservada la generación y comercialización de electricidad en los tratados”, argumentó Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle
“La principal potencial violación, porque esto es una iniciativa de ley, está relacionada con el hecho de que México no tiene reservada la generación y comercialización de electricidad en los tratados”, argumentó.
Al tener la iniciativa un lenguaje en la Constitución de que la generación y comercialización de electricidad es exclusiva del Estado, implicaría una violación a la reserva.
Además, según De la Calle, habría violaciones posiblemente importantes en términos del trato con respecto al derecho internacional, el derecho mexicano y en materia de retroactividad.
Desde su criterio, todas estas consideraciones aplicarían en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) y los tratados bilaterales de inversión.
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico mexicano en la que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome un papel de preponderancia en el sector, estableciendo que la empresa generará por lo menos 54% del consumo eléctrico nacional.
En los tratados de libre comercio, las reservas están en los anexos en materia de inversión y de servicios.
“Si no te reservas, no tienes derecho a imponer una restricción de esa naturaleza”, dijo De la Calle.
Otras previsiones de la iniciativa de reforma eléctrica incluyen que se integrará de manera vertical y horizontal a la CFE como un solo organismo, manteniendo una subsidiaria y tres filiales, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) formaría parte de la CFE, encargándose de coordinar la producción de la empresa y de los participantes privados.
También desaparecerían la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con lo que la CFE sería la encargada de otorgar permisos y licencias al sector privado.
La aprobación de la iniciativa requiere el voto calificado del Congreso y conlleva un debate sobre el tipo de economía nacional que se quiere desarrollar en el futuro.
“No es un debate único en México; es un debate internacional. Hay un debate a favor de la economía de mercado con una injerencia importante del Estado, el capitalismo de Estado a la China, y hay un debate sobre la economía basada en la innovación, descentralizada, digamos la economía de mercado occidental”, expuso De la Calle.
Al final, él se pronunció a favor de esta segunda opción, considerando la situación geográfica y las ventajas estructurales de México.
Por su parte, Ingo Babrikowski, director general de Estafeta, afirmó que esta empresa de paquetería confía en México, donde es la empresa líder nacional y donde invirtió 100 millones de dólares en 2020. Pero acotó que el país requiere una mayor certeza jurídica.
Ambos participaron en un foro sobre innovación y economía digital organizado por Igeneris y CMM, en la Ciudad de México.
Información por EL ECONOMISTA
