Ante la posibilidad de que se amplíe la edad mínima para la jubilación en México -de 65 A 68 años-expuesta el día de ayer por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el senador Napoleón Gómez Urrutia advirtió sobre los riesgos de legislar en la materia sin abrir la discusión a distintos sectores de la sociedad y el gobierno: “Debe analizarse con mucho cuidado. Afectaría muchísimo a las personas, crearía potencialmente un problema social si no se maneja, o se compensa de alguna manera”, declaró el senador morenista en entrevista para Aristegui en Vivo (Arestegui en vivo. Redacción. octubre 10, 2019. Napito prácticamente reiteró lo que afirmó en 2017, cuando andaba huyendo de la justicia mexicana en Canadá. Veamos su artículo en la Jornada.
LA CRISIS DEL SISTEMA DE PENSIONES.
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA
La situación del sistema de pensiones en México es sumamente preocupante porque atraviesa por una seria crisis, resultado de los cambios y las reformas a la Ley del Seguro Social que se han realizado durante los últimos 25 años por lo menos. Particularmente, en 1994 se modificó el procedimiento de Beneficio Definido a uno de Contribució Definida, nombres propios con los que se han denominado ambas etapas, porque la quiebra de las finanzas públicas en el último año de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y las devaluaciones consecuentes llevaron cruelmente a esa administración, en su etapa terminal, a utilizar las reservas de los trabajadores para pagar los préstamos que había hecho anteriormente el gobierno de Estados Unidos a México.
La Ley del IMSS de 1973 jubilaba a los trabajadores con el promedio de sus ingresos de sus últimos cinco años, mientras las Afores actuales los pensionan con lo que acumulan en su reserva. Lo que hace una diferencia muy significativa, pues las personas sujetas a la legislación anterior van a recibir 95 por ciento de su pensión, mientras los que están bajo la nueva ley solamente perciben 25 por ciento, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Hoy existen graves problemas e injusticias que se están cometiendo contra los derechos laborales y la dignidad de la clase trabajadora. En primer lugar, las aportaciones actuales a las prestaciones del retiro del Seguro Social son 6.275 por ciento del salario del trabajador, las cuales son insuficientes y provocan la tasa de remplazo de la nueva ley de únicamente 25 por ciento. Si a esto se suma que las Afores están generando minusvalías o la disminución del valor en algunos periodos y el rendimiento es absorbido por las comisiones que se cobran por el manejo de cuentas, entonces el panorama empeora en lo absoluto.
En segundo término, los préstamos que hacen a los jubilados son con los recursos de los propios trabajadores y nunca se ve claro dónde se refleja el rendimiento dentro de las Afores. Parece que la falta de transparencia está diseñada para ocultar que los ingresos captados bajo este sistema están destinados a financiar la mayor parte del gasto corriente del gobierno federal, es decir, la ineficiencia y la corrupción gubernamental y el crecimiento ilógico y abusivo de la burocracia. En muchos casos los pensionados reciben préstamos por el equivalente a siete meses de su propia pensión, a cubrirse en cinco años, con tasas tan elevadas que prácticamente terminan pagando el doble del crédito original.
En tercer lugar, si se revisa el rendimiento de los Certificados de la Tesorería (Cetes), que es de casi 7 por ciento (6.92%), se observa claramente que es superior al que generan algunas de las Siefores, lo cual muestra el manejo ineficiente de las inversiones de los trabajadores por parte de las Afores.
A pesar de todo lo anterior, el gasto en pensiones es un derecho irrenunciable y una obligación del Estado manejarlo correctamente y con transparencia, ya que si dejara de realizarse se estarían violando los intereses de millones de mexicanos. Así es que mantenerlo eficiente y honestamente es una gran responsabilidad del gobierno, y no una concesión gratuita o un acto generoso voluntario.
Cómo podría explicar el gobierno mexicano que en el ámbito global hay países que han creado los fondos de pensiones más grandes del planeta y los administran eficientemente y con honestidad comparados con los nuestros. Por ejemplo, está el caso de Noruega, que tiene una población de poco más de 5 millones de habitantes y que cuenta con el fondo más grande del mundo, que es de 850 mil millones de euros. Por supuesto que Noruega tiene una verdadera democracia social muy progresista y avanzada, que ha sabido utilizar los recursos producto de sus exportaciones petroleras y de otras industrias, para proteger el retiro de su población con una gran dignidad. La eficiencia productiva, la honestidad, la planeación estratégica y el respeto a las formas de organización sindical han sido la base de este extraordinario caso, que es una inspiración para muchas economías del mundo.
El respeto a la dignidad de los trabajadores y de los ciudadanos, así como el reconocimiento a la entrega y aportación a la actividad económica que se tienen en un gran país como Noruega debería ser un objetivo y una meta permanente y alcanzable de todos los gobiernos. Ello sólo se puede lograr cuando existe voluntad política para servir y reconocer el esfuerzo de la mayoría de los que dedicaron su vida a engrandecer a una nación.
De ahí que será urgente para los próximos gobiernos de México modificar el plan de pensiones, para que cuando los trabajadores lleguen a la edad de retiro, o a la invalidez y al fallecimiento, puedan hacerlo con la tranquilidad de haber dejado protegidos a ellos mismos y a sus familias con la honorabilidad que merecen todos los seres humanos.
