*La juez otorgó la suspensión provisional al considerarse que hubo irregularidades en la realización de la consulta sobre la obra.
Una juez federal rechazó dejar sin efecto la consulta indígena celebrada en diciembre pasado, la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si procede la construcción del Tren Maya.
Sin embargo, la juzgadora también concedió una suspensión provisional a comunidades indígenas de los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Campeche, que alegaron que el ejercicio fue “simulado y fraudulento”, motivo por el cual cualquier paso que se pretenda ejecutar sobre este proyecto está suspendido momentáneamente.
Grissell Rodríguez Febles, juez Primero de Distrito el Estado de Campeche, negó en el primero de los casos conceder una suspensión provisional al defensor comunitario del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Ernesto Martínez Jiménez, quien buscaba echar abajo la consulta indígena, así como la consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya.
El quejoso también pretendía dejar sin efecto la convocatoria del llamado proceso de consulta y el ejercicio participativo.
La juez notificó su resolución el pasado 14 de enero y convocó para el próximo 6 de febrero para la celebración de la audiencia incidental; además, solicitó al titular del Ejecutivo Federal, al director del Fondo Nacional de Momento al Turismo, a la Secretaría de Gobernación y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, información sobre el proceso de consulta.
Por lo que hace a la suspensión concedida, en el mismo amparo promovido por Martínez Jiménez, la juez les otorgó una suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Las comunidades impugnaron “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”. Señalaron que nunca recibieron información previa detallada, ni se respetó el derecho de participación toda vez que la estructura de los foros fue diseñada e implementada de manera unilateral, “sus formas y modos no fueron acordes con la toma de acuerdos de las comunidades”.
En diciembre pasado, el gobierno federal presentó los resultados de la consulta a pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche, donde se informó que aprobaban el proyecto de Tren Maya.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había indicado en días pasados que con los avances en los proceso de licitación se preveía que la construcción de esta obra comenzar el próximo 30 de abril.
En la demanda de amparo, las comunidades señalan directamente como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
«En el amparo que presentamos denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», dijeron en un comunicado.
Información por MILENIO.
