La reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador genera incertidumbre en el clima de inversión, aseguró el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) ve con preocupación la reforma constitucional en materia eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque, dijo, afectará la competitividad del país en el corto y largo plazos, y golpeará la confianza de los inversionistas interesados por invertir en México y disparará el precio de las tarifas de electricidad.
“De ser aprobada en sus términos por el poder legislativo, la reforma propuesta incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, tanto de familias como empresas, y se limitaría el acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, indispensable para el desarrollo industrial, social y económico del país”, declaró el organismo empresarial integrado por 56 empresas multinacionales con presencia en México.
Agregó que la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República va en sentido contrario a los esfuerzos internacionales en materia de energías limpias y renovables, lo que nos aleja de una transición energética ordenada y decidida, tan necesaria en el contexto actual.
También, dijo la CEEG, la reforma eléctrica de AMLO genera incertidumbre en el clima de inversión, al cambiar los compromisos adquiridos por el país en el sector energético y afectar la operación de los órganos reguladores de la industria.
“Esta iniciativa de reforma al sistema eléctrico nacional afecta la confianza y certidumbre indispensables para el mantenimiento y la llegada de nuevas inversiones, ya que cancelaría la mayoría de los permisos legalmente otorgados al sector privado, además de modificaciones retroactivas a la regulación”, añadió la CEEG.
Con la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el traslado del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE se altera el diseño institucional del sector energético, así como se impone un grave precedente para la desaparición de otros órganos reguladores autónomos, que han garantizado condiciones parejas de competencia y elimina la discrecionalidad, falta de transparencia y ausencia de razones técnicas en la toma de decisiones, afirmó.
Las paraestatales no deben restringir la libertad de otras compañías, que quieren acceder y competir en condiciones parejas en un mercado eléctrico regulado, añadió el organismo donde están afiliadas empresa como Bayer, Axa, Arcelormittal, AT&T, Basf, Bosch, BP, Cargill, Caterpillar, Brookfield, Citibanamex, DHL, Danone, Dupont, Daimler, Exxon Mobil, Fedex, Fiat Chrysler Automobiles.
También están afiliadas GM, GE, Grupo Modelo, Holcim, Honeywell, HSBC, IBM, Iberdrola, Johnson Controls, Kansas City Southern, Laureate International Universities, Manpower Group, MetLife, Microsoft, Nestlé, Pepsico, Prologis, Schindler, Schneider Electric, Seguros Monterrey Shell, Siemens, Scotiabank, Toyota, Thales, The Home Depot, Movistar y Visa.
Las empresas globales producen aproximadamente 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, generan más de 500 mil empleos directos, quienes ganan un salario mucho más alto que el promedio nacional, así como un millón 500 mil empleos indirectos, reveló.
El papel preponderante del gobierno en el suministro de energía eléctrica vulnera los tratados y convenios internacionales, entre ellos el T-MEC, agregó el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
Apuntó que el T-MEC establece que no debe haber limitaciones a la inversión o a la prestación de servicios más estrictas a las existentes y que se debe garantizar la no discriminación.
Además, la reforma eléctrica presentada por AMLO resulta incongruente con los objetivos planteados recientemente en la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel con los Estados Unidos que busca una región más integrada, afirmó el CEEG.
“La generación de energía más cara ocasiona impactos directos en el costo de bienes y servicios finales de todos los sectores económicos, afectando el ingreso de las familias, las empresas y su capacidad para competir”, comentó.
La restricción en el porcentaje de participación del sector privado tendría graves implicaciones en la transmisión y distribución de suministro eléctrico, lo que incrementaría el riesgo de cortes de energía y afectaría la estabilidad de cadenas de suministro nacionales e internacionales, detalló.
Añadió que de prosperar la propuesta del Ejecutivo se limitaría la incorporación de nuevas tecnologías, particularmente las dedicadas a minimizar o eliminar la intermitencia natural de fuentes renovables.
“Además, abriría la posibilidad de enfrentar aranceles fronterizos sobre todo tipo de productos por su contenido de carbono en procesos de producción en industrias clave como la automotriz y la siderúrgica, por mencionar sólo algunas con peso importante en la balanza comercial de México”, expresó.
Recordó que la iniciativa va en sentido contrario al objetivo mundial de gobiernos y empresas que buscan alcanzar y cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de carbono y lucha contra el cambio climático, una agenda prioritaria que compartimos en el CEEG con amplios segmentos de la población, particularmente los jóvenes.
“La aprobación de la iniciativa ocasiona un incumplimiento deliberado de los compromisos internacionales de México que, entre otros, consideran generar 35% de la energía con tecnologías limpias para 2024 y 43% para el 2030”, resaltó el CCEG.
“La utilización de combustibles contaminantes como el diésel, el combustóleo y el carbón representa un retroceso a los acuerdos internacionales de los que México históricamente ha formado parte y que hacen necesario reconsiderar seriamente la expansión de las operaciones de las compañías que integran al CEEG”, expuso.
“No es justificable, en ningún sentido, utilizar combustóleo en la generación de electricidad como resultado de una ineficiente capacidad de refinación ni sostenible utilizar recursos naturales peligrosamente contaminantes para dicho fin”, concluyó.
Información por FORBES
