La Corte resuelve que la invalidez del delito tenga efecto retroactivo desde el 12 de marzo de 2021; la oposición en Senado, contra la intención de renombrar el ilícito.
Cientos de imputados por los delitos de ultrajes a la autoridad y espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública en Veracruz que actualmente se encuentran presos podrán recuperar su libertad en las próximas horas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ese delito.
Mientras, la oposición en el Senado tronó contra el gobernador Cuitláhuac García por anunciar que enviará una iniciativa para renombrar ese delito, lo cual consideraron una burla contra la Suprema Corte.
El martes, la Corte avaló los efectos de declarar inconstitucionales los artículos 331 fracciones I, II y IV y 371 fracción II del Código Penal de Veracruz.
Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal del país aprobó que dicha declaratoria de invalidez surta efecto retroactivo al 12 de marzo de 2021, fecha en que estos delitos entraron en vigor.
Por ello, todos aquellos que hayan sido imputados desde esa fecha por los delitos de ultrajes a la autoridad, contenido en el artículo 331, así como de espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública, incluido en el artículo 371, podrán solicitar al juez el sobreseimiento, es decir, que se deseche porque ya no hay materia para continuar con el proceso.
Enseguida, el juez deberá citar a audiencia a un plazo de 24 horas para resolver en consecuencia.
Según datos de la propia Fiscalía General de Veracruz, al menos mil personas están imputadas solo por ultrajes a la autoridad y la mayoría se encuentran presas.
En el Senado, Julem Rementería, coordinador del PAN, consideró que “es verdaderamente increíble” que el gobernador Cuitláhuac García “salga a decir ‘bueno, como tipificaron el delito y el nombre es el que incomoda, pues le voy a cambiar el nombre’, porque en síntesis es lo que está proponiendo”.
Añadió: “Digamos que es la misma acción, pero ahora con diferente nombre. Es una burla para la Corte lo que está planteando el gobernador”.
En entrevista, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, exigió que el mandatario estatal “acate las resoluciones correspondientes, corrija de manera inmediata ese tema y se atenga a las consecuencias. Con la ley no se juega, mucho muchos cuando está de por medio la libertad de las personas… El gobernador no tiene remedio, todos los días da muestras de su ineptitud y no teme al ridículo”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el Senado no se considera un ganador tras la decisión de la Corte y pidió a Cuitláhuac García “meditar y privilegiar el respeto a los derechos humanos”.
Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD, mencionó que “el nombre se puede cambiar, lo que no se puede hacer es repetir las inconsistencias e inconstitucionalidades de que estaba revestido. Si se corrige todo eso se puede crear cualquier tipo penal, pero no se puede repetir la ilegalidad”.
Por su parte, el Movimiento por la Justicia en Veracruz puntualizó que además de la inmediata libertad de los injustamente encarcelados por ultrajes, irá contra los agentes del ministerio público, fiscales, peritos, jueces y todos aquellos que se prestaron a violar los derechos humanos de los ciudadanos de esa entidad.
En conferencia de prensa, el senador Dante Delgado acusó que el gobierno de Veracruz con dicho delito reprimió a quienes piensan distinto y acreditó encarcelamientos de manera ilegal.
Por su parte, abogados que exigieron la derogación del ilícito de ultrajes afirmaron que el fallo de la Corte exhibió al gobierno de García como autoritario, intolerante y violador sistemático de los derechos humanos.
Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, manifestó que una vez que el Congreso local publique el estado la invalidez, tendrán que solicitar el sobreseimiento de los casos.
Información por MILENIO
