El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, dio a conocer que México rechazó la iniciativa de ley presentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que pretende imponer cinco supervisores a la ley laboral mexicana, ya que en el protocolo modificatorio del tratado de libre comercio fueron descartados.
En conferencia de prensa señaló que el gobierno mexicano negoció el acuerdo “de buena fe” y calificó de “preocupante” que la Casa Blanca busque ir más allá de lo necesario para cuidar el cumplimiento de lo firmado el pasado 10 de diciembre en Palacio Nacional.
“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración en Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y, desde luego, no estamos de acuerdo”, subrayó.
Seade advirtió que México se reserva el derecho de revisar los alcances de esa iniciativa, que prevén se vote en el Congreso estadunidense el próximo jueves, la cual ve como “innecesaria y redundante”, además de que evaluará los mecanismos recíprocos para defender los intereses del país.
También anunció que hoy viajará a Washington para externar su sorpresa y preocupación al representante comercial, Robert Lighthizer, a quien envió una carta, y para establecer diálogo con los negociadores de esa nación.
En la misiva se refirió a los títulos VII en materia laboral y VIII de medio ambiente de la iniciativa HR 5430, los cuales “contienen disposiciones y mecanismos que esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado”.
“Es importante subrayar que esta iniciativa de ley de implementación no forma parte del tratado acordado entre los tres países. No es fruto de la negociación trilateral. Estamos frente a una legislación auxiliar del ámbito interno de Estados Unidos. México desarrollará la legislación secundaria de manera similar para armonizar lo dispuesto en el tratado con todo nuestro cuerpo legislativo”, explicó.
Ayer, el subsecretario de Relaciones Exteriores aseguró que de inmediato se comunicará con el sector empresarial, así como con las secretarias de Economía, Graciela Márquez Colín, y de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Calderón, para informarles sobre este tema.
“Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Si bien México respeta el proceso legislativo estadunidense y la iniciativa de ley que forma parte del proceso de aprobación del T-MEC, en cuya formulación México no interviene, se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales”, señala la carta que envió a Lighthizer.
En la firma del protocolo modificatorio del T-MEC en Palacio Nacional, el pasado 10 de diciembre, Seade enfatizó que México no había aceptado la figura de inspectores de las leyes en materia laboral y que ante una irregularidad se otorgarán 85 días a la Secretaría del Trabajo para resolver el asunto, y de no ocurrir un panel con tres integrantes atenderá el conflicto.
Destacó que la atención de demócratas y republicanos en el tratado comercial se enfocó en lo laboral, pero dio una explicación semántica: “Cumplimiento en inglés se dice ‘enforcement’, pero ‘enforcement’ significa dos cosas: cumplimiento.
“Yo cumplo, pero también forzar cumplimiento. Yo hago que tú cumplas. En español no tenemos esa palabra y eso se convirtió en el centro de atención”, dijo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el asesor senior de Donald Trump, Jared Kushner; el representante comercial, Robert Ligthhizer, y la viceministra canadiense, Chrystia Freeland.
Dos días después, al comparecer ante senadores previo a la ratificación del T-MEC con las adendas acordadas por el equipo negociador, Seade insistió en que México no había aceptado inspectores laborales.
“Es algo que apenas nos enteramos; no sé si fue culpa nuestra no leerlo, no sé cuándo salió, pero ayer que le pregunté a mis colegas de qué se trata esto que habla la prensa, de ‘agregados laborales’… es algo que nunca ha sido consultado con nosotros.
Pero sí, mis colegas encontraron que hay un anuncio ofreciendo empleo, que se solicitan los servicios de alguien que trabaje como agregado laboral”, contó a los legisladores el pasado jueves. CONVENCIÓN DE VIENA La cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, explicó que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas otorga a las misiones en la materia derecho a designar agregados militares, navales, aéreos, de policía o laborales, previo visto bueno del país receptor.
La propia Convención de Viena permite al Estado receptor (en este caso México) calificar como no aceptable cualquier miembro del personal de la misión, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión. “En el caso de los agregados laborales, solo hasta que se cuenta con la anuencia” del país huésped, el Estado puede proceder a la acreditación.
“Si bien es cierto que la Convención de Viena ofrece plena libertad a los Estados para nombrar al personal de la misión, dicho nombramiento está, en el caso de los agregados, sujeto al visto bueno del gobierno de México”, define en un documento la dependencia. … Y BUSCA TRES INSPECTORES MÁS PARA TEMA AMBIENTAL El jueves pasado, mientras el Senado ratificaba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 107 votos a favor y uno en contra, la Casa Blanca presentó una iniciativa que incluía un anexo al protocolo modificatorio firmado el 10 de diciembre para supervisar aquí el cumplimiento de los apartados laboral y medio ambiente.
No solo se establecen cinco agregados en materia laboral, sino tres más para asuntos ambientales en la embajada de Estados Unidos en México, designados para revisar los temas relacionados con la protección de especies y océanos.
La iniciativa fue presentada por el republicano Steny Hoyer en la Cámara de Representantes para crear un comité de monitoreo desde ese país, designar a cinco agregados laborales en la embajada en México y constatar que aquí se asignen 16 mil 580 millones de pesos entre 2021 y 2013 a la implementación de la reforma laboral, así como otro grupo de vigilancia y cumplimiento respecto al medio ambiente.
Estos dos comités de monitoreo laboral y ambiental contemplan la presentación de informes de cumplimiento en cinco años, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, flujos internacionales de agua y conservación de especies. Se regula también la creación de un Banco de Desarrollo de Norteamérica al cual el Departamento del Tesoro aportará mil 500 millones de dólares para financiar proyectos relacionados con infraestructura ambiental vinculada con la contaminación del agua, el tratamiento de aguas residuales, su conservación, los desperdicios sólidos municipales, drenaje pluvial, puntos libres de contaminación y asuntos vinculados.
De hecho, la propuesta también autoriza recursos para la operación de los comités, las misiones y las labores adicionales requeridas para implementar el T-MEC, considerando recursos desde 2021 hasta 2023 que permitan darle viabilidad a las iniciativas estadunidenses que tienen que ver con acciones para el cumplimiento en México de los temas laborales y ambientales.
Fuente: Milenio
